No es un misterio para nadie el intenso cuestionamiento al que ha estado sometida los últimos años la mercadización del sistema de educación en general, y en particular la de nivel superior. Si antes del 2011 las autoridades académicas y políticas del país en general no reconocían mayores problemas, solo tres años más tarde el Congreso aprueba por amplia mayoría un informe que adjudica al Estado por más de tres décadas “una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, y de instituciones públicas con regulación insuficiente, privilegiando el derecho a la libertad de enseñanza -entendido ésta como libertad de entrada a la oferta educativa-, por sobre el ejercicio del derecho a la educación” (ver minuta realizada por CEFECH respecto a dicho informe)

Las raíces de dicho cuestionamiento son profundas y están lejos de ser “un capricho de los estudiantes de universidades tradicionales”, como sostenía porfiadamente el ministro Lavín el 2011 y como aún persisten en argumentar ciertas voces defensoras del modelo. Prueba de ello ha sido la aparición en la escena de importantes franjas de estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales, precisamente la gran masa de instituciones que emergen con posterioridad a la reforma de 1981 y que son las que explican en mayor medida la dinámica del sistema de educación superior. Solamente este año han surgido intensos procesos de movilización entre los estudiantes de las Universidades Andrés Bello y Autónoma, que se suman al vivido por la Universidad Central hace tres años y por supuesto al bullado caso de la Universidad del Mar, entre otros.

Lo cierto es que las regulaciones introducidas durante los últimos 24 años han preservado y profundizado lo sustantivo de una política de proliferación de instituciones y programas, interviniendo a posteriori y sin capacidad de hacerse cargo de un sistema con una profunda desigualdad en la calidad de la educación. Además, la fe pública en estos mecanismos se han visto en amplio entredicho a partir del cierre de la Universidad del Mar (que dejó a más de 18 mil estudiantes a la deriva) y escándalos como el de la CNA, que abrió una investigación que a la fecha abarca a más de 10 instituciones. Asimismo, estas irregularidades se han visto vinculadas a la problemática del lucro en la educación, y no solo por el clima general de cuestionamiento levantado por el movimiento estudiantil, sino también por la aparición de denuncias respecto a la complicidad con este tanto de parte del Ministerio de Educación como de la propia CNA.

En dicho contexto, el ministro de Educación presentó el primer proyecto de la denominada “reforma educacional” que crea las figuras del Interventor Provisional y del Administrador de Cierre, cuyo espíritu (según el proyecto) es “resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, así como también garantizar el adecuado uso de los recursos de cualquier especie de la institución de educación superior.”

Al analizar el proyecto propiamente tal (ver minuta realizada por CEFECH), y contrastándolo con lo que ha sido el discurso público del ministro Eyzaguirre hasta la fecha, se desprenden diversas interrogantes y divergencias.

En primer lugar, y lejos de los grandilocuentes anuncios, los objetivos del proyecto se orientan a combatir ciertos excesos en lo que hasta hoy es un mercado excesiva y escandalosamente desregulado. Sin entrar aún en la discusión acerca de dichos objetivos, lo cierto es que el proyecto se percibe huérfano incluso aún dentro de esa línea de mera “regulación del mercado”, dejando mucho espacio aún para el negocio de la educación.

En teoría, las figuras de los administradores provisionales y de cierre vienen a cubrir un inmenso vacío legal que no le permitía al MINEDUC ni a ningún órgano del Estado intervenir más que para sobreseer o revocar el reconocimiento a instituciones de Educación Superior, cumpliéndose algunos requisitos extremadamente ambiguos. Sin embargo, el proyecto no está acompañado de una institución que posea atribuciones claras y estrictas respecto a fiscalización, así como también con una potestad sancionatoria eficaz, como sería eventualmente una Superintendencia efectivamente empoderada para combatir el lucro y no simplemente legalizarlo y blanquearlo (como lo hacía la propuesta de Superintendencia del gobierno anterior).

Profundizando un poco en lo anterior: si se supone que el proyecto de interventores operará a partir de ciertos “excesos del mercado”, cabría esperar una clarificación acerca de quién y cómo se hará cargo justamente de la investigación y pesquisa de estos casos. ¿Será el propio Ministerio, actuando casi como juez y parte en el proceso?, ¿será el Consejo Nacional de Educación?, ¿serán los medios de comunicación que se atrevan a investigar (ver reciente nota de “El Desconcierto”)?, ¿María Olivia Monckeberg y sus continuas denuncias de lucro?, ¿seremos las y los estudiantes de Chile movilizados en las calles?.

