En Bolivia, la propuesta gubernamental de una nueva ley marco minera generó resistencias cada vez mayores hasta terminar naufragando. El hecho de por sí no sería particularmente llamativo si se considera que no es infrecuente que un proyecto de ley promovido por el Gobierno, finalmente no logra ser aprobado en el poder legislativo. Pero el caso boliviano tiene otros condimentos que lo revisten de enorme importancia, no sólo para ese país, sino a nivel continental.

Es que en Bolivia era un caso particular ya que, además de las grandes empresas mineras, privadas o estatales, contaba con las llamadas cooperativas. A primera vista muchas de ellas aparecían como cooperativas tradicionales, donde individuos se asociaban para compartir un emprendimiento minero, agilizar la comercialización, y colectivizar la administración y el apoyo técnico.

La cooperativización era presentada como una tercera vía distinta a los dos extremos que afectan a los países andinos: de un lado la minería concentrada en grandes corporaciones transnacionales (o estatales en algún caso), y del otro lado, la explotación informal o ilegal. Esta alternativa estaba revestida de la buena imagen que cualquiera presume en una aventura cooperativista. Pero fue justamente esa idea la que se desplomó durante el tratamiento de la ley minera.

El proyecto de esa ley minera fue presentado al parlamento el 17 de marzo, y el gobernante MAS presionó por una rápida aprobación, que finalmente se estancó. Surgió una dura controversia, con algunas intensas protestas, hasta que finalmente el gobierno retiró el proyecto de ley y destituye al Ministro de Minería el 28 de marzo.

En el proyecto de ley se encontraron muchas deficiencias, desde el control nacional sobre los recursos mineros, al desempeño ambiental. Algunos analistas advirtieron que la compañía minera estatal (Comibol – Corporación Minera de Bolivia), perdería todavía más protagonismo y que, en los hechos, la norma sería funcional a las grandes empresas.

Pero fue el papel de las cooperativas el que ocupó los primeros planos del debate. Es necesario recordar que en Bolivia, la estructura del sector minero ha cambiado en buena medida por el aumento del número de cooperativas, de las personas que trabajan en ellas, las superficies en las que operan, los volúmenes extraídos y sus exportaciones.

El número de cooperativas pasó de 911 en 2006 (año en el que Evo Morales asumió la presidencia), a 1630 en 2013. Se estima que en 2005 existían unas 50 mil cooperativistas mineros, mientras que para 2013 se calculan en casi 120 mil (según datos recabados por el centro de investigaciones CEDIB de Cochabamba).

En cuanto a la superficie en la que operan, las cooperativas tenían en 2008, concesiones o contratos sobre 2,8% de las tierras dedicadas a la minería. En 2013 aumentaron al 16,1 %, lo que equivale a unas 661 mil has, frente a 329 mil en manos de la estatal Comibol, y poco más de un millón otorgados a las empresas.

La mayor parte de las exportaciones siguen en manos de las empresas extranjeras (una herencia de los tiempos neoliberales). La minera estatal, sin embargo, tiene un papel pequeño y que se ha mantenido estancado (como es el caso de Comibol). La minería cooperativista se cuela entre esos dos extremos, con exportaciones que aumentaron desde 398 millones de dólares en 2006, a 1780 millones en 2012 (según datos de  CEDIB).

El nuevo papel dado a las cooperativas fue fuertemente promovido por el propio gobierno de Evo Morales. No puede sorprender, ya que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que los agrupa, jugó papeles importantes en la llegada del MAS (Movimiento al Socialismo) al poder, y ha contribuido a sostener al gobierno en distintas situaciones conflictivas (como por ejemplo, frente a los reclamos indígenas). Ese sector minero cuenta con diputados y senadores propios, y algunos altos cargos de la FENCOMIN han sido ministros de minería.

Diversos análisis muestran que el espíritu cooperativista se desvirtuó. En varios casos, algunos socios se convirtieron casi en “dueños”, ya que son quienes arriesgan capital y con ello controlando las decisiones y establecen esquemas donde contratan “empleados” que reciben salarios, a veces muy bajos. De esta manera los dividendos no son distribuidos entre todos los socios, y se generan asimetrías muy importantes en los ingresos. A su vez, se denuncia que muchos de esos asalariados de las cooperativas trabajan bajo pésimas condiciones sanitarias y de seguridad, no se respetan sus derechos laborales, se abusa de fuerza de trabajo juvenil, etc.

