Luego de pasar 1 año y 4 meses en prisión preventiva, Víctor Montoya fue absuelto por el Tribunal Oral en Lo Penal de Puente Alto. El joven, acusado de colocación de un artefacto explosivo en el retén de Carabineros en Las Vizcachas, fue apuntado como responsable por la Fiscalía Sur –que solicitó 5 años y 1 día de cárcel- y la Intendencia Metropolitana, que exigió 15 años.

Ésta última abogó, incluso, por la invocación de la cuestionada Ley Antiterrorista, pese a que, durante su campaña presidencial, la presidenta Bachelet manifestó que no volverían a aplicar dicha norma. El caso de Montoya, sin embargo, no representa nada nuevo y precisamente en sus rasgos compartidos con otros casos, radica lo que hoy motiva su reflexión: la repetición del libreto.

En entrevista con ElDesconcierto.cl, Rodrigo Román, abogado defensor de Víctor Montoya con diversas experiencias en juicios similares –caso Bombas, por ejemplo- analizó el último fracaso de la Fiscalía Sur, y los prejuicios policiales que predominan a la hora de apuntar a los acusados. Entre ellos, el perfil vegano y animalista detectado en el joven relacionador público que hoy salió en libertad.

 La decisión del tribunal marca una nueva derrota para la Fiscalía Sur. ¿Cómo evalúa el escenario?

Se terminó la privación de libertad ilegítima, injustificada desde hace 16 meses. Luego ha quedado en evidencia que la Fiscalía Sur y la inteligencia policial que, durante los últimos 4 años, en cinco ocasiones consecutivas perdió los juicios porque precisamente, lo que llevan a juicio, son acusaciones basadas en pruebas confusas, imprecisas, contradictorias, con un sesgo importante en la investigación, que es lo que sucedió una vez más en este caso.

 La aplicación de la Ley Antiterrorista también suma un nuevo fracaso, en medio de un gobierno que prometió no invocarla más.

Así es la incongruencia que hay en el discurso de la clase política. Por un lado, se dice que no se va a aplicar, luego, clandestinamente, se hace igual. Esto se refleja precisamente en este caso, donde el Gobierno formaba parte de los querellantes, eran acusadores particulares, omitieron, guardaron absoluto silencio respecto a por qué calificaron este caso como delito terrorista. Esa falta de argumentos, ese silencio, le irroga una falta de seriedad a la participación del gobierno de Chile como querellante.

¿Qué le parece esta suerte de patrón que comparten otros casos similares, como el del caso Bombas, respecto a la utilización de prejuicios como argumentos y pruebas en contra de los acusados?

Eso quedó demostrado en el veredicto de manera muy contundente, se señaló que los sabuesos de la inteligencia desarrollan investigación con un sesgo que no les permite entonces, por un lado, dilucidar a los verdaderos responsables y lo único que les permite es cargar a quien les parece como peligroso, que para ellos es una verdadera bolsa de datos. Para ellos son todos anarquistas, los veganos, los animalistas, eso lo dijeron los policías en el estrado y el tribunal hoy día se refirió a la falta de precisión en las investigaciones de la policía.

 ¿Cuáles son los pasos a seguir tras esta sentencia? La familia anunció que se querellarán contra el Estado.

Se va a leer el fallo y luego hay un plazo de 10 días para que el querellante se pueda pronunciar en contra de esa resolución con un fallo de nulidad. Yo creo que muy probablemente, conociendo la contumacia del Ministerio Público y de los querellantes, van a recurrir a la nulidad y va a ser la Corte Suprema la que va a dirimir el tema finalmente. Sin embargo, nosotros creemos que el único resultado posible es la absolución.

 Después de haber enfrentado como abogado un número importante de casos similares, ¿dónde está el patrón que permite la repetición de los mismos errores por parte de la Fiscalía?

Yo creo que la verdad, y lo recomendable, sería hacer una pericia a todos los policías y responsables que intervienen estas investigaciones. Probablemente ahí podríamos encontrar la respuesta.