Cuando Ricardo Lagos arremetió en el debate constitucional reclutando a un transversal equipo de expertos en la materia, un mismo chiste se difundió por redes sociales: “Lagos está por la AC… por la Asamblea Concesionada”. Aunque no precisamente fundada en intenciones comprobables, la broma aludía a la entonces espontánea pero ya difundida idea de que bajo la bandera del cambio constitucional, ahora ondeada por el ex presidente y emblema de la “política de los acuerdos”, podía haber gato encerrado.

Luego vinieron los halagos de Eugenio Tironi a la Presidenta Bachelet por anunciar en cadena nacional el inicio, en septiembre de este año, de un proceso para cambiar la Constitución. Una semana más tarde, cuando la mandataria sumó la noticia del cambio de gabinete en entrevista con Don Francisco, el experimentado lobbysta reforzó las sospechas, añadiendo una incontenible señal de satisfacción con el curso que estaban tomando las cosas: "la persona a la que se le ocurrió es un capo di tutti", se aventuró a decir en una entrevista.

La madeja continuó desenredándose cuando se reveló que Rodrigo Araya, socio de la consultora Tironi Asociados, asesora a la Secretaría General de la Presidencia en la exploración de fórmulas de participación ciudadana para la creación de una nueva Constitución. Hechos en apariencia aislados empezaban así a figurar como las piezas del puzzle constituyente, uno en el que los protagonistas no son movimientos sociales ni partidos políticos, sino expertos privados y consultoras de comunicación estratégica.

Las elites se preparan

Claudio Fuentes, académico promotor de la asamblea constituyente e integrante de la Comisión Engel, se ha formado una opinión: “las elites políticas y académicas se están preparando. Se han dado espacios de discusión, particularmente en el CEP, en el grupo que congregó Ricardo Lagos y en los partidos de derecha, que han comenzado a reunirse para responder al tema constitucional. Yo creo que de ahí viene la principal respuesta a esta ambigüedad o proceso constituyente, como lo llamó la presidenta”.

El director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales lo dice con conocimiento de causa. El 14 de mayo le tocó participar en una de las tradicionales reuniones a puertas cerradas que encabeza Vittorio Corbo en el Centro de Estudios Públicos (CEP) para analizar el panorama político. En la cita, el tema central fue la reforma política y, en particular, a la Constitución. Exactamente un mes antes había estado en el mismo lugar el ex presidente Lagos, presentando junto a Enrique Barros un libro del CEP que recopila el trabajo de 30 profesores en Derecho sobre la reforma a la Carta Fundamental.

Para Fuentes, la ambigüedad de Bachelet es en realidad “estratégica, para ver cómo los actores políticos se van a posicionar. Yo creo que la presidenta está buscando, intencionada o no intencionadamente, ver qué piso hay para un acuerdo político”. Por lo mismo, no espera que el discurso de este 21 de mayo contenga algún anuncio en la materia: “lo que ella está haciendo es provocar que las fuerzas políticas se definan y eso lleve a un acuerdo que es necesario sí o sí sobre qué mecanismo utilizar”.

El involucramiento de un sector de la elite en torno a la cuestión constitucional y la activación de algunas consultoras, no preocupa al director del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Eduardo Saffirio, en tanto es parte del juego democrático, pero es enfático en señalar que lo decisivo corresponde a otra esfera: “un proceso constituyente se define por votos, sean de comisionados en una asamblea constituyente, un mecanismo que tiene plena legitimidad y frente al cual ningún demócrata debiera a priori sentir temor, sea por el número de votos en el Congreso Nacional”.

Sin embargo, el ex diputado asegura que la principal preocupación del centro de pensamiento que dirige, ligado al sector progresista de la DC, no es el procedimiento para una nueva Constitución, asunto que ha copado el debate público al respecto, sino el mucho menos abordado asunto de su contenido: “qué pasa con el catálogo de derechos fundamentales, que en mi opinión debieran sufrir una reforma sustantiva, pero también en su parte orgánica, en todo lo que son las instituciones y los mecanismos de participación y representación”.

Para Saffirio, en lo tocante a los contenidos no hay posibilidad de un acuerdo: “lo peor en este cuadro es tratar de forzar acuerdos que no existen. Aquí entre la centroizquierda y la derecha no hay ninguna posibilidad de acuerdos distintos a los relativos al procedimiento”. A su juicio, la posibilidad de superar la crisis de legitimidad y no eludirla, depende de que los partidos hagan “proposiciones sustantivas, que entre otras cosas pasan por privarse de poder y por rectificar prácticas y ethos completamente opuestos a una política de calidad”.

