¿Está de acuerdo con la salida política que se estaría trazando en La Araucanía de parte del Gobierno, tomando en cuenta la venta del predio de René Urban por 1.200 millones? ¿Es esta la forma más adecuada para solucionar el conflicto chileno-mapuche?

Sin duda que la adquisición de tierras en estos días para hacer frente a una reclamación histórica del territorio, es algo relevante.  Ahora, esta compra a precio de cuatro millones de pesos la hectárea, mantiene una política que nosotros consideramos insuficiente e inadecuada, porque es una política que restituye las tierras vía mercado. Hay suficientes antecedentes que demuestran que ha sido una política que se ha centrado casi exclusivamente en adquisición de tierras derivadas de títulos anteriormente reconocidos por el Estado, y no de tierras ancestrales, en las que se centran parte importante de las reclamaciones mapuches pero también de los pueblos andinos. Segundo, ha incidido en una especulación de la tierra por parte de quienes usurparon las tierras a los pueblos indígenas, y ha llevado al Estado a ser prisionero de los precios que establecen los propietarios legales, usurpadores de tierras. Eso está demostrado en estudios que se han hecho desde varios sectores políticos y tendencias, como el mismo Libertad y Desarrollo, que ha señalado que los precios han subido un 800% entre el 94 y el 2010. Y esta tendencia se ha mantenido durante la administración de Piñera. La administración actual plantea frente a este tema sectorial que va a incrementar la compra de tierras, sin embargo no se plantea la utilización de mecanismos como la expropiación por causa de interés social, que están en la propia Constitución y que el Estado ha utilizado en reiteradas ocasiones frente a iniciativas de interés, como proyectos de inversión carreteros e hidroeléctricos,  en perjuicio de comunidades indígenas.

No compartimos que la restitución de tierras, de acuerdo a la legislación pero también del Convenio 169 el Estado, debe efectuar en relación a los pueblos indígenas de tierras basadas en la ocupación tradicional, sea hecha vía mercado. Y tal parece ser, esta administración quiere mantener esa opción.

Esto significa que ustedes apoyan las recomendaciones formuladas por el relator de Naciones Unidas Ben Emerson, quien en su informe expuso que el  Estado debe usar todos sus mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico para restituir las tierras ancestrales.

De acuerdo. Él en su visita de 2013 y en el informe de marzo de 2014, sostiene que el Estado debe hacer todos los esfuerzos pertinentes y conforme a los estándares del derecho internacional. Lo mismo señaló el relator (James) Anaya en su informe de 2009 y la OIT en sus observaciones anuales al Estado de Chile, donde hace ver la necesidad de utilizar los mecanismos que permitan la restitución de tierras de ocupación tradicional, y no solo aquellas basadas en títulos anteriormente reconocidos por el Estado.

¿El mecanismo de expropiación evitaría que exista un negociado con la venta de las tierras para su restitución?

Como señalé, estos mecanismos están en la Constitución vigente, y posibilitan la restitución de tierras  por medio de la expropiación por causa de interés social. Esta es una propuesta que no la estoy haciendo yo, sino que la hizo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en informe final de 2003. Eso permitiría identificar cuáles son los espacios de tierra en los cuales efectivamente ha existido una ocupación tradicional, conforme también a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de DD.HH, que en reiterados casos ha establecido la doctrina de los derechos de los pueblos indígenas sobre aquellas tierras de ocupación tradicional con la que mantengan una relación, ya sea material o espiritual. Eso permitiría su identificación y su adquisición del Estado para restituir a las comunidades a precios definidos a través de una modalidad establecida por ley, que son justos y no son especulativos.

¿Cómo evalúa el rol que ha cumplido el intendente Huenchumilla en la instalación de este tema en la agenda?

Me parece que el mérito que ha tenido el intendente Huenchumilla, es que ha tenido la capacidad de levantar temas históricos no resueltos en relación al pueblo mapuche en particular, pero a los pueblos indígenas en general. Uno de ellos es el tema de las tierras de ocupación tradicional y la necesidad de hacer justicia frente a lo que fue el proceso de despojo y a lo que es el proceso de constitución de tierras particularmente en el caso de las forestales. Pero ése no ha sido el único tema que ha planteado el intendente, porque pensar que la relación Estado-Pueblos Indígenas se centra en el tema de la tierra, no es correcto.