El ministro ha respondido frente a este tipo de inquietudes que se trata de aspectos que se pueden resolver más adelante en las discusiones de otros proyectos, y que este debe ser aprobado con rapidez al responder a un escenario de urgencias (haciendo referencia al caso de la U. del Mar). Sin embargo, difícilmente pueden ejercerse las facultades fiscalizadoras que el proyecto promete sin una complementariedad con un marco regulatorio y una institucionalidad que actualmente no existe (la Superintendencia por ahora sigue siendo una promesa sin términos claros), y cuya creación y facultades requieren definir un horizonte claro de lo que se espera del sistema de educación superior, más allá de meros titulares. Sin definiciones claras en materia de marco regulatorio, cuesta pensar en el proyecto como algo más que letra muerta.

Por otra parte, y entrando en el debate de fondo, ningún “sentido de urgencia” puede justificar avanzar en un sentido contrario al que se ha planteado en el discurso público por parte del gobierno, lleno de grandilocuentes anuncios sobre una reforma “refundacional” y orientada a hacer de la educación “un derecho social”. Si estos son los objetivos, cuesta entender que a la hora de evaluar qué se hace con una institución intervenida por incumplir la ley o poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema educativo, las alternativas de acción se limiten únicamente a la administración temporal de las instituciones (para luego devolverlas a sus dueños), o simplemente al cierre de estas, reduciendo el rol del Estado casi al de un “síndico de quiebras” de las instituciones.

Un proyecto de intervención de estas características que de manera honesta se proponga avanzar hacia una educación como un derecho social, cuesta entender que no considere siquiera medidas tales como la expropiación o la fusión con Universidades estatales ante un eventual cierre. Por mucho que estos planteamientos puedan horrorizar a “policy makers” acostumbrados por décadas a pregonar el prejuicio ideológico de que todo lo estatal es de por sí malo, lo cierto es que, ni la mera regulación del mercado ha sido exitosa en estos años, ni tampoco parecen ser mejores alternativas el simplemente cerrar de cuajo una institución dejando a miles estudiantes a la deriva, ni el devolvérsela (luego de una “administración provisional”) a los mismos controladores que han incumplido la ley y han jugado con los sueños de miles de familias. Ninguna de esas alternativas se hace cargo de la devaluación y precarización que un proceso de crisis puede generar en el “valor” de los títulos que obtienen sus estudiantes, que han depositado recursos en ellas sobre la promesa de un futuro mejor.

Una reforma educativa genuinamente refundacional comienza necesariamente por asumir una concepción del rol del Estado menos estrecha que aquella que hemos acostumbrado desde los años ‘80, una que sea capaz de entenderlo no como un mero subsidiario sino como garante del derecho a la educación. En este marco, se dibuja como un desafío estratégico e ineludible fortalecer la cobertura y las capacidades de la educación pública, haciendo de esta el pilar del sistema de educación. Esto se hace urgente si se piensa en los miles de estudiantes que podrían quedar fuera de una institución que se cierre, para lo cual se requiere de manera imprescindible una oferta pública capaz de hacerse cargo.

Un sistema nacional de educación que tenga como pilar la enseñanza pública, también implica necesariamente una nueva relación con las instituciones privadas, desde el minuto en que buscan entrar al sistema (para lo cual hoy tienen casi absoluta libertad), pues solo así será posible prevenir situaciones como la de la Universidad del Mar y no únicamente actuar bajo hechos consumados. La fantasía de la mercadización, que pondría a todas las instituciones a competir y eso haría posible que estas tuviesen incentivos cada a día a ser mejores para así captar estudiantes, ha demostrado largamente su fracaso encarnado en la precarización y los abusos. El desafío pues, no es simplemente regular el mercado y con ello permitirlo bajo un nuevo “rayado de cancha”, sino derechamente avanzar hacia eliminarlo, y entender así la educación como un dominio público en el cual el fin de lucro no puede tener cabida, un derecho que en cuanto tal no puede ser objeto de negocio y especulación.

* Camila Miranda M., Directora Centro de Estudios FECH y José Miguel Sanhueza, Investigador en educación del CEFECh.