Desde 1980, una serie de organizaciones defensora de los Derechos Humanos han impugnado la actual Constitución Política del Estado, por carecer de legitimidad de origen y porque su contenido vulnera principios y normas básicas consagrados en la normativa internacional.

Sostienen que la solución a la actual crisis pasa por la creación de una nueva institucionalidad que se exprese en primer lugar, en una Nueva Constitución Política del Estado, que surja a través del real ejercicio de la soberanía popular. Mecanismo que debe ser participativo, democrático, trasparente y acordado por la ciudadanía en su conjunto, a objeto de dar plena legitimidad a las reglas fundamentales que organizan nuestra democracia, y cuyos contenidos se adecuen a la normativa internacional de Derechos Humanos que ha sido suscrita y ratificada por Chile.

En esa línea, hicieron un llamado al Gobierno a enfrentar con decisión esta tarea impostergable dada la profundidad de la crisis y la urgencia de recobrar la confianza en un sistema político que verdaderamente interprete las necesidades y anhelos de la ciudadanía.

Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas, sostiene que las constituciones son cartas de navegación de los países que permiten soñar un tipo de sociedad. “Necesitamos garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos, sistemas de protección en caso de que exista violaciones de ellos”.

“La actual Constitución tiene un vicio de origen, que fue realizada bajo una dictadura y hasta ahora ningún cambio constitucional ha incorporado, por ejemplo, la voz de las mujeres. Este es el momento político propicio para impulsar ese cambio”, afirma Carolina Carrera.

Por su parte, Juan Carlos Margotta, Secretario General de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, advierte que la demanda por una nueva Constitución es urgente e impostergable. “Es la forma de enfrentar la grave crisis del sistema político actual que pone en riesgo y cuestionamiento nuestro sistema democrático”.

Consuelo Castillo, Directora Ejecutiva de Corporación Opción, precisó, en tanto, que la ciudadanía debe asumir la urgencia de una nueva Constitución. “Una nueva Constitución no es más ni menos que el pacto político social de un país”.

El Presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman, Juan Domingo Milos, comentó que el país requiere un mecanismo que recoja las inquietudes de las y los ciudadanos. “No queremos una Constitución para las élites políticas o grupos de poder. Queremos empoderar a la ciudadanía y una mayor participación”.

El actual gobierno planteó en su programa que “Chile merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base en un sistema plenamente democrático, y que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional en toda su extensión.”

Las organizaciones de derechos humanos comparten el diagnóstico citado, reconocen que la crisis de legitimidad del sistema político se ha profundizado este año a raíz de la difusión del financiamiento ilegal de las campañas políticas, que llevó a la Presidencia de la República a convocar a una Comisión Asesora que tuviera por finalidad proponer medidas legales y administrativas tendientes a recuperar la confianza pública en la institucionalidad vigente. Sin embargo, si bien valoran la iniciativa, las medidas propuestas no son suficientes.

Finalmente, reiteraron el llamad0 a la sociedad civil en su conjunto a asumir un rol protagónico en esta tarea, a objeto que las y los chilenos participen organizadamente en la elaboración de la más importante Ley de la República que regirá nuestros destinos en las próximas décadas, única forma de garantizar una institucionalidad verdaderamente democrática y fundada en el pleno respeto y protección de los Derechos Humanos.