A quienes sostenemos desde la historia y la radicalidad feminista que una nueva legislación sobre interrupción del embarazo debe inscribirse en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, derechos universales e indivisibles que instalan en su centro la autonomía de las mujeres, y además, reivindicamos la laicidad del Estado chileno como una preciada herencia democrática del siglo pasado, no nos sorprenden los avatares del debate parlamentario en torno al proyecto de ley de aborto por tres causales que impulsa un sector mayoritario de la coalición política en el gobierno.

Asumimos que estamos inmersas en una trama sociocultural y política que controla y violenta la voluntad de las mujeres en las decisiones que dicen relación con nuestra corporalidad y nuestra capacidad de producir nuevos cuerpos humanos. En tal escenario, las fuerzas político partidarias que protagonizan el debate legislativo sobre aborto mueven sus piezas desde posiciones inscritas en el rayado de cancha hetero-patriarcal capitalista y conservador, que se complejiza y aggiorna desde los albores de la modernidad, naturalizando la violencia a través de leyes y políticas que controlan las vidas de quienes habitan el territorio nacional, en especial de las mujeres.

Podemos identificar dos posicionamientos estratégicos. Uno predominante en la derecha, al que denomino fundamentalista,  asigna a la ley el rol de control absoluto sobre las opciones privadas sexuales y reproductivas de las personas. Postula que la ley dictatorial -que se implantó sin escuchar jamás a las organizaciones ciudadanas, ni a expert@s, ni a mujeres-, debe continuar actuando como dispositivo biopolítico que  gobierne la vida íntima de las personas en su cotidianeidad. Por demás sabemos que su argumentación se basa  en tergiversaciones científicas y en la demonización y deprivación de poder de las mujeres. A lo anterior, añaden agoreras predicciones en cuanto a que la legalización del aborto entraña el peligro de uso indiscriminado y banalización, estableciendo un juicio negativo a priori respecto de la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres, minorizándolas. Utilizan como argumento descalificador del cambio de la legislación dictatorial,  estadísticas que revelan “el número irrelevante de muertes”, y que “Chile está a la cabeza de la reducción de las muertes maternas en  América Latina”.

De esta forma, reducen el daño a su aspecto límite, y la muerte pasa a ser el estricto umbral que moviliza sus preocupaciones; su análisis deja invisibles los miles y miles de abortos que tienen lugar en condiciones de inseguridad y que son resultado de la violencia cotidiana del sistema sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Esa violencia arrasadora de derechos pero que no mata físicamente, les es socialmente aceptable -es un asunto de graduación -, como en tiempos no lejanos fue la tortura o la prevalencia del terror.

El sector Nueva Mayoría, al que denomino pseudo progresista, que postula el proyecto de ley de aborto por tres causales si bien mayoritariamente utiliza en su discurso la libertad de decidir y afirma que el Estado no debe imponer una visión única mediante la legislación punitiva actual, recorta la noción de derechos sexuales y reproductivos indivisibles y universales, reconociéndolos en forma efectiva sólo para una minoría de mujeres que son las involucradas en las tres causales. Introduciendo además una perversión del contenido de la libertad de decidir de las mujeres, por cuanto ésta debe ser intermediada por o compartida con médic@s, jueces y sacerdotes.

Este reduccionismo tiene como trasfondo, por una parte, una visión conservadora que no asume la progresividad de los derechos humanos, característica que desde la segunda mitad del siglo pasado ha permitido ampliar significativamente los límites respecto de la legislación sobre aborto en el mundo. Ampliación que ha enriquecido mediante la experiencia humana, la explícita codificación de los  tratados que rigen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, considerados como los pisos mínimos a garantizar por los Estados.

La otra parte del trasfondo, es el miedo. Miedo a transitar desde lo posible hacia hacer posible lo que hoy pareciera imposible; miedo a tener el coraje de impulsar con convicción cambios culturales que amplíen libertades; miedo a contrariar a los dueños del poder; miedo a perder las espaldas que otorga la subordinación a las presiones vaticanas.  La sinergia o la complicidad entre gobiernos  de diversas “izquierdas” e iglesia como resultado de estas presiones han sido una constante, no sólo en Chile, sino en diversos países de la región latinoamericana. Ejemplos dramáticos de este fenómeno son Nicaragua y Ecuador, países donde los feminismos que defienden los derechos sexuales y reproductivos y proponen el aborto legal, son perseguidos y violentados desde las instituciones estatales, y también Bolivia, donde se ha experimentado un marcado retroceso en materia de estos derechos. Según expresó el vicepresidente de ese país, Alvaro García Linera, “debieron” dar marcha atrás ante la ofensiva eclesial que demonizaba al gobierno. Este miedo es el que otorga a la iglesia de nuestro país un rol regulador de la gobernabilidad - confiriéndole con ello un poder incoherente con su ascendente descrédito -  y es el factor explicativo de las vicisitudes del debate parlamentario y de las vacilaciones y disensos al interior del Ejecutivo. Paralelamente, es un miedo que ampara la perpetuación de la violencia estatal hacia las mujeres chilenas.

En esta trama de dominio androcéntrico y con la ilusión de empoderamiento, muchas mujeres feministas son traspasadas por contradicciones que, o generan incertidumbres, o  subordinan bochornosamente, ya sea por insuficiente desarrollo de pensamiento crítico, o por un malentendido pragmatismo político que retroalimenta los argumentos de control patriarcal. El nudo de la cuestión es en qué ámbito  instalamos simbólicamente y nombramos el aborto en nuestra lucha cotidiana: en lo clandestino, o en la libertad  inscrita en los derechos sexuales y reproductivos universales e indivisibles. Sucede que el discurso del derecho en este nuestro debate actual, muchas veces entra en contradicción con la experiencia de las mujeres y transforma los derechos en impotentes.

Sabemos que nada puede ser peor para las mujeres – para todas las mujeres - que una maternidad impuesta. Se mandata desde afuera una invasión no consentida del cuerpo que hace público un corte abrupto entre la vida caminada y la que se desea y sueña hacia adelante. Por lo mismo, la instalación de la interrupción del embarazo en el contexto pleno de los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía de las mujeres, sin escamoteos ni trampas, es el compromiso y el desafío cultural a asumir por los feminismos, en coherencia con la cotidianeidad de las decenas de miles de mujeres que cada año deciden abortar en el violento contexto que representa la clandestinidad.  Según sostiene la argentina Laura Klein[1], abortar desafía al Destino, a Dios, a la Democracia y al Patriarcado. Sólo enfrentando sin eufemismos estos desafíos socioculturales y políticos, que implican redistribución de poder y paulatina deconstrucción del hetero-patriarcado, las mujeres chilenas accederemos algún día al  aborto libre, legal, seguro y gratuito.

                                  

[1] Klein, L. (2005), Entre el crimen y el derecho. El problema del aborto