Comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados aprueba la destrucción e intervención de los glaciares de Chile
La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.
Nadie podría asegurar que todos los – glaciares – que se estudien van a ser declarados Reserva Estratégica Glaciar”, declara Pablo Badenier Ministro de Medio Ambiente, tras presentar una nueva indicación del gobierno en la cuestionada Ley de Protección y Preservación de Glaciares[1].
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que durante este 2015 ha revisado el proyecto de ley, aprobó preocupantemente el pasado 11 de noviembre, por 9 votos a favor y 3 en contra[2], la indicación presentada por el Ejecutivo sobre el artículo 5° que establece la figura de Reserva Estratégica Glaciar (R.E.G).
El proyecto de ley que defiende férreamente el ministro no ha hecho más que levantar cuestionamientos y rechazo en las diversas organizaciones territoriales del país, fundamentalmente por conformarse como una ley que en vez de proteger glaciares regula su intervención y destrucción, además de la serie de aspectos no considerados y porque no se ha permitido la participación en el proceso de las comunidades que por años han trabajado en torno a la protección de glaciares amenazados por megaproytectos como por ejemplo Pascualama (Barrick Gold), Andina y El Teniente (CODELCO) o Pelambres y Alto Maipo (Aes Gener y Grupo Luksic)[3] logrando desde los territorios poner en la agenda pública la necesidad de dicha ley.
¿Cómo se gesta la propuesta del gobierno en torno a la Ley de Protección y Preservación de Glaciares?
De forma paralela y desconociendo el trabajo desde las bases en los territorios en relación a la protección de los glaciares y su entorno, el año 2014 la llamada Bancada Glaciar[4] ingresa el 20 de mayo una moción parlamentaria con el objetivo de legislar.
El 21 de mayo del mismo año durante el mensaje de la Cuenta Pública Michelle Bachelet sube al carro institucional esta demanda declarando: “Otra de las materias sobre las cuales debemos poner nuestra máxima atención, es en el cuidado de los glaciares. Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales[5]”.
El proyecto de la Bancada Glaciar no logró prevalecer y es durante comienzos de marzo de 2015 que muchos de sus diputados abandonan sus filas para firmar un protocolo de acuerdo[6] en donde se comprometen con el gobierno a apoyar un nuevo proyecto de ley para la materia. Este protocolo es encabezado por Badenier y la entonces Ministra Secretaria General de la Presidencia Ximena Rincón. Este protocolo contó además con el apoyo de diversos senadores.
Días después de esta firma, Pablo Badenier presenta la indicación sustitutiva del Ejecutivo que viene a reemplazar el proyecto presentado por la Bancada Glaciar. Se da inicio con eso la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares. Durante la presentación, el ministro afirma que dicho proyecto permite garantizar la protección del 100% de los glaciares del país[7].
En el mes de mayo nuevamente Bachelet hace referencia al tema glaciares: “…ya iniciamos la discusión de indicaciones a la moción parlamentaria que trata esta materia, en un trabajo amplio con el mundo científico, social, económico y político[8]”.
Evidentemente el mundo social no fue convocado a la discusión que la Comisión de Medio Ambiente ha sostenido a pesar de manifestar en diversas ocasiones intenciones de aportar al debate desde el conocimiento y bagaje territorial y organizacional de base.
Quienes sí fueron muy bien recibidos, como jugando de local, fue el mundo minero; distintos actores de esta industria han tenido espacio en la comisión en dos ocasiones este 2015; el 6 de mayo el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero Joaquin Villarino y la Directora de Asuntos Regulativos de CODELCO María Francisca Domínguez. Esta última reconoce que las faenas de CODELCO se encuentran sobre glaciares y zonas aledañas a éstos además indica que de aprobarse una ley que proteja a todos los glaciares afectaría el plan de negocios y desarrollo del estado albergado en la Ley 20.790 (sobre aporte capital extraordinario de CODELCO). Y el 01 de julio recibiendo a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), al Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIL) y al Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT). Un pequeño y decidor detalle es que las presentaciones de Power Point de la Sta Domínguez y los trabajadores y sindicalistas son prácticamente iguales[9], lo que deja entrever la poca independencia en cuanto a opinión de los trabajadores de esta industria, incluso más, aparecen cuadrándose con las esferas superiores de la minería.
Es a partir del reclamo de los empresarios que el gobierno flexibiliza su posición en cuanto a la protección y preservación de glaciares.
Lo que se fragua a espaldas de la ciudadanía por parte del gobierno y que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja respalda
El artículo 5° aprobado en comisión es el corazón de la propuesta del gobierno y establece que la protección no es para todos los glaciares, sino que sólo los "susceptibles" a ser declarados como Reserva Estratégica Glaciar (R.E.G), bajo la lógica de que sean reservas hídricas relevantes para las cuencas.
