“En mi sábana blanca vertieron hollín,
han echado basura en mi verde jardín
si capturo al culpable de tanto desastre
lo va a lamentar.”

(Sueño de una noche de verano, Silvio Rodríguez)

En enero de este año tuvimos el privilegio de guiar a un grupo de niños de Lo Hermida en un paseo recreativo y de educación ambiental a la Quebrada de Macul, por los hermosos senderos entre el bosque de quillayes, litres, maitenes, espinos y otras especies de árboles y arbustos nativos, habitado por decenas de especies de pájaros, reptiles, anfibios, insectos y otros animales nativos que han logrado sobrevivir a la depredación humana. Llegamos hasta el curso de agua, adonde por décadas llegan muchas familias –principalmente- de Peñalolén alto, a bañarse en las piscinas que improvisan con piedras del propio cauce, para sortear el calor veraniego que asola nuestra ciudad.

Pero pocos santiaguinos conocen y han disfrutado directamente de la maravilla de parque natural que es la precordillera de Santiago, sus esteros y su bosque esclerófilo (hoja dura, perenne), aunque todos disfrutamos a diario del bienestar ambiental que nos brinda, como ayudar a ventilar la contaminada cuenca de Santiago y a retener el polvo en suspensión, así como evitar las inundaciones aguas abajo mediante la infiltración de aguas lluvias,

Por el contrario, su eliminación y la expansión urbana, que conlleva el aumento de la cantidad y longitud de viajes en automóvil, así como el consumo per-cápita de agua y energía, aumentan la contaminación del aire, los riesgos de aluviones e inundaciones, y provocan la pérdida de espacios naturales de recreación y belleza escénica. Asimismo crecen sustancialmente las emisiones de carbono y se reducen los sumideros naturales del mismo. Por lo tanto, aumenta tanto la responsabilidad como la vulnerabilidad de Santiago respecto del cambio climático.

Menos aún saben los ciudadanos santiaguinos que desde 1974 (sí, recién instalada la dictadura) existe un decreto (82, del Ministerio de Agricultura) que protege de manera taxativa –en el papel- la integridad de este ecosistema único.

El cuerpo legal considera que “.. los terrenos comprendidos en la precordillera y cordillera andina de la provincia de Santiago están formados por quebradas y áreas de gran atracción turística, no susceptibles de  aprovechamiento agrícola o ganadero y muy expuestos a la erosión; que es necesario proteger la flora y fauna del área señalada, preservar la belleza del paisaje y evitar la destrucción de los suelos, y que para tales efectos es indispensable prohibir la corta de árboles y arbustos en dicho sector.”

Y decreta: “Artículo 1.o- Prohíbese la corta o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y arbustos que se encuentran situados en los terrenos ubicados dentro de los siguientes límites:..” En el caso de La Florida, Peñalolén y La Reina, se trata de todo el territorio al oriente del canal Las Perdices.

¿Cómo es entonces que el negocio inmobiliario se ha desplegado y continúa avanzando precisamente en este sector, arrasando con el bosque y la fauna que lo habita, y además extrayendo la capa vegetal, para aplanar el terreno y construir de la manera menos costosa y más destructiva los condominios de casas para la clase media-alta?

La norma señala como fiscalizador al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), rol que entendemos nunca asumió ante la expansión urbana, y que fue traspasado a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la que, lejos de hacerla cumplir, ha hecho burdas interpretaciones para no afectar los intereses y planes de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Quién –sino una mente o un país distorsionados- puede entender que el Plan de Manejo de un bosque consista en talarlo y compensar plantando especímenes en otro sector de la ciudad?

El decreto señala como excepciones -previo informe de CONAF- a “faenas (que) tengan por objeto despejar terrenos para la construcción o realización de obras de beneficio público o la puesta en marcha de planes de manejo o mejoramiento de las mismas masas vegetales que se están protegiendo.” ¿Bajo qué interpretación podría un condominio de viviendas de más de UF4.000 caer dentro de esta categoría? Creo que no amerita discusión, a menos que sea acerca de la ética de quienes aplican la norma.

Alguien podrá argumentar que se trata de una normativa obsoleta, de un tiempo en que no existía la presión inmobiliaria, y carente de legitimidad, por tratarse de un decreto de la dictadura.

Nosotros decimos que, seguramente, sin dictadura la protección de la precordillera habría contado con esas y otras iniciativas, más efectivas y más participativas; y que, si algo está obsoleto, es esta manera insustentable e injusta de construir la ciudad, en que las decisiones, como en tantos ámbitos de la economía y la vida nacional, las toman las grandes empresas.

En todo caso, si una norma cae en la obsolescencia, corresponde reemplazarla por una mejor, adecuada a los nuevos requerimientos (claro, del bienestar de la población y su medio ambiente, no el del bolsillo empresarial). ¿Por qué no han derogado y reemplazado este decreto por otra norma que responda a la actual situación? Yo creo que debido a que los intereses inmobiliarios están mejor resguardados con una norma rigurosa que no se aplica ni nadie pide aplicar, que ante una nueva norma en cuyo proceso de elaboración y fiscalización no podría –esta vez- eludirse la intervención de la sociedad civil.

Adicionalmente, hoy contamos con la evidencia de la falla tectónica de San Ramón, que atraviesa la precordillera, justo en las zonas ya ocupadas por condominios construidos o proyectados, y que  ha sido objeto de estudios, como el de la Escuela de Geología de la U. De Chile, que muestran un alto riesgo sísmico, y que debería ser un factor determinante a la hora de planificar el territorio y establecer normas de protección natural.

Si en verdad el nuevo Gobierno Nacional y el Regional tienen alguna intención de terminar con la subordinación de la calidad de vida -en este caso, también de la integridad física- de la población a los intereses del sector inmobiliario, deben impedir que continúe la depredación masiva del bosque esclerófilo de la precordillera, mediante una moratoria total a los proyectos inmobiliarios en esta zona, e impulsar un proceso normativo, con efectiva participación de la sociedad civil, principalmente de las comunas precordilleranas, que regule y restrinja de manera rigurosa el desarrollo urbano en esta zona, asegurando –junto con la integración social-  la integridad de los ecosistemas y potenciando las funciones ambientales del bosque en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

¡NO + DEPREDACIÓN INMOBILIARIA!

¡PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA PRECORDILLERA DE SANTIAGO AHORA!