El lunes recién pasado el senado francés aprobó definitivamente un proyecto de ley del Partido Socialista que prohíbe el cultivo del maíz transgénico de la firma estadounidense Monsanto en el territorio francés.

El texto, aprobado por 172 votos a favor y 147 en contra, autoriza la posibilidad de destruir las plantaciones del cultivo MON 802, el único cultivo de OGM autorizados para el cultivo en la Unión Europea.

La ley también se aplica a cualquier cepa adoptada a nivel de la UE en el futuro, incluyendo la variedad Pioneer GM 1507, desarrollado conjuntamente por DuPont y Dow Chemical.

¿Qué ocurre en Chile?

De acurdo a la normativa vigente, en Chile está prohibida la producción de alimentos y semillas transgénicas para su comercialización interna. Lo que no implica que hace años consumamos diariamente cereales, soja, aceites y golosinas fabricadas en base a este tipo de organismos. Mucha de la carne que consumimos también proviene de ganado criado con alimento transgénico importado.

La importación de estos productos es evaluada por la autoridad sanitaria, caso a caso, tomando en cuenta las autorizaciones del país de origen y de acuerdo a la Norma Técnica del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Pese a la prohibición del mercado interno, Chile posee oficialmente más de 35.500 hectáreas dedicadas a la producción de semillas transgénicos para “exportación e investigación”, siendo reguladas y autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

No obstante según la propia Sofofa, aproximadamente el 70% de la agroindustria nacional utiliza materia prima genéticamente modificada en sus procesos productivos, con una superficie cercana a 7 mil hectáreas, considerando especies como maíz, maravilla, melón, papa, raps, remolacha, soya, tomate y zapallo.

Ante esta situación de ambigüedad, donde productos supuestamente prohibidos transitan con total libertad por ferias y supermercados del país, lo mínimo que el estado Chileno debe hacer es aprobar un proyecto de ley que garantice el derecho ciudadano a decidir de modo informado si se desea o no consumir este tipo de alimentos. Más aún cuando fue la propia Bachelet, en su condición de ministra de Salud durante el gobierno del ex Presidente Lagos, quien firmó el decreto 293 del 26 de abril de 2000 sobre etiquetado de transgénicos. El cual finalmente, tras un fuerte lobby empresarial, no fue promulgado.

Lo anterior no es un tema menor, se trata de nuestro derecho a saber qué hay en los alimentos que comemos y con los que alimentamos a nuestras familias. Se trata del derecho de cada ciudadano a decidir si quiere o no consumir alimentos de los cuales se desconocen, a ciencia cierta, los efectos que provocan en la salud humana.