Un renovado impulso ha tenido durante las últimas semanas la discusión sobre el estatus jurídico del agua en Chile.  Algo que por años han exigido organizaciones y comunidades de todo el país con el objeto de dar un giro al modelo de gestión de los recursos hídricos imperante, el cual se sustenta, aunque no se crea, en la lógica del “mercado del agua”.

Ya lo anunció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Ricardo Rincón, quien propuso en dicha instancia reactivar el debate sobre el proyecto de recuperación de los recursos hídricos para el bien colectivo, iniciativa ingresada a trámite por el gobierno de Michelle Bachelet el 7 de enero de 2010. Luego de hibernar durante toda la administración de Sebastián Piñera, hoy al parecer despierta –¡qué mejor uso para tal aforismo!- del sueño de los justos.

Decidoras son en este sentido las palabras del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, expresando que si el Estado necesita disponer de determinados caudales por un interés público general, tenga la posibilidad de acceder a ellos sin tener que pagar. Mal que mal, los derechos de agua en Chile se entregan gratis. Para esto el resucitado proyecto de ley incorpora a la Constitución, entre otros aspectos, el siguiente articulado: “las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.

Se suma a lo anterior la iniciativa de reforma constitucional que los senadores Antonio Horvath (Ind/Movimiento Democracia Regional), Guido Girardi (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (Ind) y Adriana Muñoz (PPD) presentaron este 23 de abril para “asegurar a todas las personas el derecho al agua y a su acceso en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades individuales y colectivas”.  En complemento Horvath y Girardi se reunieron este jueves con el Director General de Aguas, Carlos Estévez, para informarle sobre dicha propuesta de nacionalización y de paso solicitar que los caudales entregados a HidroAysén sean caducados, como acción paralela a la reforma que, de aprobarse, permitiría “recuperar esta agua para las cuencas y las personas que realmente la necesitan”.

Que cierta parte del mundo político renueve su interés por cambiar el régimen jurídico de nuestros recursos hídricos, reconocido mundialmente como mercantilizador in extremo (la gestión integrada de cuencas que se aplica en otras naciones consagra el interés colectivo), no es casualidad.

Es gracias a múltiples movimientos y comunidades que ha hecho sentido en cierta parte de la ciudadanía la importancia del agua como bien común y estratégico: Modatima, No Alto Maipo, las comunidades contra Pascua Lama, Patagonia sin Represas, Acción por los Cisnes, los vecinos de Caimanes, entre muchos otros pueblos y colectivos han sido parte de una tarea que supera a nuestra generación. Y eso es lo hermoso. Es una lucha por nosotros y por la biodiversidad aquí y ahora, pero también por la que vendrá. ¿Qué mejor ejemplo que este para relevar lo público, la empatía con el otro, incluso aunque ese otro aún no exista?

La la segunda Movilización Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua que se concretó este sábado 26 de abril es parte de este proceso. Uno que no partió hoy, ayer ni hace una década. Uno cuyo primer objetivo es ganar la batalla cultural, esa que permite al ciudadano y ciudadana acercarse a la realidad. Y solo a partir de ese momento convertirla en acciones concretas: ahorrar, no tolerar la contaminación, solidarizar con quienes no tienen acceso en volumen y calidad, defender el territorio, legislar, comunicar.

Es recuperar ese sentido común humano que por siempre ha reconocido al Agua –así, con mayúsculas- como elemento fundamental para la existencia. El que no puede ni debe ser sujeto de mercantilización, acaparamiento ni concentración. No es gratuito que la sabiduría ancestral de todas las culturas le haya reconocido como fuente de purificación, vida, renacimiento. ¿Tan equivocada ha estado la humanidad que en Chile la tuvimos que enmendar?

Que no nos convenzan que el derecho a la propiedad individual y privada del agua poco menos que es parte del derecho natural.  Ese es el sentido común que debemos recuperar.

¿Es eso tan difícil de entender?