Tras ser retirada  en marzo pasada, la “Ley de Obtentores Vegetales” -conocida como “Ley Monsanto-, se encuentra en pleno proceso de socialización encabezada por el Ministerio de Agricultura, que ya está trabajando en una nueva versión de un cuerpo legal para regular el mercado de las semillas.  

La “nueva ley Monsanto”, está siendo estudiada por la cartera liderada por Carlos Furche, y desde el viernes 12 de septiembre, se dio inicio a una serie de consultas con organizaciones sociales y agrícolas, así como los grandes productores de semillas, en las que Hugo Martínez, asesor ministerial, tendrá el difícil rol de redactar la nueva ley acogiendo las posturas de los distintos grupos de interés.

En la primera reunión, Martínez se reunió con los representantes de Chile sin Transgénicos, liderados por su co- fundador Iván Santandreu, además de integrantes de la Fundación Sociedades Sustentables.

“Esta ley sí o sí tiene que reformularse. Se tiene que hacer porque al haber aprobado el convenio UPOV 91, en mayo de 2011, esto nos obliga a hacer una ley local que refleje ese convenio” aseguró Iván Santandreu, pero agregó que “el convenio mismo es como draconiano, porque está pensado para las grandes corporaciones, para los obtentores y en desmedro de los agricultores pequeños y medianos, etc”.

Para el co-fundador de Chile sin Transgénicos, el proyecto del gobierno anterior era muy polémico, y no tomaba en cuenta la opinión de ninguno de los afectados, pero la actual administración atendió la preocupación ciudadana en esta materia, y aseguró que  “ellos mismos reconocen que actualmente es posible registrar una variedad nativa como nueva por parte de una gran corporación”, situación que ellos esperan sea corregida en la nueva ley que preparan en el ministerio.

En la reunión, según informó la organización de Santandreu en un comunicado, el nuevo cuerpo legal regularía el registro de nuevas variedades vegetales asegurando los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías semilleras, pero también incorporaría un registro de las variedades agrícolas tradicionales, a fin de evitar la apropiación por parte estas mismas empresas bajo el convenio UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, acta de 1991, al cual Chile adhirió en mayo de 2011).

Los representantes de Chile sin Transgénicos y de Chile Sustentable presentes en dicha reunión, manifestaron su preocupación por los plazos de implementación, ámbito y financiamiento de dicho registro, así como también la necesaria puesta en machar previa al registro de propiedad intelectual de nuevas variedades vegetales por parte de las compañías productoras de semillas.

Asimismo, Santadreu mencionó que sea cual sea el sistema de registro, es muy probable que éste no pueda incorporar todas las variedades de semillas tradicionales, ya las formalidades en cuestión implican un registro, factura y publicación científica. “Todos comprenderán que comunidades agrícolas locales e indígenas no están interesados en andar registrando estas cosas, ni publicando papers”, indicó.

El biólogo aseguró que la actual legislación permite a las grandes compañías registrar “especies nuevas puestas a punto por la empresa o que sean descubiertas”, lo que permitiría que alguien, “cual Cristóbal Colón” se apropie de una especie como nueva, y aseguró que “ese es el mayor riesgo” de cara a la nueva legislación.

“Las comunidades locales indígenas se basan en el trueque. Cuando compras algo no esperas que te den una factura”, resume el representante de Chile sin Transgénicos.

Además las organizaciones recalcaron la necesidad de realizar una consulta indígena referente a la redacción del nuevo cuerpo legal, enmarcado en el convenio 169 de la OIT, que si bien no es de carácter vinculante, parece un paso imprescindible para avanzar en una ley que permita el mayor consenso posible.

Santandeur recalcó que “ha habido un cambio de actitud con el nuevo gobierno” y rescató el proceso de consulta realizado a las organizaciones y comunidades agrícolas. “Antes todo eran entre cuatro paredes, y si te gusta bien y si no bien también, y se iba al Congreso directamente” aseguró el biólogo. Sin embargo, agregó que también observa un buen manejo político “de dejar a todo el mundo contento con algo para que las cosas salgan” y calificó los intentos por conciliar las distintas posturas como “algo así como la justicia en la medida de lo posible”.

Finalmente, según indicaron las organizaciones que se reunieron con Martínez, el gobierno espera tener el proyecto de ley listo a fin de año, y según afirmó Santadreu, “se planteó la posibilidad de que pudiéramos revisar el proyecto antes de que ingrese al Congreso, que sería lo ideal, porque ahí siempre se entrampan vía indicaciones”, concluyó.