El modelo de capitalización individual diseñado e implementado durante la dictadura cívico-militar chilena tiene serias dificultades para cumplir con los objetivos básicos que debería tener cualquier sistema de pensiones en un país democrático, esto es, proteger a las personas frente a la vulnerabilidad repartiendo el riesgo mediante el aseguramiento colectivo y prevenir la pobreza durante la vejez, contribuyendo a la mejora de los aspectos distributivos en la sociedad.

Existe un alto nivel de malestar ciudadano con el sistema actual de las AFP y mayoritariamente se demanda un cambio sustantivo -“no cosmético”- en el proceso de discusión de posibles reformas que se están llevando a cabo. Este malestar tiene relación con un problema de “suficiencia”, es decir, con pensiones excesivamente bajas, con tasas de reemplazo muy inferiores a lo que se prometió cuando se implementó el modelo en la década de los 80’. Las pensiones actuales y futuras no le permiten a la mayoría de la población cubrir un nivel de vida digno según los actuales patrones de consumo (salud, alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte, recreación, etc.)

Bajo el actual sistema no es posible para la mayoría de la población, aspirar a mejores pensiones. Esto debido a que en primer lugar, la realidad que impone el mercado del trabajo sobre las y los trabajadores, marcada por la inestabilidad y todavía alta informalidad, deviene en frecuentes lagunas de cotización (tramos en la vida laboral en que el trabajador, al no tener ingresos, no puede ahorrar para su vejez) que finalmente dificulta llegar a acumular un ahorro suficiente para asegurar una pensión digna. El panorama se vuelve más complejo al considerar el caso de las mujeres, quienes se ven particularmente afectadas por su menor o irregular participación laboral, en parte importante agravada por las dinámicas reproductivas que implican que las lagunas de cotización sean en este caso mucho más severas, y por tanto, su capacidad de ahorro, menor. Asumiendo que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor a la de los hombres, ellas son castigadas con una pensión más baja ajustada por el número de años que probablemente vivirán al jubilarse. En el caso de las mujeres que tienen lagunas previsionales producto de períodos de maternidad, éstas se asumen individualmente, invisibilizando el que la labor reproductiva atañe a la sociedad en su conjunto y por tanto los riesgos asociados debieran asumirse de esta forma.

En segundo lugar, en ausencia de un mecanismo solidario de aseguramiento colectivo frente a los riesgos derivados de la vejez, los ingresos en esta etapa de vida y los riesgos consecuentes están casi exclusivamente determinados por el nivel de ahorro individual alcanzado durante la vida laboral bajo el actual sistema. En este sentido, no existe una garantía universal de ingreso en la vejez al menos equivalente al salario mínimo, situación que se agrava para los trabajadores de menores ingresos, y en especial, para las mujeres. Asimismo, hay un grupo significativo de la población mayor de 65 años que no recibe pensión de ningún tipo.

En tercer lugar, la situación actual del sistema de pensiones no garantiza una vejez sin pobreza. Por una parte, el promedio de las pensiones recibidas a octubre de 2014 (según la Superintendencia de Pensiones) es de $194.597 monto inferior al salario mínimo. Asimismo, cerca del 75% de la población mayor de 65 años continúa trabajando dada la imposibilidad cubrir sus gastos con las pensiones recibidas. La proporción que representan las pensiones respecto de los salarios obtenidos durante la vida laboral –la tasa de reemplazo- llega al 45.5% en el caso de los hombres y tan solo 36.6% en el caso de las mujeres, muy distante del 70% prometido por la reforma de 1980. En este sentido, es posible afirmar que las pensiones actuales no alcanzan para sustentar un nivel de vida adecuado.

