El próximo miércoles 4 de marzo, el caso Penta vivirá una audiencia clave, en la que la investigación será formalizada y 10 de los involucrados serán imputados por diverso delitos como delito tributario, lavado de activos, soborno y cohecho. Entre ellos se encuentran los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además de cinco altos ejecutivos del grupo. A ellos se suma el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y dos fiscalizadores del Servicio de Impuestos internos (SII).

La instancia estará marcada por la presencia del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió directamente las dos aristas relacionadas al caso Penta. Tras leer los cargos que se les imputan, el persecutor deberá solicitar medidas cautelares en contra de los formalizados y según La Tercera, el destino de los controladores de Penta ya estaría negociado.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por el matutino, este punto habría sido abordado últimamente por el abogado Julián López, representante de Lavín y Délano, y habrían comenzado tras las declaraciones de sus representados entregadas a la fiscalía el pasado 5 y 6 de enero. En dicha oportunidad, la fiscalía habría negociado no solicitar la prisión preventiva, sino arresto domiciliario, tras conseguir que los imputados colaboraran con la investigación.

Sin embargo, dicho acuerdo habría perdido fuerza después que el fiscal nacional conociera nuevos antecedentes en el caso. Su llegada al caso pone en entredicho los términos del acuerdo, ya que aún no se conoce su postura al respecto.

Fuentes cercanas citadas por el matutino indican que la decisión de solicitar arresto domiciliario no sólo se sustenta en la disposición a colaborar, sino a que es la medida precautoria que corresponde, tanto por la pena a la que se exponen -máximo de 5 años por delito tributario y soborno en su grado menor- como por la irreprochable conducta anterior de Lavín y Délano.