Declaración pública de las y los académicos de la UDP

En el actual contexto de debate y movilizaciones en torno a la Educación Superior, los académicos y académicas de la Universidad Diego Portales que firmamos esta carta, estimamos que es necesario pronunciarnos.

En particular nos preocupan los recientes anuncios emitidos por la Presidenta Michelle Bachelet y por el Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, en relación a la implementación de la gratuidad en la Educación Superior. En lo que concierne a la enseñanza universitaria, dichas declaraciones sostienen que, a partir del 2016, el 60% de los estudiantes más vulnerables de las instituciones del Consejo de Rectores (CRUCh) accederán a la gratuidad. En lo relativo a las universidades que no pertenecen al CRUCh, el Ministro ha señalado que el Gobierno deberá establecer una serie de requisitos y que recién el 2017 podrán aspirar a un trato igualitario en esta materia aquellas universidades que los cumplan.

Frente a estos anuncios, los abajo firmantes, consideramos que los principios mínimos e irrenunciables que deben orientar la Reforma Universitaria son los siguientes:

• El acceso a una educación de calidad es un derecho ciudadano que el Estado debe acreditar y garantizar para todos y todas sin exclusiones de ningún tipo.

• Las universidades deben perseguir el bien público. Por lo tanto, ellas deben encarnar proyectos ideológicamente independientes, inclusivos y sin fines de lucro.

• Las universidades deben contar con formas de gobierno interno apropiadas para sus requerimientos de gestión, que garanticen una adecuada y justa representación de los distintos estamentos que componen sus comunidades.

Tomando en consideración estos principios, sostenemos que:

Los anuncios del Gobierno en materia de Educación Superior, representan una doble discriminación arbitraria que rechazamos.

En primer lugar, visto desde el derecho de los estudiantes, resulta injustificado que se los discrimine en base a la institución a la cual asisten. Como sociedad no podemos tolerar que estudiantes de un mismo quintil de ingresos reciban o no gratuidad en la medida en que estudien o no en un plantel del CRUCh.

En segundo lugar, visto desde las instituciones universitarias no pertenecientes al CRUCh y que persiguen el bien público, imparten una educación de calidad y son sin fines de lucro –como la misma UDP- este diseño de acceso a la gratuidad, también representa una forma de discriminación ilegítima.

Como académicos y académicas que trabajamos diariamente con seriedad disciplinar y compromiso con la formación de nuestros alumnos, así como con el desarrollo del país, no podemos sino experimentar estos anuncios como una manifestación de violencia arbitraria. En efecto, ellos implican un menosprecio a nuestro trabajo y tratan a nuestros estudiantes como ciudadanos de segunda clase.

¿Por qué nuestros estudiantes, por el sólo hecho de estar ligados a una institución que no pertenece al CRUCh, tendrían que seguir endeudándose? ¿Por qué nuestra Universidad y nuestro trabajo deben ser puesto bajo sospecha? Si el Gobierno y el Estado están disconformes con los mecanismos de acreditación de la Educación Superior que ellos mismos han generado, que los modifiquen y nosotros nos someteremos a dicho escrutinio. En nuestro trabajo académico hemos estimulado exigentes estándares de docencia e investigación lo que queda demostrado en regulares informes de calidad que están a disposición de toda la comunidad. Lo que rechazamos terminantemente es que de manera arbitraria y sin que podamos defendernos, se nos trate implícitamente como una comunidad académica “sospechosa”.

Por lo tanto, los abajo firmantes llamamos al Gobierno de Chile a retractarse de los anuncios en materia de gratuidad en Educación Superior. En su lugar, proponemos la siguiente hoja de ruta:

• Que el Gobierno busque los mecanismos para terminar, sin ninguna discriminación por el tipo de institución educacional, y de manera inmediata, con el endeudamiento de los estudiantes y sus familias, así como con la bancarización de la Educación Superior. Estas medidas iniciales, que pueden ser transitorias mientras se avanza hacia la gratuidad universal, son urgentes, pues el modelo actual y el nuevo proyecto vulneran seriamente el derecho a la educación de nuestros alumnos y alumnas.

• Paralelamente, llamamos al Gobierno a proponer un nuevo modelo de regulación y acreditación de la Educación Superior. Dicho diseño debiese garantizar y no sólo acreditar el cumplimiento efectivo de los tres principios que declaramos como mínimos y no transables en cualquier institución que pretenda recibir financiamiento basal del Estado.

• Sólo una vez que se implemente este nuevo diseño, el Estado podrá avanzar sostenidamente hacia la gratuidad universal, fundamentalmente por medio de aportes directos a las instituciones universitarias que cumplan con dichos principios.