En cuarto lugar, debe considerarse el hecho que el ahorro no es un mecanismo eficaz para aumentar las pensiones dado la misma naturaleza de éste. Dicha afirmación se explica porque la construcción de pensiones vía ahorro depende de dos elementos. El primero de ellos corresponde a los niveles de ahorro individual, vale decir a la tasa de cotización. Actualmente la industria pide incrementar los niveles de ahorro por medio de un aumento en la tasa de cotización. Sin embargo, esta política tiene un efecto marginal en el corto y mediano plazo en el ahorro y en las pensiones finalmente recibidas. Por ejemplo, si se aumentara la tasa de cotización en 20% – pasando de un 10% a 12% - las pensiones se incrementarían también en un 20%, suponiendo que se cotice durante toda la vida laboral a esa tasa. Sin embargo, si se considera el caso de un trabajador que cotiza sólo un año extra con una tasa del 12%, la pensión final solo aumentará en un 0,3%, mientras que si cotiza la mitad de su vida laboral al 10% y la otra mitad al 12%, la pensión final aumentaría recién en un 7,2%. El segundo elemento es la rentabilidad de los ahorros. Un indicador para predecir la rentabilidad futura de los fondos de pensiones es la tasa de interés con que se calculan las Rentas Vitalicias, las que a finales de los noventa tenían un valor cercano al 6% y que actualmente bordean el 2,5%. Esto implica que se espera que las rentabilidades de largo plazo sean cada vez menores, lo cual hace del ahorro un mecanismo cada vez menos eficaz para construir pensiones dignas.

En quinto lugar, el sistema no explicita enteramente cobros asociados a la administración financiera de los fondos. Mientras la industria reconoce efectuar un cobro promedio de 1,4% del salario bruto imponible por sus servicios, no se recuerda que es el mismo D.L 3.500 en el Art. 45 bis el cual permite descontar los costos de administración e inversión de las utilidades que reciben los ahorros que son invertidos en el extranjero y en fondos mutuos nacionales. Dichos pagos no son recibidos por las AFP, sino por las instituciones que éstas contratan para invertir ese dinero fuera del país. Esto quiere decir que, además del porcentaje del salario que cada trabajador le paga a las AFP para administrar sus ahorros, se le cobra una comisión adicional que se descuenta de los fondos invertidos en el exterior. La suma del pago de estas comisiones representa un 65% de las utilidades que recibieron las AFP durante el año 2013, la mitad de los costos totales reportados por las AFP a la Superintendencia de Pensiones y un 0,3% del fondo de pensiones ese mismo año.

En sexto lugar, la industria afirma que el sistema de las AFP es privado. Actualmente, de todas las pensiones pagadas en Chile, considerando tanto las AFP, el IPS, las pensiones castrenses, el Pilar Solidario y otras, solo el 17% es financiado vía ahorro individual. Si nos concentramos en las pensiones pagadas por las AFP, solo 58,6% de las pensiones son financiadas vía contribuciones individuales y la rentabilidad de éstas. El monto restante es pagado indirectamente por el Estado a través de bonos de reconocimiento. Por lo que es posible afirmar que el sistema de pensiones no es privado, sino que se encuentra altamente subvencionado.

En resumen, el sistema de las AFP no ofrece seguridad alguna a sus afiliados, es discriminador hacia las mujeres, no entrega beneficios acordes a las necesidades mínimas de la tercera edad, no va a ser capaz por si solo de generar pensiones dignas, es confuso y caro para sus usuarios y finalmente, ha sido altamente subvencionado por el Estado. Si a lo anterior agregamos que el sistema AFP está íntimamente relacionado con la especulación financiera, con la volatilidad bursátil a escala global, y que permiten dar acceso a un financiamiento barato para los grandes grupos económicos y a la banca, reproduciendo las desigualdades sociales y participando activamente de escándalos empresariales tales como el caso Cascada o La Polar, es que se requiere un cambio profundo al sistema.

Este cambio estaría dado por una serie de transformaciones estructurales que aborden, entre otros aspectos:

i. la garantía mínima de una pensión en el nivel del salario mínimo,

ii. la incorporación de un pilar de reparto para su financiamiento y que proteja de manera universal y solidaria frente a los riesgos de la vejez,

iii. la ampliación del pilar solidario y la eliminación progresiva de criterios para su focalización,;

iv. definición del actual sistema de capitalización individual como uno de carácter voluntario y complementario al pilar de reparto, dentro del cual se permitan incluir nuevos actores sin fines de lucro,

v. obligatoriedad de aportes patronales para complementar la actual tasa de contribución.

Bajo este enfoque de Seguridad Social, el Estado debe tener una participación protagónica en la protección social de los ciudadanos y ciudadanas, comprendidos como sujetos de derechos sociales, cambiando la lógica actual de las inversiones asociadas al sistema de pensiones hacia una que busque financiar proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable del país. Esa es la tónica de la respuesta que la ciudadanía espera de la comisión asesora presidencial y de la voluntad política del gobierno para llevar a cabo reformas sustantivas, insistimos “no cosméticas”.