El proyecto minero portuario Dominga, a cargo de la empresa Andes Iron SpA, continúa dando que hablar, luego de que el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), denunciara posibles presiones sobre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su aprobación.

La minera, de propiedad de Carlos Délano –fundador del grupo Penta- se encuentra actualmente en evaluación ambiental. Pero, según Modema, a pesar que 15 de los 18 servicios evaluadores realizaran una declaración de inconformidad con respecto al proyecto, el SEA continuaría insistiendo con el proceso actual.

La nueva polémica se originó luego de que la Conaf se pronunciara con respecto al área de influencia del proyecto, argumentando que éste generaría impactos significativos sobre la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt “como resultado de la ejecución directa”.

Sin embargo, con fecha 5 de diciembre el SEA emitió un oficio dirigido a la Conaf, en donde solicita “aclarar fundadamente las actividades propias del proyecto que a juicio de su institución generarán impactos significativos”. Segun Modema, estas palabras claramente dan cuenta de una intención del Servicio de Evaluación Ambiental para que Conaf eche pie atrás en sus observaciones.

“Cabe hacer presente que si bien el titular reconoce que el proyecto Dominga se emplaza en un contexto regional y local de diversidad biológica de alto valor (…), el mismo no considera o reconoce que las actividades contempladas en el proyecto generen impactos ambientales que tengan un efecto negativo”, como se menciona en el oficio del SEA.

En este sentido, Andrés Álvarez, presidente de Modema, asegura que este proyecto fue malo desde el inicio, por lo que correspondería devolverlo al titular.

“Finalmente se están ocupando todos los instrumentos técnicos de los servicios públicos para mejorar un proyecto de mala calidad, mal elaborado y mal ejecutado, que cada día está teniendo cambios significativos. Entonces, lo más prudente hoy en día es que ese proyecto se devuelva al titular y que vuelva a ser reingresado al sistema”, asegura Álvarez en conversación con El Desconcierto.

Tanto la empresa minera como el SEA se encontraban bajo la lupa, luego que se investigaran pagos desde Andes Iron SpA al ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, durante el proceso de aprobación de la etapa de prospección de la minera. Esta situación motivó al Consejo de Defensa del Estado a querellarse contra del ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera.

“Al final, por muy técnico que sea el análisis de un proyecto, la decisión termina siendo política. Y los políticos obedecen a la presión política. Esto es lo que vemos hoy en día con el caso Penta. De este modo, los aportes reservados los obligan a hacer presión por sobre los servicios (públicos) para que aprueben los proyectos de los grandes conglomerados económicos, que son los que finalmente financian sus propias campañas. Ese matrimonio entre la clase política y el mundo privado se tiene que terminar en Chile”.

En relación a la minera, el presidente de Modema asegura que éste no es compatible con las actividades que se desarrollan en la localidad, y tampoco ofrece un “verdadero desarrollo” para la comuna ni para el Estado.