Él ha planteado también la necesidad de que el Estado de Chile se reconozca como plurinacional, lo que significa que el status de los pueblos indígenas sea reconocido como tal, y que Chile se reconozca no solo en su diversidad cultural, sino también de pueblos y asociado a ello, los derechos que les corresponden. Derechos de participación en el Estado, derechos de autonomía, derechos de determinación. Él ha representado también la necesidad de que los pueblos indígenas cuenten con una participación política en las instancias de toma de decisión, y ha llamado la atención sobre el tema de la consulta, y la necesidad que los proyectos de inversión y medidas administrativas que recaen sobre ellos, sean consultadas de manera adecuada y conforme al Convenio 169. Son todos temas que de alguna manera han sido planteados por los movimientos indígenas en los últimos años, y por el movimiento mapuche en particular, pero que no ha sido escuchados. Tal vez lo novedoso y el impacto que tiene ahora es que lo dice una persona que tiene una doble calidad, porque él es representante del Ejecutivo en la región del La Araucanía, pero también es una persona que se identifica como mapuche, y que reivindica sus derechos. Es por eso que ha tenido el eco que ha tenido, tanto en los medios como en el propio Gobierno. Ahora, uno esperaría que La Moneda lo escuchara y definiera políticas de Estado, a nivel país, consistentes con esos planteamientos. Sin embargo, hay que recordar que Huenchumilla es una autoridad regional, de una problemática que tiene una dimensión estatal, y ahí hay una distancia de lo que él plantea y lo que es la política pública del Estado a nivel país.

¿Cómo se hace para institucionalizar esta mirada que tiene Huenchumilla para que no exista una brecha entre lo que dice una autoridad regional y lo que son las políticas públicas?

 De acuerdo, hay una brecha preocupante porque el Ejecutivo ha planteado algunas iniciativas que tienen algún carácter refundacional de la institucionalidad, específicamente respecto de la idea de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, y este Consejo Nacional de Pueblo Indígenas, que son proyectos que ya estaban pero a los que se les desarrollarían procesos de consulta en relación a ellos. Está la idea tardía de la presidenta Bachelet, que se hace eco de las críticas a la propuesta del Binominal, que estableció mecanismos para la participación de género pero que omitió la representación especial de los pueblos indígenas. En el contexto del año nuevo indígena planteó la necesidad de asegurar la participación de estos en el Congreso.

Ahora, no hay, en materia de tierras, un anuncio del Ejecutivo, más allá de reactivar la adquisición a través de los fondos indígenas, y la creación de nuevas áreas de desarrollo indígenas por ley, como propuestas que vengan que aborden esta otra temática que es materia de tanta tensión cotidiana. La política de compra de tierras ya la abordamos desde sus insuficiencias. Pero el tema del desarrollo de áreas indígenas, hay que señalar que ellas fueron establecidas en la ley 19.253, el año 93, inicialmente como área de cogestión de espacios de alta concentración de población indígena. Hay críticas muy importantes que hacer cuando ya se han constituido 11 de estas áreas, que en esencia son áreas de coordinación de la acción del Estado, donde la participación indígena en la toma de decisiones queda al arbitrio de los órganos del Estado, y donde el concepto de desarrollo es el que define el Estado y no los propios pueblos indígenas. El propio Convenio 169 reconoce el derecho de estos pueblos a definir sus prioridades en materia de desarrollo, y no que sean los entes públicos lo que lo hagan. Bien sabemos que, en gran medida, los conflictos que se desarrollan en territorios indígenas tienen que ver con la noción misma de desarrollo, donde el Estado impone una noción que no tiene que ver con los planes de vida de las comunidades, choca con ellas y por eso preocupa que, al igual que se anuncia frente al tema de las tierras donde se mantendría la política de compra vía mercado, preocupa también que se ponga el acento en áreas de desarrollo que han demostrado en estos casi 20 años, no ser las instancias más adecuadas para fortalecer el control de los pueblos en los procesos sociales y políticos que allí ocurren.