La gratuidad universitaria ha vuelto a estar en el centro del debate público. Tanto por la confirmación de la nueva Ministra de Educación del anuncio realizado por la Presidenta Bachelet el 21 de mayo de que esta medida comenzaría para el 60% más vulnerable el año 2016 en las Universidades del CRUCH y Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sin fines de lucro, como también por el manto de dudas que se ha generado respecto a declaraciones del Gobierno y sectores de la Nueva Mayoría que hablan de un “realismo sin renuncias” a la hora de implementar el programa del oficialismo.

Cabe notar que ambas discusiones respecto a la gratuidad no son sobre el sistema educacional que se debe construir a través de la reforma, sino que atienden al cómo financiar ese sistema que aún carece de una definición acordada entre los distintos actores, que no ha tenido una deliberación democrática de la sociedad. Incluso, dadas las constantes rectificaciones por parte del MINEDUC hacia sus mismos planteamientos, pareciera ser que es una discusión que no se ha zanjado en el mismo Ministerio.

Esto genera un debate muy enredado, en el que cuesta dilucidar en que vereda se encuentra cada actor. Los Rectores de Universidades Privadas, los mayores opositores a la gratuidad universitaria en años anteriores, hoy aparecen como los mayores defensores de los estudiantes vulnerables, los mismos estudiantes que se han movilizado contra ellos en sus planteles durante el primer semestre. La Democracia Cristiana exige ampliar la gratuidad a las privadas al mismo tiempo en el cual pide morigerar las reformas. Algunos en la izquierda guardan silencio, otros defienden las medidas, muchos critican la improvisación y escasa claridad.

En fin, un enmarañamiento total que permite a los defensores del status quo revestirse de cierta legitimidad cuando lo que están haciendo es simplemente defender determinados intereses corporativos. “No deja de ser irónico que un gobierno que esgrime la igualdad como un valor lo transgreda tan flagrantemente a la hora de comenzar a instalar la más importante de sus políticas” decía Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales en una de sus últimas columnas, a modo de ejemplo de las oportunidades que abre el carácter del debate actual.

El problema es que hoy el Gobierno ha intentado omitir la discusión sobre el fondo, sobre visiones de modelo educacional. Se ponen sobre la mesa algunas alternativas de medidas a implementar con escasa socialización, las cuales son criticadas por los diversos actores del mundo educacional desde distintas perspectivas. Como desde el MINEDUC no se instala una discusión sobre la globalidad del sistema, los ataques a sus propuestas también van a las particularidades, lo cual hace que lejos de ser un cuerpo coherente, la reforma se transforma en un tironeo constante de intereses parciales. El Gobierno parece más interesado en evitar flancos de conflicto y apagar incendios (que el mismo Ministerio genera) que de sacar adelante una reforma que efectivamente transforme el sistema educacional.

¿Cuál es, entonces, el modelo de educación que impulsa el Gobierno y en el cual se sustenta la reforma? A primera vista, pareciera que con comenzar por la implementación de la gratuidad en las Universidades del CRUCH habría una intención de fortalecer a esas instituciones. Sin embargo, la gratuidad para el 2016 estará condicionada a que quienes la reciban no aumenten su matrícula, ya que existiría una especie de “competencia desleal” hacia el resto de establecimientos. Se les limita el crecimiento a las mismas instituciones que, en principio, son “beneficiadas”. Una contradicción clara, que lo que busca es dejar contentos a todos. ¿El resultado? Nadie queda contento. El hecho de establecer regulaciones que apuntan en direcciones contrarias, por su parte, no hace más que detener los urgentes cambios.

¿Qué hacer entonces? Para salir del entrampamiento y el enmarañamiento no existe más que una posibilidad: abrir el debate sobre el modelo educacional que se quiere construir, es decir, sobre el fondo del asunto. ¿Cuál es el rol que debe ocupar la educación pública? ¿Qué espacio deben tener las instituciones privadas? ¿Se debe buscar mantener lógicas de competencia entre Universidades o cambiarlas por un sistema colaborativo?

En las respuestas a estas preguntas está la clave de las medidas que se deben implementar. Zanjado el debate sobre el fondo de manera democrática, la discusión sobre los pasos a seguir, sobre dónde deben priorizarse los recursos disponibles, debe hacer referencia necesariamente a los términos acordados. El espacio para defensas corporativas se reduce notablemente y la posibilidad de una reforma transformadora efectivamente se hace más cercana.

Ahora, ¿cuáles son esas respuestas sobre el fondo? Lo que necesitamos es un sistema que fortalezca al sector público, como un espacio de encuentro entre distintos sectores sociales, un espacio democrático, un espacio que fortalezca la perspectiva de la educación como un proceso que tiene una retribución colectiva más que individual. Éstas deben ser las instituciones que reciban a mayoría de los estudiantes del país, tal como lo era hasta que se abandonaron deliberadamente con la implantación del modelo educacional de la dictadura en 1981. Por lo demás, esto se ajusta a las expectativas de la mayoría de los jóvenes chilenos que tienen como primera opción ingresar a instituciones del Estado en Educación Superior, como señalan los resultados de la Encuesta MORI de mayo del 2015.

Reconstruir un sistema estatal de Universidades y Centros de Formación técnica, cuya actividad esté orientada al servicio de los intereses de las mayorías sociales y al desarrollo del país (en sus múltiples dimensiones), es condición necesaria para hacer de la educación un derecho social para todos y todas. Por lo tanto, un aumento de la capacidad de recibir matrícula de estas instituciones es fundamental, de tal manera de que sea una posibilidad real para todas las familias chilenas. Para ello se requieren recursos prioritarios para estas.

¿Significa esto que las instituciones privadas no puedan recibir recursos estatales? No. Los criterios para que éstas últimas puedan recibirlos también deben estar correlacionados a los fines educacionales anteriormente descritos. No se trata de dejarlas de lado, sino que deben adaptarse a condiciones definidas en el nuevo sistema educacional, a saber, que sean democráticas, que no tengan fines de lucro, que realicen investigación y extensión, y que su actividad esté orientada hacia el desarrollo nacional.

Construir un nuevo sistema educacional sigue siendo un horizonte posible. No desaprovechemos la oportunidad.