En los últimos años se ha acumulado evidencia sobre el pobre desempeño ambiental de las cooperativas. Estudios de campo en varias zonas mineras andinas encontraron graves problemas de contaminación de suelos y aguas por cloros, zinc, arsénico, cadmio y plomo.

Esas enormes divergencias económicas, y los impactos sociales y ambientales, explican que en algunas localidades estallaran conflictos dentro de las comunidades. Aquellos que siguen con sus actividades en agricultura y ganadería comenzaron a protestar y oponerse contra el avance territorial de las cooperativas mineras, la contaminación de suelos y aguas, la pérdida de cosechas y ganados.

Finalmente, se generó un impacto todavía mayor cuando se reveló que un grupo importante de cooperativas tenía contratos de producción con grandes empresas privadas. Esto violaba las normas vigentes, ya que las cooperativas estaban obligadas a operar bajo el paraguas estatal, haciendo convenios únicamente con Comibol.

Los cooperativistas no sólo defendían esos contratos, sino que reclamaban que la nueva ley les permitiera seguir con ellos. Su desconformidad creció, y comenzaron a movilizarse. Bloquearon caminos, iniciaron protestas, y éstas derivaron en duros enfrentamientos con la policía, dejando un saldo de dos muertos y más de cuarenta heridos.

Todos estos ingredientes, si bien conocidos entre académicos y militantes sociales, en esos días llegaron a la opinión pública. Bajo ese fuego cruzado, el gobierno no tuvo más opciones que suspender el tratamiento de la ley, nombrar un nuevo ministro de minería, y anunciar que elaboraría una nueva norma. A pesar de todo eso, la situación ya era otra, y cuando el gobierno se encontró que había unas cien cooperativas que tenían contratos con empresas privadas, hasta el propio Evo Morales los calificó como “traidoras a la patria”. Esos contratos están ahora bajo investigación judicial.

El debate, colocado en sus términos más descarnados, era una lucha por el excedente económico, y la insistencia de los cooperativistas en acordar con empresas extranjeras se debía a que entendían que ello les aseguraría mayores ingresos. Perdieron cualquier espíritu cooperativista y prevalecía una cruda lógica mercantil. Insistían en evitar controles sociales y ambientales ya que ello les permitía aumentar sus márgenes de ganancia, a pesar de contaminar y afectar a las propias comunidades andinas en las que están asentadas. Aprovechaban sus condiciones de cooperativas para evitar distintos tributos y sus aportes en regalías eran realmente modestos.

A su vez, las corporaciones transnacionales hallaron que era más ventajoso dejar de operar las minas por sí mismas, y en cambio, firmar contratos con esos cooperativistas. Con ello esquivaban problemas para lidiar con la burocracia estatal y las críticas comunes que se escuchan en Bolivia contra el empresariado, y dejaban de preocuparse por exigencias sindicales, sociales o ambientales. Para las corporaciones era algo así como una tercerización a escala popular.

Entretanto, el gobierno de Evo Morales navegaba en esa situación, cediendo a las cooperativas en distintos frentes, como el control de sus operaciones o su desempeño ambiental y social, a cambio de apoyo político y movilización social.

Es cierto que la idea del cooperativismo minero en algún momento fue presentada como una alternativa de desarrollo popular, distinta a la lógica empresarial, donde el mecanismo cooperativo ejemplificaba otra economía, y que hasta podría acercarse a los ideales de las prácticas comunitarias andinas. Pero todo este reciente debate dejó al desnudo que esa tercera vía terminó finalmente atrapada bajo los modos empresariales, repitiendo todos sus problemas y desviaciones. La lección ha sido muy clara: las opciones de cambio no se encuentran necesariamente en la propiedad de los recursos naturales, ya que sean corporaciones privadas, mixtas, estatales, o cooperativas, todas ellas terminan cayendo en similares prácticas para poder atender sus necesidades de crecimiento y rentabilidad. Lo que debe cambiar es, por lo tanto, la propia lógica de la producción.

Fotografía: Cooperativa minera Multiactiva Corazón de Jesús, en San José, departamento de Oruro (foto de CEDIB en un estudio de K. Francescone y V. Díaz, en PetroPress, CEDIB, Cochabamba).

Más informaciones con CEDIB (Bolivia) en: http://www.cedib.org

E. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social; twitter: @EGudynas