Desde hace años la ciudadanía viene solicitando una mayor participación en el desarrollo energético y eléctrico del país. Esto se ha visto reflejado en diversas iniciativas y movimientos ciudadanos; como lo es la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria de Energía (CCTP); los diversos movimientos sociales en contra de la construcción de mega represas, considerando entre éstos a Patagonia Sin Represas y los opositores al proyecto Alto Maipo, por nombrar algunos; y, como efecto de la creciente necesidad de viabilizar la voz ciudadana, la alta judicialización de los proyectos eléctricos. Puntos que establecen una creciente inestabilidad en el sector y, que por ello, ponen a la participación ciudadana como un eje central del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y de la Agenda Energética del País.

En este marco, la sociedad civil ha sido bien clara en plantear la interrogante: ¿Para qué y para quién es la energía en Chile?. A modo de recuerdo, según los datos que proporciona la Agenda de Energía, sólo 28 establecimientos productivos consumen el 21% de la energía total del país, y el sector industrial y minero consumen un 39% de ésta y un 67% de la producción eléctrica total. Hechos que dan fuerza y convicción a los cuestionamientos ciudadanos, ya que éstos se han visto forzados a recibir una electricidad que proviene de una matriz cara, sucia y muy contaminante. Situación que se ha profundizado debido a falta de planificación y regulación del sector y, por sobre todo, a la ausencia de una participación ciudadana efectiva y vinculante en la toma de decisiones de la materia. Lo que se complejiza aún más si se toma en cuenta que los grandes sectores industriales negocian directamente con las generadoras eléctricas el precio del MW a diferencia del ciudadano medio que no tiene esta opción.

En este sentido, es necesario que el  gobierno considere un desarrollo energético más inclusivo y sustentable. Si bien, se han desarrollado iniciativas gubernamentales que propenden a considerar las falencias expuestas –como lo es la iniciativa Energía 2050–; éstas no establecen cómo se hará efectiva la voz ciudadana, ni mucho menos si ésta es vinculante, lo cual plantea una gran interrogante sobre si es bueno o no participar.

Al revisar la apuesta energética del gobierno en el corto y largo plazo, se desprende una clara tendencia a la generación termoeléctrica, cuya principal fuente energética de abastecimiento sería la importación de Gas de Esquisto o también llamado Shale Gas,  energético que según las palabras del Ministro Pacheco, estaría llegando a los puertos nacionales a finales del 2015 o a comienzos del 2016.

Si bien el Shale Gas podría traer reducciones en los precios de la electricidad y propendería a descarbonizar nuestra matriz eléctrica, sus efectos en el medio ambiente son claramente visibles y poco difundidos, entre ellos un alto consumo de agua y contaminación, e inestabilidad de los suelos, entre otros. Puntos importantes a considerar al momento de gasificar nuestra matriz, dado que la producción y uso de dicho energético está prohibida en muchos países europeos debido precisamente a los nefastos efectos que éste produce en el medio ambiente.

En este sentido, la sociedad en su conjunto no ha discutido abiertamente sobre los beneficios y/o problemas que traería gasificar la matriz eléctrica nacional, ni ha cuestionado la forma de producción asociada a la obtención de Gas de Esquisto. Asimismo, esta gasificación de corto plazo, dificultaría el desarrollo eólico, solar y geotérmico nacional. Energéticos que conformarían una matriz eléctrica más diversificada, limpia, menos dependiente de la importación de hidrocarburos y que, a la vez, fomentaría un desarrollo energético local.

En síntesis, es necesario que las intenciones políticas asociadas a la inclusión ciudadana sean claras respecto a la forma en que se tomaran las decisiones del sector energético, para que se concreten y sean efectivas desde ya. El desarrollar negociaciones y acuerdos de abastecimiento de Shale Gas en el corto plazo, denota una vez más la poca disposición que tiene el gobierno para generar una planificación del sector que sea participativa y vinculante. Como bien lo plantea la Agenda Energética, es necesario un nuevo paradigma energético nacional, pero si éste no considera las necesidades ciudadanas, no resguarda los ecosistemas y no respeta el derecho a que las comunidades vivan en un medio libre de contaminación, el futuro energético nacional seguirá siendo bastante incierto.