La Estrategia Nacional de Salud correspondiente a esta década, establece como uno de sus principales objetivos el promover la calidad de atención de salud en un marco de respeto de los derechos de las personas. El cumplimiento de esta iniciativa representa un claro desafío para los actores institucionales y sociales implicados en el campo de la salud mental. De acuerdo al Informe Diagnóstico de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad mental publicado en mayo del presente año por el OODDHH, se identifican importantes barreras institucionales, normativas legales y prácticas sociales del modelo de atención en salud mental, que estarían actuando como obstáculos para el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de la comunidad de usuarios de salud mental en Chile.

La política de salud mental en nuestro país administra recursos, regula sistemas de atención y financiamiento, dispone metas de cobertura y establece parámetros de gestión colectiva de los problemas de salud mental bajo la preeminencia del modelo médico. Aún es incipiente el desarrollo de un enfoque integral e interdisciplinario, en base a campos de estudio y modelos de intervención psicosociales en los equipos de salud mental a partir de un modelo denominado “comunitario”. La limitación interna de la política de salud mental comunitaria reside en prescindir de la importancia de la participación de la comunidad en todo lo referente a la continuidad de cuidados, desarrollo integral y bienestar colectivo. En este sentido cabe preguntarse ¿En qué medida es relevante en el campo de la salud mental la reconstrucción del lazo social, el arraigo cultural, el apoyo mutuo y la solidaridad grupal en la comprensión y planificación de las necesidades subjetivas, en las discusiones de los problemas de bienestar y en la construcción de soluciones desde la comunidad?

La Organización Panamericana de la salud (OPS) y la Organización Mundial de la salud (OMS) a través del Consenso de Brasilia (2013) definen que es fundamental que los usuarios de servicios de salud mental y sus familiares participen en la construcción de las políticas públicas, en la gestión y evaluación de los servicios, así como en la elaboración de leyes que garanticen, promuevan y fortalezcan derechos humanos, destacando los espacios colectivos de toma de decisiones. A pesar de estas recomendaciones, la institucionalidad estatal de nuestro país no posee mecanismos que posibiliten la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de formulación, aplicación, gestión y evaluación de las políticas públicas de salud mental. Los objetivos de planificación en salud mental de los organismos de gobierno responden a los intereses y privilegios de un reducido comité de expertos, así como las indicaciones para mejorar las acciones programadas se definen en base a las sugerencias y recomendaciones de un círculo de asesores, sin considerar el rol de todos los actores involucrados, desestimando la participación ciudadana en este proceso.

Como OODDHH tenemos el deber de poner de manifiesto que esta representa una forma ilegítima de proceder. Desde nuestro posicionamiento crítico de la institucionalidad estatal, nos preguntamos si los funcionarios de gobierno, “expertos” en salud mental, han considerado preguntar la opinión a los propios individuos que afectarán directamente las políticas y normativas que están desarrollando. Frente a esto, los fundamentos y principios de la democracia participativa, señalan la importancia de establecer mecanismos regulares para convocar consultas vinculantes con la ciudadanía, garantizando que las opiniones de los colectivos, organizaciones y  movimientos sociales (agrupaciones de personas con discapacidad mental, psicosocial y sus familiares) sean considerados en el desarrollo de la política pública de Salud mental. Si asumimos los principios de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, se hace necesario que los organismos de gobierno desarrollen un proceso abierto, inclusivo y participativo con la comunidad de usuarios y ex usuarios para definir los contenidos de una eventual Ley de salud mental y nuevo Plan nacional de salud mental.

Al respecto, la comunidad de usuarios de servicios de salud mental posee una baja participación en los programas de salud mental, un alto nivel de deserción a los planes de tratamiento, y una marcada tendencia a realizar evaluaciones más negativas de la atención recibida en comparación a los familiares que viven con ellos y los profesionales que forman parte de los equipos de salud. Por lo tanto, promover acciones orientadas a reconocer y valorar las perspectivas y orientaciones de la comunidad de usuarios así como promover su participación efectiva en la elaboración de un diagnóstico crítico, alternativo y propositivo de la realidad actual de la salud mental en Chile, constituye un paso fundamental para garantizar el reconocimiento, ejercicio y defensa de derechos de las personas que reciben atención en los servicios de salud mental de nuestro país, proponiéndonos como objetivo el desarrollo de herramientas que nos permitan avanzar en la construcción de una sociedad donde este escenario sea posible.

