Primero. Los procesos de unificación de la demanda constitucional que hoy se encuentran en curso tienen un indudable carácter hegemónico. Los tiempos de la política institucional se han ido imponiendo a los de la política “ciudadana” y eso hace que sean los operadores que articulan lo gubernamental con lo movimiental los que tiendan a definir de forma privilegiada los ritmos y los bordes de este proceso.

El primer peligro está en la temprana clausura de un espacio para el ejercicio crítico que sólo puede tener lugar en el debate. Podría decirse que la proporción en que se ha dicho que hay que cambiar la Constitución es enormemente mayor que aquella en que se ha avanzado algo respecto de la dirección en que debe realizarse dicho cambio y especialmente, el modo en que debe ejecutarse.

Una tendencia ha sido ir descartando la posibilidad de que una nueva Constitución emane de un Congreso cuyo desprestigio es tan ampliamente sabido. La fórmula que se va imponiendo entre quienes han tomado el tema más claramente en las manos es la Asamblea Constituyente. Pero eso es, aún, muy general. Está más claro que no queremos la Constitución de Guzmán que el perfil de la que sí queremos.

¿Cuánto han discutido las organizaciones de la diversidad sexual sobre el tema? ¿Cuánto han debatido el tema el movimiento estudiantil, o las organizaciones medioambientalistas, o las feministas, o los secundarios, o los movimientos de las regiones más azotadas por el neoliberalismo, o los medios de comunicación? Sin duda lo han hecho, y sin duda nos falta mucho.

Al respecto entonces hay que plantear sin rodeos una cuestión fundamental: el bacheletismo requiere construir puentes hacia los segmentos sociales que han llevado adelante estos temas, con la finalidad principal de modelarlos y conducirlos en una doble dirección: que no se configuren de un modo “desbordado” (pedir más allá de “la justicia en la medida de lo posible”) y que no se debiliten tanto como para que no se los pueda invocar como necesidad (“lo posible” no es sólo un límite máximo).

En el lado contrario, se diría que se trata básicamente de lograr que la potencia social que se configuró en los pasados años con un sentido antinoeliberal, antiderechista, pero ciertamente también contra la conducción concertacionista que por cuatro gobiernos diseñó y llevó adelante la administración civil del neoliberalismo chileno, no termine siendo articulada y manejada por un bacheletismo cuyo compromiso de cambio resulta insuficiente.

Segundo. Si lo que se termina imponiendo sobre la demanda constitucional es esa conducción de filiación oficialista –aun cuando su capacidad de operación político-social vaya más allá de las fronteras de la Nueva Mayoría– sobrevendrá un serio empobrecimiento de la potencia política de la sociedad “plebeya”, expresado principalmente en una reducción de lo político a lo estatal legislativo.

El Estado cubre en esa estrategia toda la imaginación política, nadie piensa en forma de acción política alguna, incluyendo la resolución de problemas como el carácter público de la educación y su calidad –para ir a lo más inmediato– sino a partir de una indiscutida y antepuesta centralidad de un Estado que, repentinamente, parece perder eso que alguna vez se llamó “carácter de clase”, que pareciera no estar vinculado a ninguna estrategia de dominación, y que se vuelve el principio y el fin de la utopía de una izquierda intelectualmente empobrecida. Esa sería, por lo demás, la forma en que se podría llegar a resolver desde arriba, la tan mentada –e imprecisa– separación entre lo social y lo político.

Si la nueva Constitución debe ser algo así como la escritura pública de un nuevo Chile, su sentido principal debe estar puesto al servicio de la actividad participativa y constructiva de la ciudadanía política. Eso fue lo que la refundación neoliberal quiso abolir por sobre todas las cosas y eso es lo que hay que preservar en la nueva letra.

La vitalidad de las movimientalidades contemporáneas descansa en una importante medida en su capacidad para construir prácticas y constituir imaginarios más allá de los límites de las políticas del Estado; es más, resulta muy claro que aquellos movimientos cuya capacidad humana e imaginación fue absorbida por las necesidades de la gestión estatal durante los 90 y los 2 mil, hoy exhiben una notoria debilidad. Se trata entonces de ir más allá de una política estadocéntrica y abrir las posibilidades de una participación efectiva que ponga distintos segmentos de la sociedad en lugares constructivos, y por tanto, genuinamente políticos.

Si efectivamente la sociedad tiene en lo político un momento constitutivo, hay que lograr que la política formal no lo devore todo y la potencia constructiva que anida en las múltiples movimientalidades, de distinto tamaño y de distintos grados de constitución, no terminen clausurándose en el proceso constituyente por un cierto ademán transformador que, como se dijo hasta la saciedad después del reciente informe del 21 de Mayo, no tiene pretensión refundacional alguna.