Como célula extremista de neoliberales tildó Gabriel Boric al grupo de diputados UDI-RN que le pide al gobierno promover un proyecto de ley que permita a los jubilados hipotecar sus casas para aumentar su pensión. Y no se equivoca. La propuesta presentada sigue la misma lógica individualista del sistema de pensiones actual, donde no existe el derecho a una pensión digna sino que sólo un mecanismo de ahorro en donde cada uno se “salva” según los recursos que dispone.

¿Ha funcionado esta lógica individualista para entregar buenas pensiones? Definitivamente no.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, la pensión promedio de vejez entregada por el sistema privado fue de 209 mil pesos en abril de este año. Pero si usted piensa que esas pensiones ya son bajas, considere que además existen casi 400 mil adultos mayores que ese mismo mes vivían con una pensión solidaria de 86 mil pesos. Resumiendo, más de un millón de jubilados vive cada mes con una cifra en promedio menor a los $170.000, o mirado desde otro punto de vista, sobreviven con mucho menos de un sueldo mínimo.

Ante esta situación, ¿es de por sí malo que una persona dueña de una propiedad pueda venderla (en este caso “hipotecarla revertidamente”) para tener mayores ingresos en la última etapa de su vida? Sin duda no, sobre todo si ayuda a mejorar la calidad de vida del adulto mayor.

El problema, es que en vez de encontrar una solución estructural al problema de las bajas pensiones, se opte por insistir con la lógica individualista. Independientemente de todas las dudas prácticas que puedan existir frente a la propuesta de la hipoteca revertida (como qué valor tomará de referencia el Estado para definir el avalúo de una propiedad, un posible negocio de la banca privada, entre muchas otras), lo más importante es comprender que esto en ningún caso dará una solución estructural al problema del sistema de pensiones.

En esta línea, mientras se insista en la lógica individualista, las propuestas que vienen son fáciles de anticipar: aumentos en la edad de jubilación y de la tasa de cotización. Nuevamente el costo caerá sobre los trabajadores.

Pero esta situación no aguantará mucho tiempo más. El sistema de AFPs está tan desprestigiado, que según la reciente encuesta de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, un 72% de los chilenos mayores de 18 años piensa que sólo un cambio total al sistema de AFPs ayudaría a mejorar las pensiones. Y esto es lo que movimientos ciudadanos como “No Más AFP”, de la mano de sindicatos y otras organizaciones, han venido reclamando a través de movilizaciones y campañas de concientización.

Sin embargo, se puede estar muy en desacuerdo con el actual sistema pero, ¿qué alternativas hay?

En primer lugar, democratizar el debate. El sistema de AFP carece de legitimidad frente a los ojos de la ciudadanía, no sólo por haber sido impuesto en Dictadura, sino principalmente porque mientras los jubilados reciben pensiones vergonzosas, las AFP obtienen ganancias que están por los cielos. Solo un dato al respecto: entre enero y marzo de este año las pensiones del sistema privado apenas superaban los $200.000 en promedio, mientras que las ganancias de todas las AFP llegaban a los 168 mil millones de pesos, esto es, más de 6 veces la meta de la Teletón del año pasado. Y esto, en solo 3 meses de operación.

Por razones como ésta, parte de los trabajadores no cotiza en el sistema de AFP. Emblemático es el caso de los trabajadores a honorarios del Estado que solicitan la no obligatoriedad de cotizar. Si se quiere que los trabajadores confíen y por tanto coticen en un sistema de pensiones, es necesario incluirlos en el debate sobre su reforma, abriendo espacios de diálogo y por sobre todo permitiendo a la ciudadanía en su conjunto definir los principios que guíen un nuevo sistema de pensiones. Difícilmente se podrá convencer a alguien de cotizar si es que cree que sus aportes se irán a los bolsillos de las grandes empresas, en vez de convertirse en pensiones dignas.

En segundo lugar, más que un parche, es urgente una reforma estructural al sistema de pensiones que cambie el foco desde el individualismo a la solidaridad. Esta solidaridad no tiene por qué ser sólo la clásica entre jóvenes y adultos mayores que promueven los sistemas de reparto (los actuales jóvenes mantienen a los actuales adultos, y los futuros jóvenes mantendrán a los actuales jóvenes cuando estos sean adultos), sino que también puede ser entre personas de altos y bajos ingresos, ayudando de esta manera a disminuir la enorme desigualdad que persiste en Chile.

Además, el nuevo sistema perfectamente puede compatibilizar el ahorro y el reparto para obtener una mayor pensión. Incluso se debiera insistir en que los empleadores mismos realicen aportes para la jubilación de sus trabajadores. Lo importante, repito, es cambiar la lógica del sistema. El problema de las pensiones es un problema social, no individual.

Finalmente, los adultos mayores no necesitan hipotecar sus casas para tener derecho a una pensión digna. Más bien se requiere una reforma estructural a las bases de nuestro sistema de pensiones. Esa reforma debe ser discutida ampliamente por la población para legitimarla, y por sobre todo, debe modificar el principio que lo guía: no más individualismo, sino una sociedad que reconozca la dignidad de sus adultos mayores.