Se promueve una suerte de competencia territorial, pues uno de los criterios establecidos es que para que un glaciar sea una R.E.G tiene que localizarse en una zona de comprobada escasez hídrica en el tiempo. Además el artículo determina que serán prioridad también los glaciares que tengan mayor volumen de hielo; desconociendo la diversidad que existe también en estos cuerpos de agua en estado sólido, pues cada glaciar es único y responde a condiciones geográficas y está inserto en un sistema cumpliendo un rol independiente del tamaño.
La aprobación del artículo 5° como lo propuso el Gobierno, deja desde el inicio a 6 regiones sin ninguna protección de los ecosistemas glaciares (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O"Higgins y Maule). Estas regiones son la más frágiles, pues son parte del árido y semiárido de Chile, y además suman el 67,7% de la población del país, por lo tanto dejarlas desprotegidas es una irresponsabilidad mayor. Lo que al parecer si tuvo en consideración la autoridad, es que estas regiones son las zonas de expansión de la minería hacia el sur, buscando el agua y la energía que se hace tan escasa en el norte.
¿Acaso los glaciares del centro-norte, por tener menos volumen que un glaciar de la Patagonia, no merecen protección?
Sobre la protección que otorga esta nueva figura legal, que un glaciar se declare como R.E.G no asegura nada pues cualquier persona puede oponerse a este reconocimiento bajo el argumento de que dicha declaración pueda afectar derechos individuales o colectivos.
En palabras simples y aunque suene ilógico cualquier persona puede decir “me opongo a que este glaciar esté protegido”. Así mismo se contempla que una vez otorgada la protección puedan desafectarse, es decir, dejar de estarlo.
Es preciso señalar que el gobierno defiende una visión reducida y fragmentaria de lo que se entiende por glaciar y su entorno restando importancia y relevancia a lo que rodea a estos cuerpos de hielo (zona conocida como periglacial). Sabido es que el bienestar de aquellos elementos geomorfológicos y climáticos (glaciosistema) favorece la existencia de los glaciares.
La figura de R.E.G promueve la estandarización de los elementos ya mencionados al establecer una zona de protección de sólo 1.000 metros desde la parte terminal del glaciar valle abajo, lo que resulta insuficiente y cuestionable pues cada glaciar presenta formas y entornos distintos e impares además de ser particularmente dinámicos respondiendo a condiciones locales.
No hay espacio para la participación ciudadana mas se asegura la voz en el proceso de dirimir una R.E.G al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como si eso fuera una gran esperanza y asegurara que las cosas irán en beneficio del bien común.
La ley de Bachelet establece prohibición de actividades con fines comerciales sobre un glaciar y su entorno pero sólo para glaciares que se encuentren en reservas de región virgen y parques nacionales. En cuanto a lo primero, esta categoría de reserva en Chile no existe (aun cuando Chile debiese tener por estar suscrito al Convenio de Washington que así lo establece) y sobre la segunda es preciso decir ya se encuentra regulado (por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300).
En tanto que la prohibición de actividades a los glaciares que sean considerados R.E.G no es retroactiva, por lo que las actividades que hoy están interviniendo y afectando glaciares podrán seguir realizándose a pesar de que misma ley reconoce que el traslado, destrucción o cubrimiento influye en el derretimiento de los glaciares. Una contradicción.
¿Qué pasará entonces con los glaciares que no estén en reservas de regiones virgen, en parques nacionales y que no sean R.E.G? Éstos quedan sin protección.
Las obras que se establezcan en este tipo de glaciares simplemente deberán someterse a un estudio de impacto ambiental (EIA). Flaco favor pues ya conocemos cómo opera el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en nuestro país y lo perjudicial que ha sido para los territorios y ecosistemas. Y algo engañoso, la ley propone que lo que se someta al SEIA debe contar con un permiso de la DGA el que será otorgado si se determina que las obras, programas o actividades no afectan al escurrimiento significativo a la cuenca a la que el glaciar aporta agua.
Por último, uno de los artículos transitorios aprobados en comisión, especifica que toda obra, programa o actividad que se emplace en un glaciar o su entorno y que haya sido aprobada, es decir, que cuente con una Resolución de Calificación Ambiental vigente (RCA), sólo debe emitir un informe indicando la relación de su iniciativa con el glaciar. Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente podrá solicitar al SEIA que revise la RCA conforme a lo que dice el artículo 25 quinquies de la ley 19.300. Algo que no necesariamente implica la revocación o cese del permiso ambiental pues dicho artículo habla de revisar las resoluciones a fin de corregir las situaciones, el artículo no va más allá de eso. Dicho artículo transitorio favorece directamente a iniciativas extractivistas; recordemos el caso de afectación a glaciares por parte de la candiense Barrick Gold con su mina Pascualama al depositarse sobre los hielos el polvo proveniente de las faenas mineras, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en donde el túnel por donde desviarán las aguas va por debajo del glaciar El Morado o minera Los Pelambres de Luksic, donde el glaciólogo A. Brenning, confirma la destrucción de valiosos glaciares de roca.
