La soberanía nacional contra los fondos buitres
[caption id="attachment_26068" align="alignleft" width="350"] Goya. El buitre carnívoro (serie: Los desastres de la guerra)[/caption]
Desde su cese de pagos en 2001, Argentina ha hecho dos intentos de reestructurar su deuda para poder pagarla sin destruir su economía y sus servicios de gobierno. 93% de los prestamistas aceptó la reestructuración, pero las empresas conocidas como "fondos buitres" ahora poseen la deuda restante.
Estos fondos buitres compran la deuda de los prestamistas originales a una fracción de su valor, debido a una pérdida de confianza en que se pagarán las deudas. A continuación, utilizan todas las medidas legales que tienen para conseguir todo el dinero de los préstamos como sea posible. Por lo tanto, se alimentan de la carne de préstamos muertos: los fondos buitres.
Un juez de los Estados Unidos, Thomas Griesa, dictaminó recientemente a favor de estos fondos, diciendo que Argentina tendría que cumplir con su obligación de pagar la deuda en su totalidad aun cuando las empresas que poseen dichos fondos buitre se niegan a trabajar en un acuerdo de reestructuración.
El derecho internacional es esencialmente no vinculante; técnicamente, las naciones conservan su soberanía en su propio suelo, e incluso los juicios en la Corte Internacional de Justicia de la ONU son esencialmente sólo recomendaciones. Pero Argentina tiene mucho que perder de no llegar a un acuerdo o no pagar las deudas.
En primer lugar, habría una dramática pérdida de la confianza económica en Argentina al nivel mundial, lo que tendría consecuencias importantes para ese país. En segundo lugar, y más polémica, los fondos buitres han demostrado su capacidad de congelar de forma directa o confiscar activos argentinos en el extranjero.
En 2012, un fallo judicial en Ghana permitió la detención temporal del buque de la Armada Argentina, el ARA Libertad, en el nombre de los acreedores de Argentina que se les debía dinero. Argentina tiene grandes activos dentro de las instituciones financieras estadounidenses, así, que, basado en las más recientes sentencias de EE.UU., sería relativamente fácil de congelar o decomisar si Argentina no coopera.
Fernández ha reaccionado enérgicamente contra el fallo de Griesa, echando mano de la retórica ideológica contra el sistema que permite a las corporaciones controlar asuntos de gobierno. En su discurso ante la ONU la semana pasada, ella llamó a los fondos buitres "terroristas económicos", y abogó por normas internacionales para la reestructuración de la deuda y el proceso legal.
Para ir junto con sus palabras, Fernández y el gobierno argentino han tomado medidas de acción, de modo de mantener un cierto nivel de control sobre la situación. El juez Griesa colocó a Argentina en desacato a la corte cuando se promulgó en ese país una ley que obliga a depositar los pagos de su deuda en Argentina (fuera de la jurisdicción de Griesa), en lugar de los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de la polémica y las acciones, Fernández se ha ocupado de repetir la intención del Estado de Argentina para pagar todas sus deudas. De esa suerte, Argentina está desafiando el sistema que puso al país en esta difícil situación, y al mismo tiempo tratando de impedir que el sistema económico mundial se estrelle contra su país.
Muchos han señalado el creciente poder de las corporaciones transnacionales, y el poder decreciente de los estados en el mundo, principalmente a medida que crecen las empresas y encuentran más formas de burlar o controlar los intereses de los estados. Argentina no es el único que intenta combatir esta tendencia. Una gran mayoría de los estados miembros de la ONU votaron hace un par de semanas la resolución 60/304 que busca reestructurar la deuda externa de todos los países.
Esto podría ser un cambio, pero todavía es muy poco claro lo que va a pasar con el poder de los Estados soberanos mientras la globalización avanza.