En Diciembre pasado, el gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) lanzó un proceso para ofrecer concesiones de terrenos fiscales para proyectos de generación de energía.

El análisis de las licitaciones evidenció la carencia de una visión integral del territorio, el cual se concibe sólo como una fuente de ingresos, sin importar el tipo de proyecto a desarrollar o sus externalidades.  Las propuestas estuvieron constituidas por los antecedentes generales y la oferta económica, sin ser necesaria una propuesta técnica.

Por ello, la actual administración de Bienes Nacionales anunció una exhaustiva revisión a la licitación de terrenos para levantar termoeléctricas realizada en los últimos días del anterior gobierno. Pese a ello, la administración Bachelet dio luz verde y selló la firma de todos los contratos.

Las zonas escogidas fueron siete: una ubicada en la Región de Tarapacá (Caleta Chica), dos en Antofagasta (Tames y Cobija Sur) y cuatro en Atacama (Caleta Obispo, Totoralillo Norte, Totoralillo Sur y Caldera), que permitirían cubrir la demanda proyectada por proyectos mineros.

Las empresas que todavía no firmaban los contratos con el (MBN) fueron llamadas a sellar los cuatro contratos restantes (E-CL, Minera Collahuasi, IC Power -anteriormente conocida como Inkia, propietaria de la ex central Tierra Amarilla- y la Concesionaria PPP, empresa perteneciente a la intermediaria South Andes Capital), mientras que los que habían sido firmados por Endesa el 10 de marzo de este año –en el último día de administración Piñera- no fueron modificados.

¿En qué consiste esta licitación?

Las licitaciones publicadas en diciembre pasado por el MBN sobre la Concesión de Terrenos Fiscales para el desarrollo de Proyectos de Generación de Energía, apuntaron únicamente al ámbito económico de la utilización del territorio, obviando la misión, establecida en la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, de disponer los terrenos fiscales al  “servicio del desarrollo económico, social y cultural del país, con una mirada integral y en forma sustentable”

Al parecer, el MBN prioriza obtener el máximo beneficio económico de cada sector ofertado. “Resultará adjudicado el oferente que ofrezca la mayor renta concesional anual para el Período de Construcción y el Período de Operación”.  Bajo esta premisa, da igual qué tipo de energía se quiera desarrollar, no se valorizan las buenas ideas, la sustentabilidad o la integración de la comunidad, sólo se busca a quien pague más por la tierra.

La licitación considera entregar a los privados cinco años para el desarrollo de estudios, otros cinco para construcción y hasta 40 años para la operación, alcanzándose un total de 50 años de utilización del terreno fiscal. La licitación, además, no establecía de antemano qué tecnología de generación debía usarse, aunque las características de la zona más el tamaño del terreno sólo permitirían construir turbinas a carbón o a gas.

Las empresas adjudicatarias ya tienen parte del trabajo hecho, pues en el marco del proceso de entrega de terrenos se entregaron estudios de conexión al sistema eléctrico e incluso de línea de base y de comunidades.

En los últimos años ha habido un potente rechazo socio-ambiental frente a la aprobación de proyectos de energías convencionales-contaminantes en el norte del país, como los casos de Barrancones, Castilla o Punta Alcalde. Pero, al parecer, este manifiesto rechazo ciudadano, junto a la creciente demanda de llevar el país de una forma más sustentable, serán nuevamente ignorados.