Desde el 26 de marzo de 2015, el Parque Nacional Rapa Nui ya no está bajo el control de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Desde esa fecha, tampoco está recibiendo los US$ 60 o los $10.000 que pagaban turistas extranjeros y nacionales, respectivamente. Una organización de creación espontánea llamada Parlamento Rapanui, formada en 2001, ocupó pacíficamente los accesos a los principales sitios arqueológicos, impidiendo el acceso del personal de CONAF que se retiró sin altercados hasta el día de hoy. Además, comenzó a controlar la entrada de visitantes y a regular las actividades laborales en los sitios arqueológicos (guías turísticos), impidiendo que entraran guías no vinculados con personas rapanui. La decisión repentina de los dirigentes del Parlamento Rapanui recibió un apoyo masivo y claramente mayoritario de parte de la Comunidad insular aunque algunos detractores manifestaron en forma significativa sus críticas a la ejecución en la medida en que afectaban al propio pueblo rapanui. Debido a esto, un gradual proceso de acercamiento de posturas y búsqueda de consensos solucionó internamente hace un par de días los aspectos que causaban resquemor en algunos grupos en la Isla. ¿Cuál fue la razón de esta acción del Parlamento, secundado por el grueso de la Comunidad?

Una delegación de dirigentes políticos y representantes democráticos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) acudió a una reunión plenaria en el continente el día 25 de marzo. La intención era finiquitar el —ya dilatado– paso a trámite legislativo en el Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Control Migratorio. Este paso se encontraba retrasado desde el 2012 cuando se modificó la Constitución de la República (artículo 126 bis) que aprobó la noción de que la “libertad de tránsito” estaría restringida en lo que en 2007 se llamó “Territorios Especiales”, incluyendo a Rapa Nui. Sólo se debía definir de qué forma se iba a restringir el ingreso de personas a la Isla, lo cual fue trabajado durante casi tres años en forma interna en el territorio insular, culminando en una “propuesta” para el legislativo que era la que llevaba CODEIPA a la reunión. Además, se pretendía avanzar en un proyecto para una transición y, finalmente, un traspaso del Parque Nacional Rapa Nui a la Comunidad de dicha isla polinésica.

El segundo punto, del traspaso del Parque, recibió la aprobación para iniciar su proceso de consulta y posterior implementación (lo cual está por verse)… pero el primer punto, la propuesta de Ley de Control Migratorio, arrojó una desagradable sorpresa para los isleños presentes en la reunión. El abogado del Fisco había sido cambiado, y el nuevo abogado, el polémico Rodrigo González, no parecía dar garantías de llegar a acuerdo alguno. Su aseveración de que la propuesta presentada era “inconstitucional” y su pretensión de volver a “foja cero” todo el trabajo empeñado indignó a los representantes rapanui. Pese a que desde el primer gobierno de Bachelet se venía trabajando en la misma línea y a que la reunión era para pasar el documento al Congreso para su discusión de una buena vez, el abogado señaló que no podían hacerse cargo de “promesas hechas por gobiernos anteriores”. Los representantes isleños salieron indignados de la Mesa. Al día siguiente el Estado vía CONAF se vio obligado por el Parlamento y la Comunidad Rapanui a abandonar lo que llama “Parque Nacional” desde 1935. Fue una jugada calculada para presionar al vacilante Gobierno con el menor impacto posible para la población de dicho rincón polinésico.

Debido al profundo desconocimiento en el continente sobre la realidad rapanui, es de interés hacer un breve análisis de la situación neocolonial en la Isla, enfocándose en los tres ámbitos más sensibles para la Comunidad insular hoy en día: El ámbito demográfico, el patrimonial y el sociopolítico. De esta manera el lector podrá entender lo que llevó al pueblo insular a tomar, con gran sacrificio personal, una medida tan drástica.

La Ley de Control Migratorio a veces resulta difícil de entender para personas cuyo mundo es una enorme metrópolis o un continente vasto. La realidad de las Islas es completamente diferente y de ahí que Brasil lo entendiera con Fernando de Noronha en los años 80, Ecuador lo entendiera con las Galápagos en 1998, y Colombia lo entendiera con San Andrés en 1991, todas islas que tienen leyes especiales de migración. Chile, que todavía no parece entenderlo, no ha oído los avisos de alarma. La Ley de Control Migratorio era ya considerada una necesidad urgente por el Parlamento Rapa Nui en el documento que elaboró dicha organización para la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del Gobierno chileno en el año 2002.

Una isla con una superficie de 163,6 km² y un área urbanizada (Hanga Roa) que no alcanza a ser un cuarto de dicha superficie, ha sufrido un crecimiento explosivo a causa de la inmigración descontrolada, principalmente aunque no exclusivamente, de personas desde el continente. Ese año 2002 se efectuó un censo de población que estimaba el total en 3800 habitantes. Diez años después, el controvertido censo de 2012 arrojó la irrisoria cifra de 5800, la cual es imposible de creer considerando que el padrón electoral 2013 tiene más de 4600 votantes. Y aquí no se consideran ni los menores de 18 años, ni los inmigrantes continentales llegados hace pocos años que no han cambiado su domicilio electoral, ni los extranjeros residentes —varios sin visa de trabajo–. Las estimaciones de la población total varían entre 7000 y 9000 habitantes, sin considerar a la población flotante de turistas, que en Febrero puede llegar a 2000 personas extra.

