A través de un comunicado público, estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Santiago señalaron estar sorprendidos por las publicaciones de prensa y un informe de la Contraloría General de la República que involucra a la institución en situaciones que "afectan seriamente su imagen pública y la confianza interna en la toma de decisiones de las autoridades".

De acuerdo a lo expresado, los hechos se refieren a la licitación y construcción del edificio docente y centros de administración EDOC-USACH, adjudicados en 2012 por 10 mil millones de pesos a la empresa española ISOLUX-CORSAN. "Esta empresa, que contaba con un amplio historial de malas prácticas, efectuó el pago de coimas para adjudicarse el proyecto, liberarse de multas, obtener adelantos de dinero y acceder a prórrogas en los plazos de entrega de la obra convenida con la Universidad. Todo esto en conocimiento de autoridades de confianza del Rector que han puesto en riesgo el patrimonio de nuestra institución", señalaron.

Según un informe de Ciper, la construcción del edificio presenta un 20% de grado de avance, pese que debió finalizar su construcción en diciembre de 2014.

"Las irregularidades que se han visto reflejan una grave crisis de la actual institucionalidad y la necesidad de contar con un estatuto orgánico que garantice la separación entre las funciones normativas y ejecutivas, así como los debidos controles democráticos en la toma de decisiones", recalcó la comunidad universitaria.

Además, cuestionaron al rector Juan Manuel Zolezzi por haber ubicado a profesionales externos en puestos estratégicos de la gestión administrativa, sin considerar a profesionales de larga trayectoria en la institución.

"Denunciamos el incumplimiento del exento 4185 del año 2010, que “crea una comisión superior de gestión estratégica de construcciones para el desarrollo arquitectónico y urbanístico del campus universitario de la Universidad de Santiago”, con dependencia directa de Rectoría, la cual tenía como propósito velar por el cumplimiento del plan de infraestructura de la Universidad, así como supervisar, evaluar y controlar el uso de los recursos. Esto refleja que no hubo voluntad política para implementar y fiscalizar su funcionamiento. Cabe señalar que los miembros de esta comisión debían ser designados por el Rector con aprobación de la Junta Directiva", añadieron.

La comunidad instó a las autoridades a usar mecanismos que contribuyan a realizar una investigación completa de los hechos, asegurando que la Contraloría interna y la Dirección Jurídica de la Universidad de Santiago no son mecanismos que "garanticen una investigación imparcial cuando la dependencia jerárquica de sus funcionarios es de las autoridades superiores responsables de la gestión institucional".

Por último, solidarizaron con estudiantes, docentes, profesionales y administrativos afectados por problemas de infraestructura y llamaron a la comunidad universitaria en general a informarse sobre los hechos y a mantenerse alerta ante posibles movilizaciones.