Para construir una realidad social que haga efectiva la participación comunitaria como ejercicio de derechos, deben confluir dos elementos: promoción de la conciencia de derechos, bajo el modelo de recuperación/fortalecimiento que implica la promoción de capacidades y un poder al interior de la comunidad de usuarios intentando movilizar la propia percepción sobre los derechos, sus capacidades y potencialidades, para ejercer los derechos que son titulares. Por otra parte, la construcción de una cultura de derechos en los establecimientos y equipos de salud mental, iniciativa que debe implicar la promoción de oportunidades institucionalmente reconocidas para la comunidad de usuarios que se expresen en el marco jurídico, las relaciones sociales y la distribución de los recursos. Ambos procesos deben darse conjuntamente, ya que puede existir un marco legal con un vago reconocimiento formal, sin un sujeto que garantice y haga posible el ejercicio real de los derechos, así como puede haber una comunidad organizada y un movimiento social que tropiece con barreras materiales y marcos institucionales que nieguen permanentemente la posibilidad real de ejercicio de derechos.

En este sentido, las limitaciones estructurales que restringen el desarrollo de un enfoque de derechos en salud mental son propias de un modelo de Estado neoliberal que no reconoce derechos y no posibilita las condiciones para su ejercicio en los demás ámbitos de la vida en sociedad. Reconocer el valor de la participación de los usuarios de servicios de salud mental es una premisa básica para concebirlos como agentes de cambio y no sólo como beneficiarios de políticas públicas o cifras estadísticas de cuadros diagnósticos. Asumir que son protagonistas en este proceso, es una alternativa clave para transformar los desequilibrios en la distribución del poder en nuestra sociedad. Para superar esta lógica carente de legitimidad, creemos que una ley de salud mental no debe hacerse a espaldas de la ciudadanía por un grupo de funcionarios de gobierno que determine unilateralmente qué es lo mejor para las personas a quienes afecta. En el debate sobre una ley de salud mental el punto de vista de la comunidad de usuarios es fundamental, en la medida que los derechos sociales y recursos públicos deben orientarse a promover su inclusión social y calidad de vida, bajo los principios de igualdad de oportunidades y autonomía en la toma de decisiones. Si ellos no están presentes, gran parte del proceso podría estar bajo cuestionamiento o directamente considerarse inválido.

Considerando lo anterior, en la constitución del grupo de trabajo “Hacia una ley de salud mental” del OODDHH en un primer momento se consideró la necesidad de valorar la voz y la experiencia de las personas que se atienden o se han atendido en servicios de salud mental para construir una propuesta en esta línea. Sin embargo, nuestras limitaciones para hacer parte a la comunidad de usuarios de este proyecto y una sincera autocrítica respecto las posibilidades de instrumentalización, que implicaba desarrollar una iniciativa definida a partir de nuestros parámetros, nos llevó a limitar nuestras expectativas y valorar las fortalezas individuales que este grupo ha podido congregar hasta la fecha (principalmente profesionales). En este sentido, para ser coherentes con nuestros principios e ideales, creemos que desarrollar proyectos de investigación participativa y ampliar iniciativas donde la comunidad de usuarios tenga un rol clave y protagonista es un elemento clave a considerar hacia el futuro.

En esta perspectiva, los invitamos a participar de las jornadas de discusión del documento “Fundamentos para una Ley de Salud Mental y Principales Derechos a Garantizar”. Convocamos a la comunidad de usuarios y ex usuarios de servicios de salud mental así como organizaciones sociales y ciudadanos interesados en el tema a participar de la primera jornada de discusión a realizarse el día 28 Octubre de 14:00 a 17:00 hrs. en la sala Mónica Suárez 2 de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile (Independencia 1027, Santiago). En una segunda instancia, la convocatoria está orientada a profesionales, académicos e instituciones del campo de la salud mental los que están invitados a formar parte de una segunda jornada de trabajo a realizarse el día 4 noviembre de 18:30 a 21:30 hrs. en la sala B de la Escuela de Enfermería de la misma casa de estudios. Se realizará una presentación con los principales contenidos del documento y una metodología de trabajo grupal sobre los temas abordados, con el objetivo de problematizar y enriquecer la propuesta elaborada, considerando la opinión y punto de vista de los participantes del encuentro. Esperamos que este material sea una herramienta incipiente para un amplio y participativo debate colectivo en la construcción de un movimiento social por los derechos en salud mental, iniciativa en que los profesionales podemos estar involucrados, pero cuya iniciativa debe ser liderada necesariamente por la comunidad de usuarios.

Todos juntos debemos enfrentar el desafío de desarrollar acciones y alternativas para democratizar la salud mental en Chile, pero a su vez, cualquier Ley de salud mental, por más participativa que sea en su construcción, debe ser permanente revisada y nuevamente elaborada, sobre todo si se enmarca en una constitución política y un modelo de Estado que no es democrático en su origen y fundamento, en un modelo económico que es profundamente desigual y excluyente en la distribución de los recursos, de esta manera, la presente realidad de los derechos humanos en salud mental ofrece un panorama desolador, donde las políticas focalizadas y asistencialistas de los gobiernos de turno, serán insuficientes para el cumplimiento de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía. Nuestra propuesta, es fortalecer las bases sociales para emprender un camino colectivo hacia la justicia social, en la construcción de un Estado que garantice derechos sociales para todos. Ese es nuestro compromiso.