Un transversal rechazo entre los actores del mundo educacional ha generado la idea de financiar la gratuidad de la educación superior a través del cobro de un impuesto para los estudiantes titulados asociado a sus rentas. A las críticas emanadas desde la dirigencia de los estudiantes universitarios se sumó el rechazo de los rectores.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), aseguró que “esta propuesta no ha sido parte de las conversaciones que ha habido en materia de financiamiento de la gratuidad entre el Cruch y el Mineduc”. Y, consultado por La Tercera, añadió que “sería muy difícil interpretar eso como gratuidad universal”.

Para Valle la medida “equivale a generar otro endeudamiento en los estudiantes, a negar la gratuidad a quienes se titulen”. Además, señaló, tendría “un efecto aún más grave, porque necesariamente debería generar una carga impositiva adicional para quienes se gradúan, pues no tendría sentido eximirle de otros impuestos y en eso se vulnera un principio de igualdad ante las cargas públicas”.

En tanto, el rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez se preguntó qué sucedería “si hay un estudiante del 10% más pobre que estudia Ingeniería en Minas y que tiene un gran sueldo al egresar, él va a tener muchos recurso para devolver, pero si su familia sigue sumida en la pobreza creo que es más importante el desarrollo de su núcleo familiar a que devuelva los recursos”.

El mecanismo también fue cuestionado, aunque no está de acuerdo con la gratuidad universal, por el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez: “ésta es la letra chica de Bachelet, es una mala idea porque primero da cuenta que la gratuidad no es tal, es diferir el pago al futuro que lo hace bastante parecido al crédito".