“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia (…) Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.

Así comienza la que ha sido señalada como una de las constituciones más progresistas del mundo. Fue redactada mediante una Asamblea Constituyente, que se reunió durante un año en la localidad de Montecristi. Ecuador fue objeto de miradas alrededor del mundo al aprobar una carta magna que consagra la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y la interculturalidad del Estado.

El país pasó por una profunda crisis política a comienzos de la década de los 2000, con 6 presidentes en 10 años. Tras el ocaso de los partidos tradicionales, subsumidos en una profunda crisis económica –marcada por la deuda externa- y en el letargo de una movilización social que removieron a presidentes, surgió en 2006 la figura de Rafael Correa.

Economista, ex ministro de economía en el gobierno de Alfredo Palacios (del cual salió tras desacuerdos en Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no aceptar los consejos del FMI), se perfiló como una alternativa capaz de representar el descontento ciudadano. Mostraba su carisma y convencía a movimientos indígenas hablándoles en su propio idioma, siendo la Asamblea Constituyente su principal promesa de campaña. Alianza PAÍS, su coalición de gobierno, fue construida en torno a su figura.

Pero tras 8 años de gobierno, el proyecto de Correa muestra signos de agotamiento. A las constantes presiones de la derecha (especialmente fuertes tras el anuncio fallido de la Ley de Herencia), hoy suma cuestionamientos del mundo indígena y movimientos sociales por una conducción personalista y engañosa, con un modelo “neodesarrollista” que profundiza la explotación de recursos naturales, contradiciendo a la propia Constitución. 

El pasado 13 de agosto más de 300 mil personas se movilizaron en oposición al gobierno. Correa, quien tuvo una aprobación superior al 50% todos estos años, se ve por primera vez arrinconado por la derecha económica y por sectores que apuntan a profundizar aún más el camino iniciado en Ecuador. Pese a las diferencias entre ambos sectores movilizados, los une una demanda: el rechazo a la enmienda constitucional que permita la re elección indefinida del presidente.

"EL FIN DE LA NOCHE NEOLIBERAL"

Ecuador vivió tiempos convulsionados en los 90 y en los 2000. Las políticas neoliberales provocaron el salvataje bancario de 1999 y, en consecuencia, la quiebra del sistema financiero y la pérdida de la moneda nacional. Pero la crisis también era política. Revueltas populares lideradas por movimientos indígenas provocaron que Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) no terminaran su mandato.

Por eso, al aprobarse la nueva Constitución (con un 81,5% de respaldo), Rafael Correa anunció el “fin de la larga noche neoliberal”.

La “Revolución Ciudadana” en Ecuador, como el propio Correa la definió, estabilizó política y económicamente al país. En 2007 la pobreza llegaba al 35%, hoy es de 22%, mientras que la pobreza extrema bajó del 16,5% al 8,5%. La política de redistribución de la riqueza ha reducido la desigualdad en el país, que pasó de un índice Gini de 0,55 a 0,48. A su vez, la diferencia de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre se redujo de 42 a 22 veces.

El país ha crecido a una tasa promedio de 4,3% entre 2007 y 2014, lo que le ha permitido solventar la inversión pública. Hoy Ecuador invierte el 2,12% de su PIB en educación, el porcentaje más alto de toda América Latina. Se han creado nuevas universidades y multiplicado la cantidad de becas para estudiar. En salud, las inversiones superan los 12 mil millones de dólares. También aumentó el salario mínimo de 160 a 370 dólares, sumados a avances en seguros sociales y pensiones de jubilación mínima.

El asilo político a Julian Assange, la ofensiva internacional contra Chevron (multinacional petrolera con negocios en la Amazonía ecuatoriana, acusada de contaminación medioambiental y atentar contra la salud de las personas) y la auditoría a la deuda externa, calificada como “ilegítima, odiosa e inconstitucional”, son otros de los logros de la Revolución Ciudadana.

Pero no todo es color de rosa en Ecuador.

LA DOBLE CARA DEL NEOLIBERALISMO

En el 2008, Ecuador parecía demostrarle al mundo entero que se podía ser progresista y cuidar el medio ambiente. De que se podía, desde el poder del Estado, respetar a la naturaleza. El acuerdo Yasuní ITT (nombrado por los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini) era la prueba. El gobierno renunciaba a explotar la zona de Yasuní, manteniendo yacimientos petroleros bajo tierra por perpetuidad.  La reserva de Yasuní tiene 982 mil hectáreas, 121 especies de reptiles, 596 especies de pájaros, 382 especies de peces y 204 especies de mamíferos. Viven ahí también los pueblos indígenas Waorani, Kichwa, Shuar, Taraeri y Taromenane. Por no explotar los yacimientos, la comunidad internacional compensaría a Ecuador 3600 millones de dólares, la mitad de lo que habría obtenido explotando los pozos.

Pero la economía siempre se impone a la voluntad política.

Tras sufrir los resabios de la crisis económica mundial, Correa decide congelar el acuerdo y aprobar la Ley de Minería, que abre el paso a mineras de gran escala. “Que nadie se engañe, el factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía, y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder”, señaló.

