Justo cuando Pascua Lama parecía condenado a no realizarse, la reciente visita de la presidenta Michelle Bachelet a Argentina cambió la situación. Durante la cita en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández le hizo saber a su par chilena el apoyo irrestricto al proyecto por la parte argentina, junto con pedirle que hiciera las gestiones para destrabarlo a este lado de la Cordillera. Pasaron solo días y la ministra de Minería, Aurora Williams, informó de acercamientos con la empresa para ver la factibilidad de reencauzar el proyecto, con la misma afirmación ambigua que el Ejecutivo ha usado para Hidroaysén: “así como está, no es viable”.

En ese contexto, el acuerdo alcanzado por un grupo de diaguitas con Barrick es, en la práctica, un nuevo paso en la resurrección del proyecto. En este entendimiento ha jugado un rol clave el abogado Lorenzo Soto, representante de un grupo de diaguitas, quien ha hecho carrera de dos maneras: asesorando acciones parlamentarias, con una reconocida cercanía con los senadores Alejandro Navarro y especialmente Guido Girardi, y asumiendo la defensa judicial de comunidades en conflicto, con una estrategia que se repite: la búsqueda de una negociación con las empresas que, según se le critica, en la práctica viabiliza los proyectos.

En el historial negociador de Soto hay algunos hitos relevantes.

En el marco de las negociaciones que entabló como representante de pescadores de la caleta de Totoralillo Norte, consiguió arrebatarle una indemnización a Codelco por $3 mil millones a los 41 afiliados de los sindicatos que representó, y con ello hubo luz verde para la central Farellones, que afectaba las zonas de manejo pesquero.

Posteriormente, fue el turno de un proyecto muy cercano. Barrancones, una central del Grupo Suez, ubicada a 7 kilómetros de Chungungo. Allí, Soto exigió a la empresa una indemnización por los grupos no compensados la cifra de $5.300 millones, para un total de 56 pescadores.

Antes, su negociación en representación de la hermanas Quintremán le significó una millonaria indemnización a las aguerridas comuneras de Ralco. También consiguió una indemnización de Celco para los boteros del río Cruces por $700 millones.

Todos estos proyectos terminaron ejecutándose con la venia de las comunidades tras conseguir las indemnizaciones correspondientes. En el caso puntual de Barrancones, el acuerdo con los pescadores consideraba que él percibiera el 30% de las indemnizaciones.

 

Su rol en el Huasco

Desde septiembre de 2013, el jurista comenzó una gestión en representación de 15 comunidades diaguitas en Huasco Alto, que concluyó con la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones frenando las faenas del resistido proyecto minero Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold. En aquella ocasión, el recurso de protección interpuesto por el abogado logró suspender los permisos ambientales ante serias deficiencias detectadas, estatus que hoy mantiene paralizadas las obras y a la empresa canadiense sumida en una grave crisis. A la presentación del recurso se sumaron el resto de las comunidades diaguitas de la zona pero el capital político y mediático se lo adjudicó el abogado, con lo cual su imagen de abogado ambientalista alcanzó reconocimiento.

Sin embargo, esta semana se conoció de un acuerdo en el cual Soto, en representación de las mismas comunidades, consiguió un Memorándum de Entendimiento en el cual la multinacional minera financiará auditorías privadas para determinar los impactos reales del proyecto. El acuerdo encendió rápidamente las alarmas de las comunidades que no son representadas por Soto, ante la posibilidad de que con ello se determine la viabilidad del proyecto.

En un comunicado público, la Comunidad Organizada del Valle del Huasco rechazó duramente el acuerdo y repudió “el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios”. En el texto se recordaron los episodios de negociación que sostuvo en Farellones, además de acusarlo de poner en riesgo las medidas judiciales que frenaron definitivamente la Central Castilla y de operar a favor de Agrosúper en Freirina. “Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”, señalaron.

A los cuestionamientos se unió el ingeniero Lucio Cuenca, director del Observatorio de Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien apunta a la estrategia utilizada por el abogado como “engañosa”, dado que Soto, en principio, ofrecería sus servicios a las comunidades de manera gratuita.

“Esa relación gratuita no es tal, porque en el fondo lo que él hace es hacer que la gente firme un contrato y le transfiera poder para representar a la gente ante cualquier situación del conflicto. Y allí se establece la comisión de la cual él se paga, a futuro, de un servicio que engañosamente él presenta como gratuito. Y luego genera una situación de amarre, que es bastante cuestionable desde el punto de vista ético, porque él orienta y conduce el conflicto hacia las compensaciones económicas, y no necesariamente hacia proteger los derechos de la gente”, afirma Cuenca.

Para el director de OLCA, el acuerdo conseguido por Soto ayuda a mejorar la alicaída imagen internacional de la trasnacional minera y lo califica como “un manejo comunicacional para recomponer la situación de crisis y ante sus accionistas”, y afirmó que “no se puede desconocer que esto afecta (a las comunidades) porque hemos visto en otros casos cómo Barrick termina imponiendo proyectos con consultas incompletas que no consideran todo el contexto comprometido. Esto puede ser utilizado para validar decisiones políticas que irían en contra de la comunidad”, indicó Cuenca.

