Uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta en la actualidad nuestro país es la delicada situación hídrica que afecta a distintas comunidades desde el norte hasta el sur de Chile. El Código de Aguas elaborado en dictadura, la irrupción de grandes proyectos empresariales y la supremacía del lucro y privatización del recurso hídrico por sobre la obligación del Estado de garantizar el agua a todos los habitantes del país, constituyen  el mapa básico del conflicto por el agua en Chile.

Debido a la importancia de este vital elemento y los conflictos desencadenados para acceder a él, el tema del agua se ha situado como un tema prioritario para la ciudadanía y el gobierno, a tal punto que para este 26 de abril diversas organizaciones han convocado a sumarse a la segunda movilización nacional por la recuperación y defensa del agua.

Ante este escenario Ricardo Rincón, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, reactivó la discusión de la reforma constitucional que sitúa el agua como un “bien nacional de uso público”, tras la exposición realizada, el pasado 15 de abril ante la Comisión de Constitución, por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien apoyó la reactivación de este debate declarando a La Tercera que “Tiene que quedar claro en la Constitución que las aguas son de todos los chilenos, por eso queremos un bien de dominio público, que el Estado pueda disponer de las aguas y no pagar por ellas, determinar los usos prioritarios y considerar los caudales sociales”.

El ministro planteó que una reforma debe “reconocer y constituir” derechos,  pero también debe dar facultades al Estado para “extinguir” esos derechos. “Eso es necesario, debe reflejarlo la ley respectiva. Pero tiene estar primero en la Constitución”. El proyecto había sido presentado al Congreso durante el primer mandato de Bachelet, pero su discusión fue frenada por el Gobierno de Piñera e incluso el ministro Cristián Larroulet recomendó su rechazo.

La reforma en cuestión ratifica que el agua tiene calidad de bien nacional de uso público y le otorga rango constitucional. Ello implica, en teoría, un avance en materia de gestión del agua en Chile, permitiendo al ejecutivo llevar adelante cambios legales y/o reglamentarios como por ejemplo extinguir o expropiar derechos de agua para reservar caudales de agua que aseguren el agua para consumo humano. En el Ejecutivo adelantan también que se estudia la posibilidad de ingresar una indicación para endurecer los conceptos y darle al agua la calidad de bien nacional de “dominio público”. Undurraga señaló que si bien el gobierno apoya este debate, van esperar el informe sobre la escasez de agua en Chile a cargo del delegado presidencial sobre recursos hídricos, Reynaldo Ruiz de Valdés.

Por su parte las distintas organizaciones que convocan la marcha por la recuperación y defensa del agua expresaron que “mientras el gobierno habla de hacer diagnósticos nosotros reiteramos en la sequedad progresiva de nuestros territorios que SOMOS EL DIAGNOSTICO. Avanzar en derogar el Código de Aguas y en terminar con los subsidios perversos a las empresas forestales, mineras y energéticas, no requiere de diagnósticos, sino de voluntad política. Impulsar una ley de glaciares desde el ejecutivo es una tarea urgente. Para entenderlo, basta con asumir responsablemente las consecuencias de Pascua Lama, o la sequía del Aconcagua. Avanzar en ordenamientos territoriales participativos y atingentes a los modos de desarrollo que las comunidades determinen, es tarea que se debe acometer desde ahora, al margen de las buenas o malas intenciones que pudiera tener un delegado presidencial de recursos hídricos.”