“Si los partidos siguen girando en la autosuficiencia, en torno solamente a los códigos del poder, de clientelismo, de copamiento de cargos, una política chata, sin ideas, obviamente sus propuestas van a ser muy malas”, sentencia.

Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario

En los partidos de la Nueva Mayoría, antes que propuestas acerca de cómo cambiar la Constitución y para qué, lo que hay son distintas interpretaciones de lo hasta ahora dicho por la Presidenta Bachelet. Así, cada partido o fracción de partido proyecta sobre la ambigüedad de la mandataria sus propios deseos y temores.

A pocos días de asumir como ministro del Interior, Jorge Burgos (DC) aseguró que la asamblea constituyente “como tal, no está en el programa de gobierno”, añadiendo que la idea de La Moneda sería “buscar un gran acuerdo, probablemente en el Congreso”. Sus declaraciones fueron secundadas por el subsecretario de su cartera, el socialista Mahmud Aleuy.

En el PS ahora encabezado por Isabel Allende, sin embargo, se niegan a tomar las palabras del segundo a bordo de La Moneda y del subsecretario del Interior como representativas de la real voluntad de Bachelet. Al respecto, el senador Alfonso de Urresti indicó que “me parece inadmisible que ellos emitan sus comentarios personales, sus temores, sus fobias, su conservadurismo. No sé si el señor Aleuy fuma opio como su mentor Escalona, pero la Presidenta no ha zanjado esta posición”.

Para el parlamentario por la circunscripción de Los Ríos todo es miel sobre hojuelas, incluso considerando la injerencia de Tironi en el diseño del proceso constituyente y los intentos de Lagos por fraguar un acuerdo transversal: “a mí me llena de optimismo, porque demuestra que hemos podido persuadir y sensibilizar sobre la necesidad de una asamblea constituyente; y si el ahijado de Pinochet, Allamand, o los fumadores de opio de Escalona se están moviendo, es porque están cambiando cosas”.

La ambigüedad de Bachelet tampoco es interpelada por Marca tu Voto, la organización responsable del posicionamiento mediático de la demanda por una asamblea constituyente. Su vocero, el socialista Genaro Cuadros, indicó que “los cabildos y consultas ciudadanas nos parecen de un estándar insuficiente para un proceso constituyente propiamente tal”, pero al igual que de Urresti menospreció las declaraciones de Burgos y Aleuy: "yo me quedo con las palabras de la presidenta, que es la jefa de todos ellos, que ha anunciado un proceso constituyente para septiembre".

Ecos del pasado

Salvo la DC y el PR, que este martes a través de sus timoneles pidieron a Bachelet comunicar cuál será el procedimiento para cambiar la Carta Fundamental en su discurso del 21 de mayo, el PS, el PPD y el PC optaron por acatar el plazo autoimpuesto por la mandataria: septiembre. Donde sí se cruzan dirigentes de todos los partidos del oficialismo es en la iniciativa de exigir un plebiscito para definir con participación ciudadana el modo para modificar la Constitución.

Este martes se comenzó a discutir la propuesta en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, a la que también acudieron los ministros Brugos y Jorge Insunza (PPD, ex Imaginacción), de la Segpres. En el Gobierno, no obstante la asamblea constituyente no ha encontrado más que portazos, sobre la idea del plebiscito hay más de un ojo puesto. El mecanismo ya se ha utilizado antes: la Constitución de 1980, de hecho, fue ratificada luego de algunas reformas tras el triunfo del NO mediante un plebiscito en julio de 1989.

En la derecha, en tanto, la consigna ya no es resistir. La UDI rechazó introducir cambios la Constitución, pero a la vez organizó a sus constitucionalistas para preparar el partido de cara al proceso. En RN, en tanto, se anunciaron dispuestos a participar en una reforma constitucional y convocaron una comisión especial para tal fin. Sobre el espíritu que anima el trabajo del espacio, Andrés Allamand señaló a Pulso que “si fuimos capaces en 1985 de llegar al acuerdo nacional, si en 1989 pudimos reformar la Constitución también bajo el Gobierno militar, si en el año 2005 logramos otro acuerdo constitucional, nosotros pensamos que existen las condiciones para alcanzar un acuerdo en esta materia”.

Así, bajo los ecos del acuerdo nacional de los '80, los defensores del modelo económico y social vigente comienzan a asumir la bandera de la nueva Constitución como propia. Haciendo menos ruido que sus contrincantes, se disponen a participar en eventuales ajustes. Ya tienen grito de guerra. Lo proveyó, quién más, Eugenio Tironi, pero esta vez aportando una mucho más clara razón de fondo en su columna mercurial: "para echar raíces en el Chile de hoy, el capitalismo debe romper el vínculo que lo ata con el régimen militar. Nada mejor para esto que una Nueva Constitución".