En agosto de 2012 un proyecto de reforma constitucional fue presentado por los diputados Aldo Cornejo, Gabriel Silber, Ricardo Rincón, Mario Venegas, Sergio Ojeda y Gabriel Ascencio. La iniciativa buscaba incluir en la lista de autoridades susceptibles de ser objeto de una acusación constitucional al general director de Carabineros, al director general de la PDI, al fiscal nacional y a fiscales regionales.

La semana pasada el debate resurgió en el Congreso, ya que diputados de la UDI anunciaron la presentación de una moción similar, aunque reducida a las autoridades del Ministerio Público.

En declaraciones a El Mercurio, el diputado Rincón (DC) aseguró que cuando Carabineros y la PDI pasaron a depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública "nosotros la presentamos (la iniciativa), porque encontramos que existían ciertas asimetrías constitucionales frente a órganos de máxima importancia", añadiendo que la posibilidad de remoción de sus autoridades quedó limitada y que "lo más directo y claro es la acusación constitucional".

Los parlamentarios DC Ricardo Rincón y Gabriel Silber rechazaron la moción de los diputados UDI por considerarla sesgada e inoportuna. Pero dispuestos a reabrir el debate se mostraron el senador Pedro Araya (independiente, bancada DC) y Eugenio Tuma (PPD).

"Estoy dispuesto a estudiar el proyecto de la UDI o a reflotar iniciativas que presenté cuando era diputado; está la necesidad de poder acusar constitucionalmente a los fiscales y establecer su responsabilidad civil por errores que se pudieran producir en las investigaciones", señaló Araya.

Tuma, en tanto, aseguró que "comparto el espíritu de lo que presentan los parlamentarios en orden a una vigilancia de un poder del Estado que los fiscalice", agregando que "el Ministerio Público ha actuado con absoluta independencia, pero está en el ambiente la sensación de que todos los poderes tienen que estar fiscalizados".

El jefe de bancada del PPD Jorge Tarud, discrepó con sus pares, señalando que "ciertamente que se necesita un tipo de fiscalización, no pueden ser superpoderes autónomos", pero "en estas circunstancias, me huele como una amenaza a los fiscales, para intentar inhibirlos".