En 1996 la pequeña caleta de Mehuín, ubicada a 70 km de Valdivia, recibió la noticia de que una futura planta de celulosa del grupo Arauco, empresa que hasta 1976 era del Estado (actualmente perteneciente al grupo Angelini), estaba evaluando la opción de instalar un ducto de residuos en sus costas.

El proyecto generó un amplio rechazo de los habitantes de Mehuín, quienes por más de 18 años se han organizado para defender su territorio. Lucha que, como es habitual en este tipo de conflictos, ha provocado hechos de violencia, amenazas y la división social de las comunidades.

El origen del conflicto se sitúa en octubre de 1995, cuando Celulosa Arauco presentó a la CORMA un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción de una planta de celulosa ubicada a 32 km del santuario de la naturaleza Carlos Adwanter, la cual generaría residuos industriales compuestos por sulfato y metales pesados. En 1996 el comité técnico de la COREMA rechazó el proyecto, sin embargo meses después, la propia COREMA aprobó el mismo con la condición de que los residuos generados no fueran descargados en el santuario. ¿La solución? La empresa decidió que la mejor opción era descargar los residuos tóxicos al mar en la caleta de Mehuín.

Hoy, cerca de dos décadas después, el ducto sigue sin tener una resolución final. El trazado terrestre del ducto, según estableció el proyecto de Arauco, tiene una extensión aproximada de 36,9 km. Comienza su recorrido en la planta Valdivia y finaliza en la bahía de Maiquillahue, desde donde ingresará cerca de 2 km mar adentro en una zona con 18 metros de profundidad. El trayecto de las obras incluye predios pertenecientes a Arauco y a Forestal Valdivia, además de terrenos pertenecientes a comunidades Lafkenche.

El proyecto original considera un plan de compensaciones por más de $ 2.600 millones destinados a la pesca artesanal, puesta en valor del turismo en Mehuín, el sector socioproductivo y cultural de las comunidades indígenas, y al sector transporte. También incluye un programa de investigación para incrementar el conocimiento del ecosistema marino costero, estuario y del río Lingue.

Debido a la gran resistencia local hacia el proyecto, Celulosa Arauco anunció este año el cambio de giro de su producción, redirigiéndola hacia la pulpa para producción textil, donde se invertirán 180 millones de dólares.

No obstante esta semana, un oficio firmado por el intendente de Los Ríos manifiesta la inviabilidad del ducto al mar de Celulosa Arauco mediante observaciones realizadas a la declaración de impacto ambiental por el proyecto de Pulpa Textil presentado por la empresa.

El pronunciamiento sostiene que el ducto sería incompatible con otras actividades como la pesca, el turismo e incluso espacios costeros marinos de pueblos originarios.

Según se sostiene, en base a lo establecido por el “Plan de Macrozonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, instrumento de planificación y ordenamiento territorial actualmente en proceso de aprobación, el cual no permite la instalación de emisarios submarinos y de río – para el vertido de efluentes líquidos al mar o río-”, señalando que “sería incompatible con otras actividades”.

Al respecto, Eliab Vigueras, dirigente del Comité de defensa del Mar valoró la respuesta del intendente en el oficio, argumentando que se ajusta a derecho y que corresponde a lo que esperaban el Gobierno Regional respondiera, ya que a su juicio no es posible instalar un ducto mientras existan solicitudes de concesiones de pueblos originarios y otras actividades productivas en las zonas que serían afectadas.

Entre las observaciones realizadas por el Gobierno Regional al proyecto de pulpa textil presentado por Arauco, sostienen que se sugiere “se expliquen todas las modificaciones del proyecto en relación con las características de nuevo proceso productivo, que puede representar una actividad que “genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera”.

Asimismo José Araya del Observatorio Ciudadano, señaló que tras analizar la declaración ingresada por la empresa, sumando las observaciones realizadas por algunos servicios, y dada la envergadura de la inversión del proyecto -que asciende a 180 millones de dólares- se debe realizar un estudio de impacto ambiental y no una declaración como lo ha presentado hasta ahora Arauco.