El debate sobre la reforma educacional ha estado centrado en dos ejes fundamentales: la gratuidad y el fin al lucro. Es un error abordar las complejidades del sistema de educación chileno reduciéndolas a estos dos elementos, puesto que los nefastos resultados que ha traído consigo la mercantilización del conocimiento no se van a resolver automáticamente con la gratuidad (que en realidad será no más que un variación en la forma de pago) y poniendo “fin al lucro”, lo cual se traducirá en un cambio del modelo de administración de los establecimientos, dejando intacto y sin cuestionamientos el sistema de subvenciones.

La idea de que la educación es un “instrumento de ascenso social”, que incluso es afirmada con algo de descuido por las propias dirigencias, es el espejismo que esconde la realidad que encuentran miles de profesionales universitarios ante la inestabilidad laboral o la cesantía prolongada luego de obtener sus títulos, puesto que contar con uno de esos cartones lejos está de ser una plataforma para acceder a un nivel de vida “superior”.

Hace algunos años las escuelas de postgrado hicieron su arribo a las Universidades. Las exigencias provenientes desde el mercado laboral indicaban que para acceder a un mejor empleo los profesionales deberían darle continuidad a sus estudios, por lo que hacer un postgrado en estos días se ha convertido casi en una obligación. La inversión que ello implica es al mismo tiempo la recepción de recursos frescos para las instituciones que los imparten, ya que las posibilidades de obtener una beca para estudiar un diplomado, un magíster o un doctorado son sumamente complejas. Paralelamente, la opción de acortar las carreras a cuatro años –tal como lo afirmó el Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre– viene a sentenciar la precarización del pregrado, medida que lejos está de resolver la baja empleabilidad de muchas carreras debido a la saturación de profesionales en el mercado laboral.

La masificación y la diversificación son los dos pilares de las transformaciones estructurales que sufrió la educación superior en los años ochenta, manifestándose en la apertura indiscriminada de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, y la aparición de nuevas disciplinas profesionales, muchas de ellas de baja proyección. Asimismo, la flexibilización para el acceso a los sistemas crediticios entregó sintonía a la relación entre extensión de la oferta y cobertura al creciente aumento de la demanda, como efecto del despliegue del marketing publicitario que estimulaba el que “inversión en educación es ascenso social y superación de la pobreza”.

Resulta contradictorio que las estrategias puestas en curso por las fuerzas políticas que han apostado a conducir al movimiento estudiantil –que con arrogancia se autodenominan como “bloque de conducción”– no incorporen al debate esta arista, más aún cuando en el discurso dicen ser portavoces de los intereses de todo un pueblo. De todos modos, superar estas miradas tan acotadas requiere rebasar los mezquinos horizontes reformistas y aquellos que pretenden “humanizar” el capitalismo bajo la consigna de “cambiar el modelo”.

Situar el problema de la educación en la gratuidad de esta es no reconocer la realidad, más aún cuando quienes agitan estas ideas han ido estrechando sus lazos con el poder, asegurándose así un destino en alguna fundación (a veces las de sus propios partidos), en una institución del Estado o bien encabezando una empresa familiar. A ellos hay que decirles que los jóvenes populares no deciden estudiar para comenzar una carrera política y que la educación universitaria no es un pasatiempo, porque en ella se han depositado las esperanzas de miles de familias trabajadoras que creyeron en la posibilidad de que sus hijos no corrieran el mismo pasar que sus padres en la vida, postergando su propia estabilidad por aquello que les aseguraron sería “una buena inversión” para el futuro.

Dar cuenta de estos aspectos resulta primordial ante la pobreza de los planteamientos que han ido prefigurando lo que será definitivamente la reforma educacional impulsada por el gobierno de la Nueva Mayoría. Las tareas del movimiento estudiantil y su estrategia deben constituirse desde su condición de clase, aunque las apariencias nos engañen y la performance mediática de sus representantes (algunos de ellos parlamentarios) aporte a que se le siga viendo como un sector elitizado. De ahí que la agitada multisectorialidad y el interés común con los trabajadores no puede quedar reducido a una emotiva consigna de apoyo solidario y un apretón de mano entre dirigentes, o a una táctica para afrontar una coyuntura y presionar al gobierno de turno, olvidando que esas masas universitarias que hoy salen a marchar serán los explotados de mañana, los trabajadores precarizados, los desempleados, los que por uno u otro motivo seguirán endeudados y verán frustrada su vocación profesional.