Rubén Cruz, vocero de la Comunidad Diaguita Patai Coe, coincide con los cuestionamientos y aseguró que la gestión de Lorenzo Soto “está generando las condiciones para poder llegar a una negociación con la empresa, y así entregar grandes sumas de plata, para terminar dividiendo y haciendo una catástrofe social, un daño al tejido social terrible”.

A estas críticas se suma la ambigüedad del rol de Soto, puesto que además de abogado de comunidades ha asesorado a parlamentarios como los senadores Alejandro Navarro y especialmente Guido Girardi, de quien se le considera muy cercano. Algunas comunidades en conflicto han afirmado que se acercaron a él por su condición de abogado de la llamada Bancada Verde y, en el caso de la termoeléctrica Castilla, Lucio Cuenca afirma que fue el propio Girardi quien presentó a Soto en la zona, al ofrecerles a los afectados asesoría legal para enfrentar el conflicto.

 

La defensa de Soto

Al ser consultado por ElDesoncierto.cl, Soto defendió el acuerdo alcanzado con Barrick argumentando que gracias a las auditorías se logrará “determinar el real alcance del proyecto, sus efectos en el medio ambiente, y en el territorio ancestral diaguita”, aunque reconoció que ello abre la posibilidad futura de que el proyecto sea viable así como también que no lo sea. “Las dos alternativas existen pero para eso hay que tener la información que hoy día es inexistente”, indicó.

-Este camino, que abre la posibilidad de viabilizar el proyecto, ¿contempla futuras indemnizaciones para las comunidades?

“Es de esperar que así sea, por cuanto las comunidades ya han sido objeto de perjuicios de los que esperamos Barrick Gold se haga cargo. Y eso es independiente de que el proyecto se haga o no se haga”.

-Usted argumenta que este tipo de acuerdos se basa en estándares internacionales, uno de ellos el Convenio 169 de la OIT, el cual define negociaciones entre empresas y comunidades, pero no se dice que al ser ratificado por el Estado, es éste el que actúa como garante, ¿existe en este caso una fiscalización estatal en este acuerdo?

“No, el Estado no es parte de este Memorándum de Entendimiento, porque el Estado, para las comunidades diaguitas a las que yo represento, equivale a la empresa, porque ha sido el Estado el que ha violado con la empresa los derechos indígenas de los diaguitas. Y por lo tanto el Estado no da las garantías, valga la redundancia, para ser garante. Ahora, eso no exime la responsabilidad que tienen las trasnacionales como ésta de respetar los derechos humanos y estándares que se le exigen a los Estados, por cuanto también existen pautas de comportamiento para las trasnacionales, regulados por Naciones Unidas y por la OCDE, y que exigen tener una debida diligencia, que es lo que hoy día hemos suscrito; un due delligence o diligencia debida. Intercambiar información, transparentar información, compartirla y contrastarla, que es lo que hemos hecho a través de este convenio como primera fase”.

-Este convenio en el que patrocina a 15 comunidades deja fuera a una parte importante de la comunidad de Huasco Alto.

“No hemos dicho ni pretendemos representar a todas las comunidades diaguitas. Sin embargo, hemos invitado a que todas aquellas que quieran incorporarse a este proceso lo hagan. Sin embargo, subrayo que estas 15 comunidades, cada una autónoma, así como las que no están en esto, están a su vez representadas a través del Consejo Comunal Diaguita, del Consejo Provincial Diaguita, y del Consejo Regional Diaguita”.

-¿No le preocupa que en el caso de que este proyecto se viabilice por estas acciones, eso signifique un quiebre en las comunidades?

“O sea, la viabilización del proyecto la da el Estado, y es el Estado el que no retiró ni revocó sus permisos ambientales, sencillamente dijo que se subsanen las deficiencias que ha tenido. Y si eso genera un quiebre o no, son consecuencias de las que las comunidades indígenas que yo represento no se pueden hacer cargo, ni responsables. No son ellas las que han causado el quiebre ni división de nadie, sino la empresa y el propio Estado”.

-Parte de las críticas que se hacen en su contra, pasan porque usted presta servicios con el condicionante de que el pago de sus servicios proviene del pago a posteriori de las indemnizaciones...

“Evidentemente no comentaré las condiciones de mi servicio, por cuanto es una cuestión entre privados que sólo le compete a éste abogado y sus representados. Las condiciones profesionales se determinan libremente por las partes que están interesadas y varían caso a caso. Hay clientes que me pagan mucho, otros que me pagan poco, y que incluso pueden no pagarme honorarios, pero es una cuestión que compete exclusivamente a nuestro equipo legal y a nuestros representados”.

-Sin embargo, las críticas señalan que usted finalmente percibe parte importante de las indemnizaciones, una vez viabilizados los proyectos...

“Ese asunto no le compete a quienes no represento, y sólo le compete a mis representados y a quien presta sus servicios legales. No veo cuál es el interés de entrometerse en cuestiones de orden privado.

-Para algunos eso es una falta a la ética.

“Bueno, qué quieres que te diga. No cuestiono la ética de terceros actores que no represento”.