Después de seis largos años de batalla judicial, el Juzgado de letras de Los Vilos falló a favor de vecinos de Caimanes, pronunciándose en primera instancia sobre la calidad de las construcciones en el Tranque El Mauro, considerado el más grande de Latinoamérica, declarándolo como “obra ruinosa”. El depósito de relaves en cuestión acumula 1.700 millones de toneladas de residuos mineros y se encuentra a sólo 8 kilómetros de distancia del pueblo de Caimanes, con una población de 1.200 habitantes.

El fallo afecta a la Minera los Pelambres, del Grupo Luksic, decretando la condición de obra ruinosa y también reconociendo que atenta contra los derechos fundamentales de la vida y patrimonio de todos los habitantes del poblado más cercano. Sin embargo, la resolución en primera instancia no revocó los permisos de la obra, y sólo redujo en más de 40 por ciento la capacidad de funcionamiento diario del tranque.

Así lo aseguró Alfonso Ossandón, de la Red Ambiental Norte, quien señaló que la minera “debe bajar el depósito de sobrecarga que está haciendo dentro del Tranque El Mauro, lo que significa que tienen que reducir las 175 mil toneladas diarias que depositan a 120 mil toneladas a las que están autorizados a depositar”, indicó el activista.

Para el representante de la Red Ambiental Norte, el fallo es positivo porque abre la posibilidad de que se pueda frenar la faena de la Minera los Pelambres, pero reconoce que “en estricto rigor los mandata a realizar enmiendas y reparaciones a la obra para que salga de la categoría de obra ruinosa”, y agrega que ello significaría una importante inversión del Grupo Luksic ya que “los técnicos que nos han asesorado hablan de cerca de 300 millones de dólares”, apuntó.

El tranque, de acuerdo a lo que reconoce el fallo, está diseñado para soportar un terremoto de 7.5 grados Richter, y que un movimiento telúrico superior podría generar un desprendimiento de material minero que pondría en riesgo el poblado y, a juicio de los demandantes, no es suficiente para garantizar la vida de los pobladores que residen bajo el tranque en la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, como ya han ocurrido en Chile.

Ramón Ossa, abogado que presentó la denuncia, señaló que el estado actual de la obra “es de tal envergadura, que pone en peligro la integridad física, síquica y patrimonial de la conmunidad de Caimanes. Era una obra que el tribunal califica al tranque como obra ruinosa, vale decir, hoy día pone en riesgo permanente a la comunidad".

Por su parte, el representante legal de Minera Los Pelambres, indicó a Diario El Día que “lo relevante del fallo a nuestro juicio es que se desestima la solicitud de paralización del tranque que perseguían los demandantes por lo que el tranque puede seguir operando. Para nosotros como compañía es una buena noticia”.

Cabe recordar que a raíz de un fallo de la Corte Suprema del año 2013, Minera Los Pelambres y Sernageomin, están trabajando en un plan de emergencia preventivo, al que se sumó Onemi durante el presente año. Desde aquel momento, Caimanes se encuentra en alerta temprana ante la posibilidad de que un sismo de intensidades superior a 8.5 grados en la escala de Richter pueda liberar parte importante los residuos, poniendo en riesgo de sepultar al poblado.

 

Un tranque que no debió construirse

El historial judicial en relación a la construcción del relave data desde sus inicios. Cuando comenzó a tramitar las autorizaciones ambientas pertinente, en 2003, sólo pasaron dos años hasta que agricultores de la zona solicitaron la revocación de permiso entregado por la Dirección General de Aguas (DGA) para la construcción del tranque. Al año siguiente, un fallo de la Corte de Apelaciones llegó a prohibir el inicio de la obras.

Esta sentencia unánime debía ser ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, antes de tener sobre sus espaldas otro fallo negativo, la minera Los Pelambres consiguió un advenimiento con algunos dirigentes de la comunidad y tras el pago de más de US$23 de dólares a uno de los propietarios afectados -de los cuales US$5 millones iban para 117 personas de la comunidad-, el tranque El Mauro inició sus actividades en noviembre de 2008.

El resto de los habitantes de Caimanes reclamó entonces que el acuerdo no contaba con el apoyo de toda la comunidad e iniciaron una nueva demanda. Finalmente, en julio de 2010 los tribunales declararon nulo el advenimiento, pero el tranque ya estaba construido y en funcionamiento.

Por ello, para Alfonso Ossandón, el pueblo de Caimanes “fue una comunidad abandonada por el Estado”.

Tras el inicio de las actividades mineras, sobrevino la denuncia presentada por Ramón Ossa, que además de demandar por una indemnización de US$100 millones para mil 500 personas, logró demostrar ante el fallo de primera instancia que el proyecto reviste un riesgo para la vida de sus habitante.

 

Criminalización y amedrentamiento

El vocero de la Red Ambiental Norte recordó los duros momentos que le tocaron vivir a los dirigentes del movimiento que ha enfrentado a la minera perteneciente el Grupo Luksic, y aseguró que en el proceso varios sufrieron escuchas telefónicas y fueron hasta vigilados por agentes policiales.

“El peor momento de criminalización de la protesta llevó al Estado a facilitar órganos policiales para hacer escuchas telefónicas para la minera. Eso quedó acreditado en el proceso, donde el bufete de abogados usó eso para decir que poco menos estábamos propiciando una lucha armada, cuando esto no es más que el clamor de los campesinos que ven una amenaza en esta minera”, indicó Ossandón.

Por ello, criticó duramente las mineras calificándolas de una verdadera “mafia”, y apuntó incluso a diputados y senadores de la zona por favorecer los proyectos, afirmando que “sus oficinas hicieron lobby para conseguir aprobación de la comunidad”.

Finalmente, el vocero de la Red Ambiental Norte aseveró que “este fallo puede marcar un precedente” y agregó que “para la gente de Nogales y de El Melón puede ser muy importante este fallo, así como para los que colindan con la gran minería en el norte de Chile”, concluyó.