Con el objetivo de constatar su estado de salud y escuchar las demandas de los huelguistas, el Presidente del PH, Octavio González, reconoció frente a ellos que sentía "una profunda vergüenza y una gran pena, porque la clase política se abstiene de lo más sencillo, que es el respeto a los Derechos Humanos y, al contrario, es indiferente a la dignidad de aquellos que lucharon por la recuperación de la democracia".

Alrededor de 15 personas iniciaron este proceso de reivindicación en Rancagua (junto con San Felipe) y la situación es extrema: realmente se están muriendo. Personas de entre 60 y 80 años, aseguran que "lo que no mató la dictadura, lo está matando la Nueva Mayoría". Ahora ya son 27 las localidades que se sumaron a la huelga de hambre.

Los ex presos políticos llevan 18 días sin comer y la única respuesta que han recibido por parte del Gobierno es un aumento de su pensión en $4.500. De 40 mil personas torturadas en dictadura, presentes en el informe Valech, ya quedan sólo 18 mil vivos. Según ellos, el Gobierno espera que se sigan muriendo para no tener que cumplir con un acuerdo de reparación, establecido el 10 de abril del 2014.

David Quintana, Presidente de la Agrupación de ex presos políticos de Rancagua, aseguró que "esta es una lucha nacional, porque en nuestro país se torturó de Arica a Punta Arenas y de mar a la cordillera, y estamos representando a todas y todos los presos políticos de este país. Lamentablemente, la comisión que está viendo esto piensa que este es un tema previsional. Cuando entiendan que esto es un problema político, lo vamos a solucionar. Nosotros sí queremos el raspado de la olla para correr los últimos cien metros camino al cementerio. Con dignidad, lo único que queremos es poder pagar la luz y el agua sin que nos corten el gas. Hemos rechazado la oferta del Gobierno y la vamos a seguir rechazando, no vamos a estar 18 días en huelga de hambre para recibir $4.500 mensuales".

Al mismo tiempo, Pedro Muñoz, huelguista miembro de la agrupación, comentó que el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, conversó con ellos y les pidió que fueran solidarios con los ancianos que reciben pensiones de 80 mil pesos. Según Muñoz "desde el año 94', cuando se promulgó la ley Retting, el Estado se ha ahorrado U$776.539.180 millones correspondientes a las pensiones que no se percibieron por muerte y no son capaces de solucionar nuestros mínimos problemas. El pueblo dio la lucha para recuperar la democracia y vinieron otros para quedarse con ella".

Ricardo Cerda, militante humanista de Rancagua, se ha mantenido solidarizando con la causa de los huelguistas y manifestó que "acá lo que están reclamando es dignidad y que se cumplan los acuerdos, tanto nacionales como internacionales, en derechos humanos. Estos viejos se están muriendo, ya el nivel del deterioro físico es muy grave. Este es un problema político, que no tiene nada que ver con el tema de las pensiones".

A su vez, Mario Labrin, profesor que fue prisionero y torturado, aseguró que "somos muchos los que no pudimos volver a nuestros campos laborales y que tuvimos que aprender a vivir de otra manera. El problema es que habían varios compañeros más viejos que yo, que trabajaban para el Estado y que no pudieron rehacer su vida. Acá hay compañeros que eran ingenieros y que les alcanza para pagar un arriendo en una pieza, pero tienen que ir a comer al Hogar de Cristo.  Hoy no tenemos pensiones dignas y vivimos en la miseria. Nuestro peor pecado fue no haber sido asesinados en la dictadura".

Quintana comentó también que "tanto el Partido Socialista, como el Partido Comunista perdieron la brújula en alguna parte y no han logrado reiniciar la conciencia política. Llegaron los tecnócratas a tomarse el poder y se olvidaron de la construcción popular. Agradecemos a los sindicatos y asociaciones que han venido a solidarizar con nosotros. Ningún dirigente del comité central, ni PS ni PC, ha sido capaz de venir. No tienen los cojones, porque están comprometidos con el gobierno y no creen en la lucha popular". Mientras que Labrin interrumpió diciendo que "hace más de medio siglo nosotros construimos esos partidos que ahora están en poder, nosotros los hicimos y ahora uno se siente tremendamente ridículo. Nos ignoran totalmente, los hemos llamado, les hemos escrito y nada".

Por otra parte, Muñoz asegura que a "Contreras se le da un millón de pesos en pensión y asesinó a mucha gente y está condenado a 300 años de cárcel y nosotros recibimos un promedio de 150 mil pesos, entonces es completamente injusto."

Además, el Presidente del Partido Humanista, Octavio González, afirmó que "esto es una vergüenza para todo el país. Con ellos se está muriendo la memoria, se está muriendo el respeto y la dignidad de un pueblo que luchó por los Derechos Humanos. No hay acto más heroico que mantener la dignidad a cuesta y sacrificarse uno mismo por algo para todos, que se considera valórico, real y profundo". Y finalizó diciendo que "no soy de la misma generación que ustedes, no viví lo que ustedes vivieron, pero siento vergüenza por la clase política, vergüenza por no poder hacer lo suficiente para ayudarlos y vergüenza por el modo en que se está administrando este país".

En tanto, Quintana confesó que fueron muchos de ellos los que trabajaron para la vuelta de Michell Bachelet al gobierno y aseguró que "nosotros no estamos culpando a Bachelet, pero lamentablemente la solución la va a tener que dar el gobierno de Michell Bachelet" y sentenció su declaración diciendo: "creemos que después de esta huelga de hambre no habrá otra oportunidad para nosotros. Estamos dispuestos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias."