40 reuniones sostuvo el ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, antes de que se anunciaran las primeras medidas de lo que sería la reforma educativa. Han pasado 3 años desde que estalló el movimiento estudiantil y tras fallidos intentos de acuerdos con el gobierno anterior, la disposición que ha demostrado el secretario de Estado ha abierto un nuevo escenario. Sin embargo, la presidenta Bachelet ya ha vivido un proceso de discusión educativa gracias a la “movilización de los pingüinos”, donde terminó promulgando la Ley General de Educación.

Amplias fueron las críticas del proceso en cómo se llevó a cabo la discusión de la ley, con un acuerdo entre la Alianza y la Concertación, asesorados por un panel de expertos que terminó dejando de lado a los principales actores educativos.

 

Cómo se elaboraron los proyectos

Hasta el momento, el gobierno ha aplicado distintos mecanismo para resolver las primeras políticas públicas, pero no se han ocupado los mismos según el ministerio.

En Educación, la orden fue clara: reunirse con todos los actores posibles, y por separado. Las reuniones bilaterales marcaron la agenda del ministro, y fue él junto a sus asesores quienes invitaron a cada uno de los actores. Entre ellos, llama la atención la diferenciación de grupos según interés. Por ejemplo, las reuniones con los rectores de las universidades fueron diferenciadas entre: universidades estatales, universidades privadas con sentido público, universidades privadas y universidades tradicionales.

Aunque la amplitud de representantes con los que se reunieron abarca casi todo el espectro del mundo educativo, en el proceso estuvo ausente el diálogo entre los actores y todas tuvieron un carácter consultivo. Finalmente, las propuestas de reforma estuvieron a cargo directamente del equipo asesor cuya jefa de gabinete es María Inés de Ferrari, independiente, y donde participan además ex dirigentes estudiantiles, militantes de Revolución Democrática e integrantes de Educación 2020, entre otros.

En 2010 se promulgó la ley 2.500 sobre participación ciudadana, que estipula que todos los organismos públicos pueden hacer consultas públicas sobre las políticas públicas que se vayan a realizar, sin embargo, María Jaraquemada, investigadora de la Fundación ciudadano inteligente, asegura que “hasta el día de hoy depende mucho de cada organismo para que sometan ciertas políticas a consulta pública, no es algo obligatorio”.

Rafael Crisosto, investigador del área de estudios de la Fundación Decide, señala que “la mayoría de las instancia participativas, en los municipios o a nivel general, son instancias donde se pregunta por opinión, no son instancias donde la ciudadanía pueda resolver algo”.

Distinto fue el proceso en la agenda energética, liderado por el ministro Máximo Pacheco. En esta ocasión se organizó un “Encuentro Participativo para una política energética”, donde empresarios, organizaciones sociales y académicos trabajaron los temas en comisiones. Los resultados de aquel encuentro sirvieron de insumo para la elaboración de la agenda energética, sin embargo también tuvo el carácter de consultivo.

 

Reuniones bilaterales: la nueva forma de gobernar

Además del encuentro, el ex empresario y actual secretario de Estado, sostuvo una serie de reuniones bilaterales, en donde destacaron al menos 20 reuniones con representantes de empresas y gremios empresariales, 6 representantes académicos y técnicos y el Subsecretario de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman.

Por su parte, la ministra de Salud, Helia Molina también procedió en la lógica de una reunión por actor, donde destacó la presencia de gremios y organizaciones ciudadanas, a diferencia de su par, el titular de energía. En los primeros días de su gobierno, Bachelet firmó un decreto que crea una comisión para redactar una nueva ley de Isapres. Sus resultados están previstos para fines de éste año y la idea es hacer converger diversas miradas para la creación del proyecto. A ésta comisión asisten en un 41% representantes académicos, 29% representantes de clínicas e isapres, 23% asesores técnicos, 6% ONGs.

Ante éste panorama, Rafael Crisosto asegura que “la participación ciudadana para el gobierno, desde los últimos 20 años, se ha visto para legitimar sus decisiones, es decir, que las decisiones que ellos toman sean aceptadas por la ciudadanía, no así que la ciudadanía tome decisiones por su cuenta o tenga influencia en las políticas públicas” y añade que “como está hoy día ordenada la participación, no se distribuye el poder y eso genera el cierre de la democracia”.

La investigadora de Fundación Ciudadano Inteligente, añade que “en muchos países de América Latina tienen en sus congresos, sistema de iniciativas ciudadanas, en Chile ingresó en 2010 un proyecto de ley pero no avanzó nada su discusión”. Efectivamente en marzo de 2014 la ley quedó archivada en su primer trámite.

Para Jaraquemada, señala que la relevancia de incluir mecanismos participativos es crucial ya que “estamos en un momento donde hay una muy mala evaluación de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, al Congreso, la gente se siente lejana y al final lo que termina pasando es que los movimientos sociales se toman la calle porque no se sienten escuchados”. En ese sentido, Crisosto es más categórico y asegura que “sin una democracia participativa, lo que termina generándose es una elitización de la política, donde siempre son los mismos los que gobiernan”.

Hasta el momento, el gobierno trabaja en una ley de lobby, que permitiría frenar o transparentar las presiones de los poderes económicos, junto con una reforma al sistema binominal de elecciones parlamentarias, cuyo objetivo es eliminar algunas trabas para que existan nuevos representantes.