Y es más: La Constitución garantiza la consulta popular o referéndum en caso de interés nacional, por lo que el colectivo “Yasunidos” decidió recolectar firmas (5% del padrón) para revertir la decisión del mandatario. Pero el Tribunal Electoral de Ecuador anuló más de la mitad de las firmas entregadas, en medio de denuncias de fraude e irregularidades por parte del movimiento.   Mientras, la explotación en el Yasuní continúa, incluso con el incumplimiento de los mínimos de Estudios de Impacto Ambiental.

Pero Yasuní no es el único caso. En 2014 el viceministro de Minería de Ecuador, Javier Córdoba, visitó Chile para anunciar la entrega de una licencia ambiental a Codelco, que permita a la empresa chilena realizar el proyecto cuprífero Llurimagua en el valle del Intag.

El caso se ha complicado con la detención de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín y cara visible de la oposición local a la explotación minera en la zona. En febrero de 2015, la justicia lo sentenció a 10 meses de prisión por el delito de “rebelión”. Codelco ha expandido sus proyectos más allá del territorio nacional, llegando a Ecuador y Brasil, pese a la oposición existente en dichos países.

El caso de Javier Ramírez grafica cómo quienes estaban en el bando de los “aliados” pasaron al de “enemigos”. A los ojos de Rafael Correa, los manifestantes ambientalistas representan un “ecologismo infantil”.

Desde los movimientos indígenas critican duramente el doble discurso de Correa. Se declara anti imperialista, pero cada vez son más los capitales chinos que explotan el Amazonas, dañando el medio ambiente y generando una nueva relación de dependencia con dicho país. China ha entrado de lleno al mercado ecuatoriano, con negocios petroleros, préstamos a hidroeléctricas, obras es infraestructura, telecomunicaciones y minería de gran escala.

AUMENTAN LAS MOVILIZACIONES

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Único de Trabajadores, junto a movimientos ecologistas, feministas y estudiantes han liderado un inédito bloque multisectorial, expresamente diferenciado de la derecha. El primer paro nacional fue en julio de 2014. Desde entonces lo han sucedido 5 grandes movilizaciones, que han ampliado las demandas y las bases sociales de los manifestantes.

La última, llamada marcha “por la vida y dignidad de los pueblos”, comenzó el 3 de agosto en distintas ciudades y finalizó el 13 del mismo mes en Quito. Una travesía de 800 kilómetros con un petitorio diverso: Derogación de ley de recursos hídricos, ley para la justicia laboral, libre acceso a universidad pública, suspensión de negociaciones de TLC con la Unión Europea, detención de las actividades extractivas en el Yasuní y una última demanda que comparten todos los que no son del gobierno: Que no se tramite la enmienda constitucional que permitiría la reelección indefinida del presidente.

Correa sabe de la importancia que tiene el movimiento indígena en Ecuador. “Con la tradición de siempre: la izquierda que bota al presidente y la derecha pone el presidente. No lo van a lograr, pero sí van a tratar de crear caos, violencia, van a tratar de generar incidentes. Así que hay que estar atentos”, señaló después del paro.

La estrategia, secundada por el resto de los gobiernos progresistas en América Latina, ha sido denunciar el golpismo de los manifestantes, financiados por el imperialismo. Sin embargo, la realidad no es tan simple. El retroceso del gobierno en temas como la privatización del agua (por siglos patrimonio indígena), la cancelación del sistema de educación bilingüe o la suspensión de aportes al sistema de pensiones dan cuenta de ello. Además, con el gasto público en aumento, el país es cada vez más dependiente del modelo extractivista, sin perspectiva de cambiar a futuro.

La situación económica mundial solo empeora la situación. Ecuador ha sufrido la caída del precio del petróleo, que pasó de 100 dólares el barril a 37, se espera que el déficit de balanza para este 2015 sea el doble que en 2014. Además, el país está dolarizado, no tiene moneda propia. Una herencia del colonialismo no superada aún. Esto le impide al gobierno, por ejemplo, devaluar su moneda para hacer frente a la crisis. Se suma la crisis europea, la devaluación de la moneda en China.  El gobierno se ha visto obligado a disminuir las inversiones públicas, mientras que –una vez más- el flagelo de la deuda externa es cada día mayor. La diferencia es que China es ahora el principal prestamista.

Las movilizaciones en Ecuador son variadas y heterogéneas, con una amplia gama de demandas. Por eso la derecha se frota las manos, aunque se mantiene desarticulada y sin liderazgos políticos claros. Pero en el fondo de las movilizaciones está el cuestionamiento a la forma de gobernar, a los límites y a las contradicciones del proyecto neodesarrollista, sostenido en torno al liderazgo y personalismo de Rafael Correa.

Y en medio de las críticas a la represión de la última movilización, se ha convocado una nueva marcha para el próximo 16 de septiembre.

La Revolución Ciudadana marcó un hito en la historia de Ecuador. Pero el gobierno se niega a participar de la disputa de ese camino de transformaciones.