Actualmente, Chile es uno de los pocos países en el mundo que proscribe el aborto, generando un problema que trasciende desde la mujer, a las familias y a la sociedad entera.

El aborto es un tema social, un tema de todos y de todas, y que sin embargo ha sido entendido como una problemática netamente femenina. Por cierto que lo es. Prohibir el aborto es prohibir definitivamente la libertad de la mujer, quien queda sujeta de por vida a una maternidad no deseada, o marcada por las graves consecuencias de un delito sexual, o de una patología irreversible y letal en su descendencia. En otros casos, definitivamente prohibir el aborto resulta una prohibición directa a decidir por la vida, cuando el embarazo pone en grave riesgo la vida e integridad física y psicológica de las mujeres.

Sin embargo, debemos entender que el aborto trasciende a este esencial elemento que es la libertad de la mujer y traspasa barreras que son comunes y de dominio público. Una mujer forzada a la maternidad, es en muchos casos también un padre obligado a la paternidad, es una familia colocada en una posición imposible, y finalmente, es una sociedad entera que crece y aumenta en base a la prohibición.

Hasta hoy, la lucha por el aborto es una lucha similar a la que se dio por el voto femenino, una reivindicación de libertad, de reconocimiento social y político.

Digo reivindicación, porque la decisión es un derecho que existió en Chile y que fue arrebatado a la mujer con absoluta impunidad, todo en el contexto de un país oprimido por una de las dictaduras más sangrientas de América Latina.  A fuego y fusil nos acallaron, disciplinaron y nos impusieron un modelo no sólo económico, sino que una cultura basada en el miedo, la culpabilidad y el dogma.

Somos varios los que hemos luchado por cambiar este modelo y esta cultura, sin embargo son diversos los frentes que aún se resisten a la necesaria democratización social y política de nuestro país. La labor de legalizar el aborto representa una causa más entre otras tantas que tienen por horizonte lograr el desarrollo igualitario, justo y participativo de nuestra sociedad.

En esta justa tarea, es ineludible encontrar opositores, una oposición cada vez menor, muy dogmática y con menos fundamentos. Muchos han buscado imponer sus ideas y su moral: Arzobispos, Diputados, Senadores, Exministros, Expresidentes, medios de comunicación y líderes de organizaciones  mal llamadas “pro-vida”, todos representantes de un poder añejo, totalizante y conservador, que patalea por mantener su escaño, metáfora de una cadena atada en la moral y libertad social.  Sienten que, entre los muchos privilegios que históricamente se han autogenerado, poseen también está la potestad infame para arrebatar a la mujer el derecho a decidir sobre sus cuerpos, incluso cuando su vida  y su integridad física y/o psicológica está en riesgo.

En esta discusión que es común y de todos, muchos hombres (e incluso mujeres) han decido mirar desde una posición de confort, con egoísmo y siguiendo el patrón cultural individualista – que a todos y todas nos toca de alguna manera-.  Es decir, “este no es mi problema, que otros decidan”. Esta posición niega algo esencial a las mujeres: su condición de ciudadanas plenas. De esta forma se niega un derecho tan básico como es el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Este último mensaje es altamente contradictorio comparado con otros que han sido emitidos por ciertos sectores de nuestra clásica política, que hoy discute proyectos de ley que buscan mayor participación y representatividad de las mujeres en temas públicos.  Este extraño y confuso mensaje termina por sentenciar: “decidan sobre los asuntos públicos y sociales, pero no todos los asuntos”. Finalmente, tal pretensión postula elevar la voluntad de las mujeres en los temas país, cuando en lo medular, no pueden tomar una decisión sobre un territorio mínimo y propio: su cuerpo.

Debemos apoyar este debate político y acompañar a las mujeres en esta demanda que busca recuperar lo arrebatado, avanzando hacia un país más democrático.

Sostenemos que esta libertad de decidir sobre la vida y salud propia, debe ser absoluta; sin embargo, dado nuestro contexto y la urgencia en asegurar una base que al menos garantice cierta protección y dignidad a la mujer, debemos recuperar el derecho a decidir en tres causales, estas son: aborto de embarazo por causa de violación, en caso de riesgo vital de la mujeres; y por inviabilidad fetal. Éste será un punto de partida relevante, pero que sabemos insuficiente si queremos y deseamos que las mujeres ejerzan plenamente todos sus derechos.

El próximo martes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución, se realizará una manifestación en favor de la legalización del aborto, la que ha sido convocada por diversas  organizaciones que buscan se reconozca el derecho de todas las mujeres a decidir y regular el acceso libre, seguro y oportuno a un procedimiento de aborto.

El llamado es poderoso, no sólo por la exigencia de reconocimiento político que hay en él, es también potente porque es una exigencia a terminar con un Chile excluyente y ferozmente desigual.  Las mujeres no están solas, pues todos, hombres y mujeres, somos responsables de  construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria.  Nos vemos entonces el martes a las 6PM.