Principios de “discrecionalidad” y “desigualdad” caracterizan en la actualidad las modalidades de asignación de recursos, tanto públicos como privados, a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Chile. Así lo demostró el estudio “Diagnóstico, mapeo y sistematización de mecanismos públicos de financiamiento hacia las OSC en Chile” (estudios completos se encuentran en www.accionag.cl), desarrollado en el marco del proyecto “Mecanismos innovadores de sustentabilidad para garantizar la actoría social y política de las OSC en el desarrollo del país”, que está llevando a cabo la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN, en consorcio con la Red de Voluntarios de Chile y la Universidad Central, y que cuenta con financiamiento de la Unión Europea. Estos datos fueron presentados en el seminario “Financiamiento de la Democracia: ¿Cómo se sustenta la participación social organizada?”.

El estudio concluye que, “una porción considerable se mantiene bajo la estructura propia de las ‘dádivas’ gubernamentales”, dado que los mecanismos predominantes son las subvenciones y subsidios (98%), sin criterios estandarizados de asignación, por sobre los fondos concursables (2%). Entre enero de 2007 y junio de 2013 los ministerios subvencionaron a 562 instituciones, organizaciones y empresas, por un monto total de $24.813.094.736. La media de estas asignaciones fue de 44 millones de pesos, y se identifican 45 instituciones a las que se les adjudicaron más de 100 millones en dicho período, sumando en conjunto $18.264.603.172, lo que representa un 73,60% del total de las subvenciones; como Fundación Un techo para mi país, Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, entre otras.

Respecto de los fondos concursables, más del 50% de éstos se destinan a medios de comunicación regionales, asociaciones de formación laboral y fomento regional, juntas de vecinos, comités de adelanto y organizaciones vecinales. Las organizaciones que obtienen menos recursos son las ONG de desarrollo y, dentro de ellas, las vinculadas a las llamadas temáticas emergentes, como diversidad sexual, VIH o migrantes donde, además, las políticas públicas son más débiles. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuenta con 10,39 veces más recursos que el Ministerio de Desarrollo Social destinados a fondos concursables, y éstos últimos están dirigidos a proyectos, en su mayoría, de entre seis meses y un año de duración.

Por otro lado, las donaciones de privados ascienden a más de 7 mil millones de pesos en seis años, y sus principales receptoras son fundaciones ligadas a los gremios empresariales, corporaciones ligadas a los gobiernos municipales y entidades vinculadas a la Iglesia Católica.

Miguel Santibáñez, presidente de ACCIÓN, señala que, en definitiva, “en la actualidad los fondos públicos a los que puede acceder la Sociedad Civil en Chile provienen de un modelo inorgánico, con carencias estructurales y con información dispersa, marcada por un sesgo en la definición de las áreas temáticas financiables. Por un lado, tenemos fondos concursables reducidos y acotados a temáticas determinadas por el gobierno de turno. Y, por otro, subsidios y subvenciones que apuntan esencialmente a tercerizar la ejecución de políticas públicas en el ámbito de pobreza”.

“Es por esto que postulamos que hay un terreno vacío en cuanto al financiamiento basal para todo el espectro de las organizaciones de desarrollo que, por definición, deben tener autonomía en sus agendas para cumplir su rol de defensa de derechos y bienes comunes. Existe consenso respecto del valor que aporta la participación ciudadana no partidista a la democracia. Por lo tanto, la sustentabilidad de las organizaciones debe ser garantizada por ley, protegida por el Estado, y un principio de la nueva Constitución”.

“A las Organizaciones de la Sociedad Civil no se les reconoce valor político”

La secretaria ejecutiva de ACCIÓN, Loreto Bravo, plantea que “existe el problema conceptual de que a las organizaciones de la sociedad civil no se les reconoce valor político, por lo tanto, no se fomenta ni se protege. El actual debate sobre financiamiento público de los partidos políticos sólo podrá ser legítimo para la ciudadanía si se refiere a una conceptualización más amplia: el financiamiento de una democracia de calidad, representativa, participativa, que conjugue procedimientos electorales con mecanismos deliberativos, en que la sociedad organizada tenga un rol protagónico”.

El ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde- durante el lanzamiento de los estudios- reconoció que “parte del desafío que tenemos por delante es cómo construimos una mejor democracia para Chile, cómo generamos las condiciones y modificaciones en los ámbitos legal, particularmente en el ámbito Constitucional, y en el sistema político-institucional, para que este último responda de manera adecuada a lo que son las demandas ciudadanas”. Y “más importante que cuánto cuesta, es cuánto contribuye que las OSC cuenten con financiamiento estable y permanente para realizar su trabajo y contribución a una mejor democracia, y cómo establecemos un mecanismo debidamente regulado, que garantice que estos recursos se distribuyan de manera adecuada”.

Elizalde, además, valoró la contribución que realizan las OSC para “involucrar a la ciudadanía en la discusión pública, visibilizar derechos, ideas y valores de diversos sectores de la sociedad; muchos de los cuales no existirían en la esfera pública si no fuera por la actividad de éstas, elementos que son relevados en los estudios que hoy se presentan y discuten”.