La “destacada” industria extractiva nacional hace bastante tiempo dejó de ser el “sueldo de Chile”, dado que buena parte de sus beneficios económicos se quedan en el sector privado. Actualmente podemos decir que existe una socialización de los impactos negativos y una privatización de las ganancias, considerando, además, que con el pasar de los años la minería se ha transformado en un mega-motor de contaminación e inequidad, afectando a gran parte de los ecosistemas del norte-centro del país y soslayando los derechos de las comunidades locales. Hecho que las organizaciones ciudadanas no han dejado pasar desapercibido, ya que durante el 2014 los impactos socio-ambientales del sector fueron un tema recurrente en el debate público y en la agenda política del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

Al observar como diversas organizaciones ciudadanas de base han intentado frenar proyectos mineros que los afectan y no respetan las regulaciones vigentes, incluidos convenios internacionales, vemos que el recurrir a los Tribunales de Justicia es uno de los caminos que ha rendido frutos. Gracias a este medio es que en el mes de octubre del 2014, las comunidades Huascoaltinas lograron que la Corte Suprema dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del controversial proyecto minero El Morro, de propiedad mayoritaria de GoldCorp, el cual no cumplió debidamente el proceso de consulta indígena como ordena el Convenio 169 de la OIT. Asimismo es que en el mes de marzo el Segundo Tribunal Ambiental multó y paralizó el proyecto Pascua Lama, dado los 22 incumplimientos a la RCA que identificó la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que instó a que Barrick Gold apelara por la multa a la Corte Suprema, lo cual fue fallado a fines de diciembre, la empresa por su parte, en el mes de abril, dio a conocer un memorándum de “entendimiento” (negociado) con comunidades del Valle del Huasco, todo esto con el fin de destrabar las exigencias que le han realizado las comunidades al proyecto.

Los hitos mencionados anteriormente, ejemplifican la crisis de gobernabilidad a la que propende el sector y, además, evidencian la sesgada visión cortoplacista que han presentado los últimos gobiernos de turno en la materia, la cual se ha centrado en fomentar la inversión a costa del sacrificio socio-ambiental de las comunidades locales que conviven con los enclaves mineros (o islas), los que por cierto están destruyendo su patrimonio natural, cultural, el tejido social y contaminando irreparablemente su entorno.

Si bien, la problemáticas socio-ambientales ligadas a la minería marcaron la agenda política del año 2014, el registro de daño ambiental del sector posee una larga data. Un ejemplo claro de ello son las 777 instalaciones mineras abandonadas que a la fecha registra Sernageomin, gran parte de éstas no consideradas en la Ley de Cierres de Faenas e Instalaciones Mineras (Ley N° 20.551), ya que ésta sólo se refiere a las faenas que entraron en vigencia luego de la aprobación de la Ley de cierres–vigente desde el 11 de noviembre del 2012–, por lo tanto una vez más comprobamos que el Estado, no se está preocupando del centenar de faenas mineras abandonadas a lo largo del país, mucho menos de los impactos ambientales y los efectos en la salud de las personas que éstas pudiesen producir. Y lo que es más preocupante aún, la ley de cierre de faenas mineras, actualmente está siendo modificada en el senado, rebajando aún más la responsabilidad de las empresas. Todo lo anterior, nos lleva a decir que la institucionalidad no está dando respuesta a los problemas  de la población y uno de los caminos para resguardar el derecho de las personas es la justicia y por ende las acciones judiciales.

En este contexto y dada la “desaceleración económica” que está viviendo el país, las proyecciones de inversión de la minería han sufrido un duro revés. Según Cochilco, para su cartera de proyectos de inversión (2014-2023), la que se compone de 53 iniciativas y cuya inversión es de US$ 105.000 millones, siete proyectos sufrieron la postergación de su puesta en marcha entre uno y tres años, provocando que las proyecciones estimadas para los próximos nueve años sean menores a las que se establecieron en la cartera anterior (2013-2021), las que ascendían a US$112.000 millones de inyección de capital. El hecho preocupó al sector minero, lo que tuvo como resultado que el  gobierno y su gabinete elaboraran un informe en el cual se establecen diversas medidas para agilizar la tramitación de proyectos de inversión. Este proceso estuvo a cargo del titular de hacienda, Alberto Arenas, quien en el mes de noviembre le presentó a la presidenta Bachelet un Informe con 27 medidas, las que pretenden realizar modificaciones a diversas políticas públicas que tendrán influencia en materia ambiental, con el objetivo de obtener mayor flexibilidad para las inversiones, particularmente las asociadas al sector eléctrico y minero.

Gesto político que demuestra los intereses y las prioridades del gobierno y que además, clarifica que el ejecutivo en su conjunto no tiene una visión común y por tanto, difícilmente podrá resolver problemáticas socio-ambientales de fondo. Por el contrario, está profundizando la conflictividad del sector, ya que la Ministra Williams, aprovechando la coyuntura asociada a la agilización de inversiones, anunció que buscará destrabar 10 proyectos de su cartera, considerando entre éstos a las iniciativas: mineras Cerro Colorado (BHP), Quebrada Blanca (Teck), Dominga (Andes Iron) y El Morro (Goldcorp); todos proyectos que han presentando serios conflictos con las comunidades locales.

En síntesis y como bien lo plantea el Balance Ambiental 2014 realizado por Fundación Terram titulado “Sacrificando Chile Por la Inversión, Presidenta: ¿Zonas de Sacrificio o Justicia Ambiental?, (disponible para descargarlo en www.terram.cl) durante el año que culmina la presidenta Bachelet dio señales de estar a favor de políticas pro inversión, las que no están considerando las voces y solicitudes ciudadanas que apuntan a fortalecer el resguardo de los ecosistemas, regular la contaminación, respetar los derechos de las personas y  comunidades; sino, por el contrario, el ejecutivo ha hecho oídos sordos a las peticiones populares y pretende incorporar acciones y generar políticas que agilicen los procesos de inversión.

Este gesto político marcará el escenario minero 2015, es por esto que como ciudadanos nos seguiremos preguntando si las eventuales e inminentes problemáticas ambientales que se nos avecinan, seguirán canalizándose a través de la movilización social y la denuncia, o de una vez por todas,  la institucionalidad ambiental servirá de marco para proteger nuestros derechos.