El referendo realizado en Grecia el pasado domingo ha sido destacado como una jugada brillante por parte del Primer Ministro, Alexis Tsipras. Dejar en manos de la ciudadanía la decisión de aceptar o no el proyecto de acuerdo que fue presentado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), transformó la tensión entre estos organismos y el gobierno en una contradicción directa con el pueblo griego, que rechazó la propuesta con un rotundo "No" que se llevó el 61% de las votaciones.

Para Tsipras, la respuesta de los helenos "no se trata de un mandato contra Europa, sino un mandato para encontrar una solución sostenible con Europa que nos saque del círculo vicioso de la austeridad", según declaró el mismo 5 de julio. Y es que las condiciones que los acreedores buscaban establecer eran consideradas "humillantes" por el gobierno de Syriza, y en palabras de su ex ministro de finanzas, Yanis Varoufakis, "lo que están haciendo la UE, el FMI y el BCE con Grecia tiene un nombre: terrorismo".

La negativa de los griegos fue en contra de la subordinación estatal a las políticas financieras y medidas de recorte impulsadas por los prestamistas europeos, disposiciones que según el encargado de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Martin Hopenhayn, tienen impactos directos en el desarrollo social de las naciones.

"Lo que está detrás es decir ´hagamos un país confiable para el capital extranjero´ o frenemos una eventual catástrofe financiera. Reglas claras que finalmente son un eufemismo. Esto implica que el Estado sea austero en el gasto público y en seguridad social", argumenta.

"Tiene que ver también con las relaciones laborales, ya que se busca quitarle poder a los sindicatos. Es decir, sus políticas vienen acompañadas de reformas laborales acompañadas con la idea de la flexibilización, para crear espacios más cómodos para los empleadores", añade en conversación con El Desconcierto el experto en políticas sociales de la CEPAL.

SOBERANÍA RESTRINGIDA                                                   

Las condiciones impuestas por el FMI significan una intervención directa en los asuntos internos de un país.  Su finalidad es  fijar las orientaciones políticas y económicas que adoptan los Estados, con tal de generar escenarios favorables para el capital foráneo y la empresa privada en desmedro de los derechos sociales alcanzados por la población.

Los acuerdos que detallan los requisitos del crédito quedan estipulados en una "Carta de Intención", documento que formaliza el compromiso de las naciones a cumplir ciertos mínimos que aseguren al FMI sus exigencias. Entre ellas se encuentran: la reducción considerable del gasto público y en seguridad social; reducción de la intervención del Estado en la economía; liquidación de empresas estatales y políticas de privatización; además del congelamiento de salarios sin sacrificar las utilidades.

"Desde su creación en 1945 el FMI ha sido un instrumento de influencia política de Estados Unidos. Desde el primer momento se establece, por ejemplo, que la moneda de convertibilidad será el dólar, y desde los ochenta en adelante se transforma en una herramienta con un corte ideológico marcado por la promoción del neoliberalismo", explica el académico y cientista político de la UDP, Fernando García Naddaf, para El Desconcierto.

El ejercicio de control de las políticas nacionales se logra mediante mecanismos de distinto tipo: asesorías técnicas que determinan los lineamientos económicos a seguir, programas de consulta que velan por el cumplimiento de los requisitos que condicionan el crédito, y acuerdos paralelos que promueven la inversión de capitales transnacionales.

"Cualquier cosa que haga el FMI apunta al fortalecimiento del capital a través de la liberalización del comercio. Es simplemente un proceso deficiente dentro de un contexto ideológico determinado, que es el neoliberalismo. Por tanto, si estos organismos están en condiciones de hacer préstamos, los países debe adherir a sus políticas neoliberales, que van más allá de la voluntad democrática de los pueblos", sostiene el analista.

EL PODER DEL DINERO

Las decisiones al interior del FMI siempre las han tomado los países desarrollados. Dentro de la entidad, el poder económico tiene directa relación con las facultades resolutivas de los Estados, que tienen votos de acuerdo al monto de dinero que aportan al fondo.

En base a esa función, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón manejan al organismo internacional.

"Uno tiende a pensar que estas entidades son técnicas, pero lo técnico es ideológico. La ideología neoliberal te dice que mantengamos las cosas tal como están y que de aquí a 20 o 30 años vamos a tener una sociedad brutalmente rica, y da lo mismo la desigualdad porque al final lo que importa es que la gente no sea pobre", sentencia García Naddaf.

HISTORIA DE LOS "RESCATES"

El primer préstamo a Grecia aprobado por la eurozona fue de 110 mil millones de euros en 2010, con un aporte de 30 mil millones por parte del FMI. Un año después, el Primer Ministro de ese entonces,  Georgios Papandreou, dimitió de su cargo para dar paso a una nueva coalición impulsada por la posición del líder conservador Antonis Samaris.

Como jefe de Estado asumió Lukás Papadimos, economista respaldado por el Partido Socialista (PASOK), los conservadores de Nueva Democracia y el partido de ultraderecha LAOS, como medida transitoria que buscaba impulsar desde el parlamento un paquete de medidas de austeridad para aprobar el segundo préstamo del Eurogrupo en 2012.

El segundo "rescate" fue de 130 mil millones de euros en 2012, a cambio de supervisión permanente del BCE y el FMI y la ejecución de recortes en el gasto estatal, reducción de pensiones y baja de salarios. Ese mismo año Antonis Samaris fue elegido Primer Ministro.

Desde el 2010 hasta el 2014, la deuda griega pasó del 146% al 177,10% del PIB.

El gobierno de Syriza, coalición de izquierda que ganó las elecciones generales en 2015, ha sido el único que se ha plantado con una fuerte oposición a seguir aplicando medidas de austeridad en su país. Las negociaciones con los acreedores, por tanto, fracasaron entre enero y junio de este año, incluso con contrapropuestas del gobierno que buscaban cumplir el pago acordado, pero con otras políticas económicas y sociales a nivel interno que no fueran las imposiciones y recetas del FMI que ya han sido implementadas, en los años 80 y 90 en latinoamérica, con los magros resultados por todos conocidos.