Las razones de la llegada de inmigrantes a la Isla varían aunque se debe principalmente al aumento del turismo y, por consiguiente, de la infraestructura hotelera. El desprecio de algunos empresarios turísticos por la mano de obra local, ha generado la contrata masiva de personal, recién llegado, sin arraigo y poco calificado desde el continente a quienes pueden pagar sueldos relativamente bajos para el costo de vida de la Isla. Con este mercado laboral ampliado al continente, un gran número de isleños ha quedado marginado de la fuerza laboral local. Con todo, los sueldos en la Isla se siguen manejando cifras brutas mayores a las del continente lo que continúa atrayendo un flujo casi permanente de mano de obra importada. La, hasta hace poco, tranquila vida a un ritmo más lento, era otra razón por la que familias de inmigrantes se radicaban en Pascua. Sin embargo, dicha tranquilidad se está esfumando con el ingreso de drogas duras, la llegada de algunos delincuentes con amplio prontuario policial, el aumento en los robos, riñas y otros hechos de violencia.

Otros problemas generados por la sobrepoblación de la Isla (número de habitantes que ya ha sobrepasado la capacidad de carga con la infraestructura y los servicios actuales), se centran en el abastecimiento de la isla. Los problemas en los servicios básicos (agua, luz, etc.) que han llevado a la inutilización de algunos pozos de agua por descenso en la presión y contaminación con agua salada, la necesidad de adquirir una nueva planta generadora a diésel con un aumento en los costos para la población, entre otros. El desabastecimiento ocasional con el atraso o descompostura de alguno de los tres barcos de carga que visita la Isla ha llevado a que pasen semanas sin gas licuado en Rapa Nui o, como hace algunas semanas, una gran escasez de agua embotellada, indispensable para la labor turística. Las dificultades enormes para adquirir pasaje con tarifa de residente en LAN, aerolínea que mantiene el monopolio de la ruta aérea, debido a que —desde los años 70 con un 15% de la población actual– sólo 10 asientos por vuelo tienen esa tarifa (en acuerdo con LAN por su posibilidad de reabastecerse de combustible a tarifa preferencial, sin impuestos, en Mataveri), no han podido ser subsanadas del todo pese al aumento de los vuelos. La congestión vehicular durante ciertas horas al día en las pequeñas calles del pueblo, repletas de baches por la sobrecarga, no tiene nada que enviarle a la de algunas ciudades.

Esto hace surgir una pregunta a muchos isleños que oyen continuamente de parte de algunas autoridades locales un fatigado discurso. Uno que pone énfasis en una palabra cuyo real significado nadie entiende: “desarrollo”. ¿Es este el desarrollo que desde los tiempos de Policarpo Toro en el siglo XIX se viene pregonando? ¿Y por qué autoridades locales han caído en ese concepto materialista del desarrollo, a veces disfrazado con adjetivos de poca realidad en la práctica actual como: “sustentable”? Hawai’i y su capital Honolulu son un ejemplo de una localidad originalmente polinésica que se ha desarrollado de esta forma. Una ciudad con barrios ultra lujosos, calles impecables, movilización pública de primera categoría, museos… y también casinos, resorts, hoteles cinco estrellas, privatización de todo y una cultura autóctona moribunda, asimilada, aculturada, que ha perdido desde su idioma hasta su identidad propia en una metrópolis mulicultural. Al menos el entorno natural de Hawai’i con su extremo verdor y su fauna marina autóctona aún mantienen una cierta aura de exotismo. Me imagino que aquí en Rapa Nui donde incluso el paisaje ha sido modificado con un 95% de especies introducidas, no se quiere esa clase de “desarrollo”. Uno que incluye la aniquilación irreversible de una cultura de más de 1000 años. Incluso para el turismo sería algo perjudicial en extremo, considerando que el visitante viene a sentirse en un rincón de la Polinesia con una cultura viva y no en una aldea neocolonial sudamericana. Puede que suene un poco exageradamente dramático, pero es el rumbo que sigue la Isla con la tónica actual si no se hace nada al respecto. Es necesario deshacerse de los prejuicios de un paraíso idílico polinésico para entender la situación real.

