Y ese mar que tranquilo nos baña, nos promete un futuro neoliberal donde la propiedad nacional se confirma como patrimonio de una elite.

La “ley de pesca” ha sido la aplicación a los recursos naturales del mar, de una captura por las redes industriales de un bien público nacional.

Esto elimina los espacios de una soberanía popular, en este no tan tranquilo mar de aguas turbulentas en el último tiempo,  cuya explotación establece un nivel de concentración como toda la acción neoliberal en Chile, más aún, esta ideología extiende sus alcances hacia una clase política que ha tejido relaciones con los intereses económicos, los que han entrado a actuar en plena escena parlamentaria.

Ante un escenario sepulturero de la pesca artesanal, los fuertes con sus tentáculos aceitados y representados en un ex ministro Longueira, que es el promotor fundamental de este artificio, han generado un epitafio triste para los pescadores artesanales: en Chile no hay equidad, no hay justicia social y los connacionales que no tienen poder económico no tiene derechos.

Y aquí yacen las costumbres y las identidades de las comunidades organizadas en torno a la pesca artesanal, y al fondo de esta tumba no se ve el mar de Chile, sino el mar neoliberalizado de los más ricos del país. Y por tanto, ya no nos baña tranquilo y no nos baña a nosotros, sino a las familias que se lo compraron.

Las denuncias de cohecho que sin ninguna duda deberían haber ocurrido como corolario de este incesto infeliz entre política y mercado, donde  parlamentarios de la república se han prestado para una escena fraudulenta. Particularmente los dardos apuntan a Marta Isasi y Jaime Orpis, la operación es de un estilo coimero rasca, que desprestigia la labor de la política parlamentaria, evidenciando la tienda persa para los intereses económicos en que se ha transformado parte del hemiciclo representacional de Chile.

En este sentido, la acción fiscalizadora de los diputados comunistas Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez vienen a devolver un concepto de dignidad sobre los bienes nacionales. Junto con los argumentos jurídicos de cohecho, la ley como tal es una aberración altamente concentradora, que compromete la soberanía nacional.

Las más de dos décadas de binominalismo establecieron unos nexos ya fétidos entre dinero y política, es una formula fracasada que abre paso, a que otras fuerzas políticas ingresen con nuevas miradas, instalando con ello una discusión sobre la propiedad pública como en el caso de nuestros recursos del mar.

De lo contrario nuestra estantería parlamentaria puede quebrar sus cristales al fondo de una deslegitimada que cuestiona nuestra propia democracia pactada por arriba, y cuya matriz delegativa electoralista dista mucho de una democracia sustancial.

Puede ser visto en un contexto de corrección del neoliberalismo, pero lo cierto es que opera como un freno, como un abrir acciones hacia su cuestionamiento. Es muy vertebral lo que se discute respecto de las implicancias de esta Ley de Pesca.

En términos de proceso, hay una necesidad de apertura fundamental, sobre todo, en vistas a configurar un mecanismo constituyente participativo. Las voces del dos mil once instalaron la necesidad de una agenda democratizadora, por otro lado, todos los análisis hablan de unas debilidades de la democracia que incluso cuestionan su principio democrático, tanto es así, que existe una definición del periodo como de postdictadura.

Necesitamos una apertura hacia la gran política, no una política de pasillos, de acuerdos y consensos a puertas cerradas, de trato y arreglos, de negocios e intrigas, de cohecho y corrupción. Como diría Gramsci la gran política que construya relatos y sea capaz de abarcar la defensa de los intereses nacionales.

Y esto supone una política capaz de replantear el rol del Estado, como socio de negocios de la elite, por un Estado a favor de los derechos de las mayorías.

La supuesta modernización que nos otorgaría el neoliberalismo es una falacia retrograda como en los peores tiempos del salitre, solo falta que nos impulsen a una guerra para proteger sus intereses económicos.

El pastiche modernista nacional, solo esconde un profundo y retrogrado principio de acumulación, por sobre los intereses nacionales. El mismo principio con otros colores, es por eso que una modernización democrática pasa por frenar este tipo de leyes surgidas como acción del cohecho, y solo salvaguardando los intereses particulares de familias poderosas de este país.

La colusión y el cohecho son un escenario triste y pintoresco que termina por develar lo que los chilenos ya sabíamos, y cuánto falta por saberse. La subordinación a los intereses de Corpesca es una muestra más de una práctica que refleja una crisis no sólo de credibilidad, sino de una lógica sistémica con que nos tienen pescados aleteando, casi sin asombro, viendo como la red del dinero se apropia de los recursos de todos los chilenos.

El esfuerzo de anulación es muy relevante, pues evitaría escandalosas indemnizaciones de letra chica si es que se tocan los intereses de estas siete familias industriales del mar. Que representación más publica puede tener este tranquilo mar que nos baña, que ser parte de un patrimonio histórico nacional, reflejado en el himno de una nación capturada por la redes del gran capital.