Durante las últimas semanas, el problema de la precaria situación laboral de miles de investigadores chilenos ha saltado a la palestra pública. Particularmente, se cuestiona la irregularidad de la condición contractual en la que se desempeñan estos profesionales, la que, bajo la figura del “boleteo” —la emisión reiterada de boletas de honorarios por labores no puntuales— permite la extensión indefinida de la inseguridad laboral y la desregulación de sus derechos mínimos como trabajadores. El movimiento Ciencia con Contrato, que ha encabezado la iniciativa por la visibilización de este problema, estima que serían más de 1.500 los científicos desempeñándose en este tipo de esquema.

Actualmente, los asistentes o técnicos de investigación en nuestro país desempeñan sus labores profesionales asociados a proyectos, cuyo financiamiento está mediado por la competencia entre investigadores. Estos fondos para la investigación disponen de un ítem para el pago estos servicios, del que dispone libremente el investigador principal. Así, la relación laboral se cierra entre el investigador principal y el asistente de investigación, quien emite boletas de honorarios a nombre del investigador principal como persona individual, sin vínculo alguno con la institución en la que se desempeña, ni con la entidad que financia el proyecto.

Bajo estas condiciones, las cotizaciones previsionales y de salud corren por cuenta de cada trabajador, no hay seguros de accidentes, y, por supuesto, no existen reglamentaciones para licencias, ni pre y postnatales. Más aún, si el investigador principal, que debe concursar cada 3 o 4 años por un nuevo proyecto, no obtiene financiamiento, deberá interrumpir el desarrollo de su línea de investigación y dejar sin trabajo a los asistentes, sin retribución alguna. Así, los equipos que forman los investigadores principales no cuentan con las condiciones mínimas para desarrollar el trabajo científico dignamente.

La situación denunciada por Ciencia con Contrato no es producto de problemas de gestión en las instituciones que administran los recursos para investigar, sino una consecuencia del modelo de financiamiento de la investigación científica y la creación de conocimiento aplicado en nuestro país. En Chile, la investigación se financia mediante el subsidio del Estado a la iniciativa individual, a plazos fijos y mediada por la competencia entre los científicos. Este modelo implica que el financiamiento basal directo a las instituciones para el desarrollo de la investigación corresponde a un porcentaje menor. Es aquí donde radica el problema y donde deben ser buscadas las soluciones.

El modelo bajo el cual se desarrolla la actividad científica en Chile es de precarización, sobre todo laboral, y eso no dista de la realidad del trabajo en general en nuestro pais. Los asistentes de investigación trabajan en condiciones precarias no por casualidad, mala voluntad ni mala gestión, sino que como una consecuencia inevitable del modelo de financiamiento actual. Estos problemas estructurales están también detrás de otros fenómenos indeseados en la actividad científica chilena, como la sobrepoblación de doctores y la escasez de cargos académicos estables, que contribuyen a la disminución del valor del trabajo científico y académico y hacen posible la precarización que ha sido denunciada en las últimas semanas.

Otro ejemplo de la desvalorización del trabajo académico es el modelo de profesores a honorarios o “taxi”, utilizado ampliamente por las instituciones privadas de educación superior. Un artículo publicado en El Mercurio el año 2013 revela que casi el 40% de los académicos de las instituciones privadas de educación superior no tradicionales trabaja en más de una institución educativa al mismo tiempo. Más aún, la Agrupación de Académicos a Honorarios (AAH) revela que el 62% de los académicos que trabajan en instituciones de educación superior en Chile lo hacen a honorarios, sin vacaciones ni seguro de salud, y con la incertidumbre de ser contratados al siguiente semestre.

Este modelo de financiamiento tiene muchas otras caras, entre ellas, la precaria situación de los ayudantes de docencia que cursan programas de pre y postgrado, y la vergonzosa tasa de académicos con jornada laboral completa en nuestro sistema universitario (según el mismo documento de la AAH, menos de un 27%). Estos antecedentes revelan que el trabajo científico y académico en Chile tiene, por diseño, un valor cada vez más bajo. El movimiento Ciencia con Contrato muestra y ataca una de sus manifestaciones más concretas, poniendo una vez más sobre la palestra la precariedad y los retrasos de nuestro sistema educativo y de producción de conocimiento; sin embargo, es necesario abordar el problema de manera sistémica para comprender su real magnitud.

Una forma integral de enfrentar los problemas asociados a la precarización laboral en el trabajo académico es mostrando cuáles son sus raíces estructurales. Esto implica develar los vínculos entre, por ejemplo, los problemas de seguridad laboral y la escasez de financiamiento institucional para la investigación, o la falta de participación democrática en las instituciones y la competencia individual por recursos. Esto apunta a demandar financiamiento directo para que las instituciones puedan contratar de asistentes y técnicos de laboratorio, y mantener vías de ingreso para académicos e investigadores jóvenes, y condiciones dignas de trabajo para todos los miembros de la comunidad.

Es necesario detectar y enfrentar los problemas fundamentales de la profesión académica: el desfinanciamiento de las instituciones educativas y la competencia como modelo de creación de conocimiento. Para esto es necesario elevar el conflicto a todos los actores sociales que se encuentren del lado del fortalecimiento del sistema educativo y de producción de conocimiento en nuestro país. La lucha por la dignidad de nuestro trabajo es de largo aliento, pero los aires que soplan en nuestro país nos dan la seguridad de que ya no estamos solos.

* Los autores son miembros de Conocimiento Colectivo. Joaquin Paillamanque, es bioquímico del Laboratorio en Virología, Universidad de Valparaíso; Manuel Rauch, es presidente del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias, Universidad Austral; y Pablo Contreras, es delegado de Postgrado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).