La diócesis de San Agustín de Talca, presidida desde 1996 por el obispo Horacio Valenzuela, discípulo directo de Fernando Karadima, se ha visto envuelta durante estos días en un escándalo que poco ha trascendido en la prensa nacional pero que, sin duda, dará que hablar por los antecedentes de uno de sus actores; a saber, el mismo obispo ya mencionado.

De pronto, sin mediar preparación alguna, apareció en las redes sociales, el martes 3 de noviembre recién pasado, una carta que el sacerdote diocesano, Rafael Villena, envió públicamente para informar que había renunciado al sacerdocio. Las causas: el “hostigamiento” que había vivido por parte de Monseñor Valenzuela, la ausencia de juicio justo y la invitación a autoculparse ante una acusación que una persona adulta habría hecho en contra del padre Villena, culpándolo de abusos de poder y de actos de contenido sexual. La información recabada, especialmente aquella que proviene de un comunicado de la misma diócesis, permitió aclarar que la acusación en cuestión surgió durante el mes de septiembre, que se mantiene en secreto la identidad del acusador, que se realizó un juicio rápido que permitió a la diócesis afirmar la verosimilitud del hecho, aunque esto no constituya, por supuesto, todavía una veredicto sobre la culpabilidad definitiva del acusado.

Sin embargo, independiente de los detalles judiciales del proceso, llama poderosamente la atención el hecho de que, de algún modo, las palabras del obispo Valenzuela constituyen ya un juicio público al declarar que la víctima en cuestión se siente muy herida y que su familia está prácticamente destruida. Agrava la situación la opción que la diócesis ha tomado en el sentido de mantener en reserva la identidad de la víctima, la cual es, según las declaraciones del mismo obispado, mayor de edad y habría sufrido los abusos del padre Rafael cuando tenía más de 18 años.

Se entiende que los procedimientos internos y eclesiásticos en esta materia procuren este medio para salvar la reputación de la víctima, sobre todo cuando se trata de menores de edad, pero no se comprende que no se actúe de igual modo para salvaguardar la identidad del acusado mientras no se realiza el juicio justo. La Iglesia pertenece a la sociedad, y sus actores están sometidos naturalmente al juicio público, el cual necesariamente debe atenerse a las evidencias con que cuenta, las cuales hasta el momento no existen, puesto que todo queda a merced de la confianza que se tenga en las palabras del obispo o en las del padre Rafael, a pesar de la asimetría de poder que se da entre ellos. Y, por lo que se ve hasta ahora, el gran perdedor en la contienda pública es el obispo de Talca puesto que sus palabras carecen de todo crédito una vez que, por su condición de discípulo de Monseñor Karadima, se vio envuelto en una defensa cerrada del cuestionado ex párroco de El Bosque en la carta que escribió a monseñor Ladaria (Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe) el año 2010, mientras que, por otro lado, todos aquellos que conocen al padre Rafael Villena en sus múltiples obras pastorales y sociales durante 33 años de sacerdocio creen más al sacerdote que al obispo. Incluso los que no conocemos directamente a ninguno de los sujetos implicados, a falta de evidencias concretas y mientras no se demuestre la culpabilidad del acusado, creemos -por principio de justicia universal- en su inocencia. “Por sus obras los conocerán” dice el Evangelio, y, hasta el momento, las obras del Padre Villena hablan de él como un activo agente pastoral y social, mientras que de Monseñor Valenzuela sólo sabemos –al menos desde la distancia- que es el defensor de quien ya fue condenado por la Iglesia misma como el abusador más connotado de la Iglesia Chilena, tanto en el plano del poder como en el ámbito sexual.

¿Cuáles son los documentos con que contamos hasta ahora con respecto a la acusación? Solamente la declaración del obispado. Ese mismo órgano eclesial debería saber que, en el actual descrédito que se encuentra la jerarquía eclesiástica, no se puede confiar solamente en la autoridad moral del ministerio episcopal.

Mal favor ha hecho la eventual víctima al pedir protección con el ocultamiento de su nombre. Mal favor al padre Villena por enturbiar su honra anónimamente, y pésimo favor a Monseñor Valenzuela quien se ha presentado, en esta contienda, como el artífice apresurado de una tramitación rápida (de un mes prácticamente) que contradice su proverbial llamado a la serenidad y a la prudencia. Y, por supuesto, mal favor se hace a sí mismo un sujeto que, siendo mayor de edad y habiendo sufrido los eventuales abusos en esa misma condición, no es capaz de firmar con su nombre una acusación de tamaño calibre. Una actitud de ese tipo deja en descampado al obispo, sometiéndolo a las más variadas interpretaciones. Sujetos como este acusador anónimo me hacen recordar procedimientos que se permitían en épocas pasadas en la historia de la Inquisición y abren el camino a que cualquiera pueda empañar la honra de otro sin comprometer su propia imagen personal. Todo esto me hace recordar los términos con que Monseñor Valenzuela se refería a los acusadores del padre Karadima en su carta al Padre Ladaria. A saber: “Es probable, tal vez, que algunos de ellos, de personalidad ma?s de?bil, hayan guardado heridas y razones que nunca conversaron con franqueza ni curaron y que hoy les llevan a actuar de modo desconcertante”. ¿No será que el acusador en cuestión responde al mismo perfil de debilidad psíquica a que se refería Monseñor? No sé, no quiero juzgarlo, pues no lo conozco ni sé su nombre. Ojalá se entienda que todas las interpretaciones que andan en curso no están motivadas por la malicia de la gente sino simplemente por esta oscuridad que permite el proceso. Siempre se piensa mal de quienes tiran la piedra y esconden la mano; se los califica de la peor manera, pues la cobardía con que acusan no se atreven a contrapesarla con la dignidad de poner la cara. Y así como fue injusto monseñor Valenzuela en suponer debilidad en hombres tan valientes como los que se atrevieron a acusar a Karadima, me parece también injusto que no se sitúe en la vereda justa e intermedia de quien trata por igual tanto al demandante como al demandado.

Una última reflexión. En una página de las aventuras del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, creyendo que su señor estaba muerto, se deshace en alabanzas ante él. Entre ellas, le dice, alterando el orden adjetival: “humilde con los soberbios y arrogante con los humildes”. ¿No será que este obispo de la diócesis de San Agustín de Talca (que antaño contó con la sabiduría de pastores como Monseñor Manuel Larraín y Carlos González), al defender proficuamente a su maestro espiritual, mentor e inspirador, Monseñor Karadima, y al atacar con tanta prontitud y ligereza a uno de sus sacerdotes más connotados, no merezca propiamente esa adjetivación que nada bien hace a un pastor de ovejas: humilde con el soberbio y arrogante con el humilde?