La reforma laboral que hoy está siendo debatida en la Comisión del Trabajo del Senado, tiene mucho de sombras chinescas. ¿Quién no ha jugado, ya de noche, a hacer figuritas en la pared blanca del comedor, interponiendo las manos ante un haz de luz? La imagen que vemos reflejarse en la pared, a través de medios de comunicación y declaraciones de personeros de gobierno, es la de un conejo que no es de verdad. Son sólo manos que dan la impresión de serlo, rayo de luz mediante.

Hasta la fecha, la tramitación del proyecto ha estado marcada por una contradicción entre los dichos y la actuación del gobierno: por un lado ha realizado una invitación amplia a todos los actores del mundo laboral a participar de esta iniciativa y la ha coronado con grandilocuentes afirmaciones sobre los alcances de la misma, y por otro, ha operado una absoluta exclusión en la incorporación de elementos situados por fuera de la discusión binominal. El resultado de lo anterior es una reforma que no modifica los pilares centrales del Plan Laboral: no hay negociación ramal, la negociación colectiva sigue llena de obstáculos,  no se garantiza el ejercicio efectivo del derecho a huelga y finalmente se consagra la flexibilidad laboral con los pactos de adaptabilidad.

Si el proyecto ingresado por el ejecutivo y la versión que salió de la cámara de diputados ya significaba un camino cuesta arriba para las y los trabajadores, las dificultades que se avizoran en el Senado, harán de la imagen en la pared una aún más triste, que ya no reconoce con claridad las manos de su autor. En las últimas semanas, el foco de discusión ha estado centrado en una arremetida del gran empresariado en contra de cualquier avance posible en materia de derechos colectivos y en un documento elaborado por miembros de la Democracia Cristiana, liderados por el ex ministro del trabajo René Cortázar, que, en concordancia a las demandas empresariales, propone una fórmula para restituir el reemplazo en huelga (ahora con personal interno) privilegiando el derecho de propiedad por sobre la eficacia de ésta, que cuestiona la titularidad sindical bajo una defensa individual de la libertad sindical y que finalmente sepulta cualquier posibilidad de legislar sobre la negociación por rama. De esta manera, la tensión al interior del Senado estará centrada ya no en la posibilidad de dejar atrás la normativa dictatorial, sino en determinar el alcance de una reforma de carácter empresarial.

Lo anterior es resultado de un Estado que, al optar por representar a la sociedad civil que ha desarticulado, queda a merced de los intereses del gran empresariado. Vuelven a imponerse los debates técnicos que esconden intenciones  políticas, la ideología dominante como el escenario de fondo, las redes de influencia del gran empresariado en el gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría. Misma razón por la cual las diversas organizaciones sindicales desde la transición a esta parte, más allá de cierto repunte que puede apreciarse a raíz de esta discusión, pierden su poder en la sociedad y se burocratizan.

Así, la posibilidad de una reforma laboral que profundice y consagre definitivamente el plan laboral de la dictadura es aún más cierta que cuando el proyecto salió de la cámara de diputados. Por ello, es de suma urgencia que el gobierno y la ministra del trabajo expliciten públicamente su posición sobre la reforma en curso. Hoy la cuestión es sobre los mínimos: ¿Están dispuestos a actuar para impedir una profundización del plan laboral o preferirán acomodarse al consenso político-empresarial? El anunciado “realismo sin renuncia”, en materia laboral, nada tiene que ver con cuánto dinero se invierta en la reforma, pues no requiere gasto alguno, sino más bien con hasta qué medida el gobierno está dispuesto a ceder ante los reclamos y presiones del gran empresariado.

La única reforma sustantiva en esta materia es aquella que se proponga un nuevo esquema de relaciones entre capital y trabajo, que se oriente en fortalecer la libertad sindical y sus tres pilares fundamentales: propender a la sindicalización como medio de canalización de los intereses de las y los trabajadores; avanzar en una negociación colectiva sin trabas que alcance el nivel ramal, permitiendo de esta manera un empoderamiento efectivo de los sindicatos como canalizadores del interés colectivo y la posibilidad de transformar la huelga en un medio de presión efectiva ante el empleador. Con al menos estos principios como norte, estaremos más cerca de construir imágenes en la pared que nos representen a todas y todos.