Es decir, que un mega proyecto impacte y destruya glaciares no implicará que su permiso ambiental sea anulado.
Con todo lo ocurrido en este proceso legislativo, no quedan dudas de que el Estado está por defender, como ya es costumbre, a los grupos económicos y a una economía extractivista que está destruyendo el país poco a poco, relativizando la protección de los glaciares bajo la figura de Reserva Estratégica Glaciar y de normalizar y legalizar la intervención irremediable de estos elementos fundamentales en la estabilización del clima, la mantención del ciclo hídrico y proveer de agua en tiempo de escasez y sequía.
La propuesta del gobierno además va en contra la Política para la Protección y Preservación de Glaciares (2008), aprobada por el Consejo de Ministros de la CONAMA en el período anterior de Bachelet, y de la Estrategia Nacional de Glaciares (2009). En ambos instrumentos del Estado se valora en general la importancia de los glaciares y se plantea como objetivo general Preservar y Conservar los Glaciares de Chile[10].
Como vemos el Ejecutivo no hizo más que manipular, una vez más, la demanda proveniente desde las comunidades y organizaciones territoriales: una ley que diera real protección a todos los glaciares y su entorno, además de desconocer lo manifestado como intenciones en las propias políticas públicas al respecto.
Los glaciares que hoy tenemos el privilegio de conocer se formaron entre 80.000 y 100.000 años atrás. América del Sur alberga más de 28.000 km² de superficie glaciar y de esta cifra cerca de 23.000 km² (correspondiente al 82%) se encuentran en Chile[11]. Asombra la frivolidad con que esta comisión vota y trata la ley que en su título aboga por una protección de glaciares. Los diputados, ¿tendrán una conciencia real de lo importante que son los glaciares para el sustento de la vida? Pareciera que no.
La continuidad de los glaciares en nuestro territorio se ve amenazada por aquellos elementos normativos como el Código Binacional Minero, el Código de Aguas y la misma Constitución que entregan todas las facilidades para que empresas saqueen territorios y generen nefastos impactos ambientales que acentúan y aceleran el retroceso y disminución de los glaciares en un contexto de cambio climático. A esto ahora se suma la ley de glaciares de Bachelet.
El proceso aún no termina; seguirá la votación de los artículos pendientes para luego pasar a discusión en sala, para finalmente pasar al senado. Es necesario entonces ejercer una presión social que obligue a los políticos a responder a quienes se deben y legislen pensando en las mayorías y en resguardo de los bienes comunes. O bien que asuman las consecuencias de quedar en la historia como los responsables de haber aprobado semejante aberración que atenta contra la continuidad en nuestras cuencas de los glaciares.
Organizaciones firmantes:
Agrupación Cultural Ramona Parra
Asamblea por el Agua del Guasco Alto
Cofradía Adoratorio Cerro Mercachas
Colectivo Efímero
Colectivo La Savia
Escuela de Escalada Newen
Movimiento Cultural Aconcagua
Movimiento Socioambiental Valle de Putaendo
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
Observatorio de Conflictos Mineros América Latina, OCMAL
Pacto Mundial Consciente
Raíces de Aconcagua
Red Metropolitana No Alto Maipo
Red Permacultores Aconcagua
Red por la Defensa de los Territorios
[1] Indicación al artículo 5° ingresada el 9 de noviembre de 2015.
[2] Diputados a favor: Fernando Meza (PRSD), Marcelo Chávez (DC), Andrea Molina (UDI), Celso Morales (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Jorge Rathgeb (RN), David Sandoval (UDI), Christian Urízar (PS) y Patricio Vallespín (DC).
Diputados en contra: Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC) y Daniel Melo (PS).
[3] Declaración pública: Ley de Glaciares, el gobierno busca legalizar su destrucción.
[4] Iniciativa de los diputados: Daniel Melo (PS), Maya Fernandez (PS), Daniella Cicardini (PS), Leonardo Soto (PS), Luis Lemus (PS), Camila Vallejo (PC), Patricio Vallespín (DC), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI), Giorgio Jackson (Independiente) y Vlado Mirosevic (Independiente).
[5] Mensaje presidencial Cuenta Pública 2014, glaciares página 19.
6 Protocolo Acuerdo gobierno, diputados y senadores.
7 Pablo Badenier: “Este proyecto permite garantizar la protección del 100 % de los glaciares del país”.
8 Mensaje Presidencial Cuenta Pública 2015, glaciares página 22.
9 Sesiones Comisión e invitados que han sido recibidos.
10 Política para la Preservación y Conservación de Glaciares (2008).
Estrategia Nacional de Glaciares (2009).