En cuanto al ámbito patrimonial, la situación del 42% de la Isla que es considerado Parque Nacional es deprimente. El estado de abandono de las ruinas megalíticas se hace evidente a través de la incompetencia de la dirigencia de CONAF para proteger siquiera los sitios más importantes. Jamás, excepto alguna rarísima vez, se han visto guardaparques en los sitios de Vinapú, Te Pito Kura, Ahu Akivi, Puna Pau, Akahanga y Vaihu (Hanga Te’e), los cuales son visitados por varias decenas (a veces hasta centenares) de turistas cada día. A veces ni siquiera se ven guardaparques en Tahai, Tongariki o Anakena, sitios inmensamente importantes por su historia. Esto deja únicamente —y a medias—resguardados Orongo y Rano Raraku, a veces escasamente con un guardaparques. Ni hablar de los lugares menos visitados, ruinas megalíticas como Ahu Tepeu, túneles de lava como Ana Te Pahu, senderos de trekking como la subida a Ma’unga Terevaka o la ruta de la costa norte vía Hanga Oteo. Las “puestas en valor” de algunos sitios son penosas, poniendo invasivos y antiestéticos cercos de madera como “gran solución”. Los esfuerzos de conservación que alcanzan apenas para un moai al año (con suerte dos como se pretendía el 2015), continúan en la misma línea. Entonces saber que el 40% de los recursos generados por vía de Entradas al Parque Nacional vuelven al continente como “excedentes” de los gastos operativos y fondos de reinversión, desafía toda lógica.

¿Es sólo incompetencia e ineficiencia de las autoridades de CONAF para administrar los recursos o éstos simplemente no son suficientes para un Parque Nacional con tal cantidad de vestigios a proteger? Con el proyecto Ma’u Henua ésta situación podría mejorar considerablemente, viéndose desde ya una mayor preocupación por los sitios de parte de la Comunidad empoderada. El consenso entre los que sin salario alguno cuidan los sitios desde el 26 de marzo es que CONAF no puede volver a hacerse cargo de la parte patrimonial, sino que la idea es que continúe como entidad asesora y, principalmente, dedicada al vivero y a la reforestación. Todo lo anterior se engloba en una necesaria política de restitución general al pueblo rapanui de las tierras inscritas por el Fisco en 1933 entre las que está el actual “Parque Nacional”. Esto aparentemente no será completado hasta que se resuelva el tercer ámbito: el político.

La situación política en general está determinada por la reforma a la Constitución que estableció la Isla como “Territorio Especial” en julio de 2007. Esta todavía espera una “ley orgánica” que establezca un Estatuto Especial de Autonomía Administrativa. Lamentablemente, la República sólo ha tenido, a lo largo de su historia, una actitud reactiva. De no ser por la Rebelión de Angata hace 101 años, el Estado nunca hubiese establecido una presencia real a través de un Subdelegado Marítimo, que pudiera mediar entre los isleños y una empresa colonial ovejera que los explotaba. De no ser por la revolución pacífica de 1964, liderada por Alfonso Rapu, la Isla continuaría bajo las normas y reglamentos de la Armada y no existiría ninguna clase de Estado de Derecho en Pascua. De no ser por las intervenciones del Consejo de Ancianos en los años 80 e inicios de los 90, el Gobierno no hubiese modificado para el caso rapanui la Ley Indígena, con el fin de responder a la cosmovisión de su pueblo. De no ser por las tomas del aeropuerto de Mataveri, el Gobierno quizás nunca hubiese tramitado la reforma constitucional de “Territorio Especial” para la Isla.

Todo lo anterior se debe a la ignorancia y desinformación generalizada que existe en el continente acerca de la Isla. De esto, en gran parte somos responsables los mismos rapanui. Con el dilema entre fomentar el turismo y enfrentar la realidad más dura, hemos enfatizado todos los aspectos positivos de la Isla. Esto tiene como consecuencia que la clase política chilena viene únicamente a disfrutar del festival cultural Tapati Rapa Nui, durante Febrero, o de vacaciones para bañarse en las aguas turquesa de Anakena. La salvedad fue la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato que en 2002 intentó buscar soluciones para los dilemas estratégicos de la Comunidad. Lamentablemente, ninguna consecuencia perdurable se consiguió a partir de dicha Comisión.

En Rapa Nui existe la conciencia de que es necesario trabajar con el Gobierno para avanzar en estos temas. Pero es necesario reestablecer las confianzas: No basta con nuevas patrañas, promesas vacías en las que transcurren años y nada ocurre. En vista del desinterés chileno, no es intención de los isleños molestar a la República. La situación política obliga, debido a que el mismo Estado ha contribuido a una situación de dependencia de la Isla del continente. Dependencia que es tan absoluta que no tenemos representante alguno de la Comunidad en ningún puesto en ningún poder del Estado que pueda alzar la voz por su pueblo. El pueblo rapanui no quiere exigirle al Estado nada más que el cumplimiento del Acuerdo de Voluntades de 1888, celebrado entre José Manuel Balmaceda (vía Policarpo Toro) y el ariki Atamu Tekena. El mismo hecho de anhelar un Estatuto Especial de Autonomía Administrativa es prueba de que queremos hacernos cargo de nuestro propio destino, asociados y vinculados con Chile, pero no dependientes de Chile, de sus cambios de gobierno y del ánimo de sus políticos.

Cristián Moreno Pakarati, Historiador (PUC), Sociedad Histórica Ahirenga. Rapa Nui, Abril 2015

Publicado originalmente en http://www.uchileindigena.cl/el-caso-rapa-nui/