La primera de ellas es que las movilizaciones masivas ya no pueden explicarse exclusivamente a partir de la instalación del gobierno de derecha el año 2010. Sobrepasan el efecto Piñera y dan cuenta de un malestar profundo no sólo con los gobiernos sino con las élites políticas y económicas.

En segundo lugar, estamos frente a nuevos actores políticos que se fortalecen desde el discurso de derechos. Estamos en presencia de nuevas estrategias y de una alianza de los llamados movimientos ciudadanos con organizaciones que provienen de modelos más clásicos de trabajo colectivo.

En tercer lugar, la marcha da cuenta que los y las ciudadanas reconocen que el poder no sólo reside en los gobiernos o en las estructuras políticas tradicionales. La disputa también debe instalarse en el terreno de otros grupos de poder. Por ello el argumento de que esta marcha se despolitizó a partir de su espíritu “ni en contra ni a favor del gobierno” pierde validez. Reinstalar la discusión sobre qué es lo político merece un debate importante en esta etapa.

En cuarto lugar, el éxito o fracaso de una marcha no depende sólo de quienes convoquen ni mucho menos de una buena difusión en las redes sociales. La movilización del sábado 22 tenía más detractores que adherentes en twitter, por ejemplo, y muchas de las personas a quienes convocaron nunca escucharon las disputas que se generaron en este espacio.

Durante la transición el escenario se caracterizó por la débil presencia de los movimientos sociales en la esfera pública, en un contexto donde la elite política se fundió con la elite empresarial, cerrando el acceso de gran parte de la sociedad a los espacios decisionales. Sin embargo, hoy existe un germen de “algo nuevo”; marchas como ésta nos recuerdan que lo nuevo no se acota a un programa ni a la reconfiguración de las coaliciones políticas partidarias. Se trata del retorno de lo político a la esfera social, de la politización de lo social.

Por otra parte, lo político y lo social ya no gravitan sobre el eje dictadura/democracia, sino que el actual Chile se conflictúa por las contradicciones propias del capitalismo, transversales a la sociedad y que podemos, a modo de abstracción, aglutinarlas, por ejemplo, en la dicotomía del rol del Estado: Estado Subsidiario vs Estado Garante de derechos.

En este sentido, las salidas a esta dicotomía se estancan en el carácter de una democracia restringida por la Constitución que nos rige. La toma de conciencia del bloqueo que esto supone, hace urgente el cambio a una nueva Constitución y de una asamblea constituyente. Y antes o como parte de ese proceso, estamos frente a un ciclo que requiere transformaciones estructurales, donde es clave la participación vinculante de los movimientos sociales. Sin incluir a la ciudadanía como un actor político relevante de la discusión, lo más probable es que los cambios prometidos continúen el legado de la “medida de lo posible”.

Este debate es fundamental porque la Nueva Mayoría muestra demasiada indecisión sobre el mecanismo para cambiar la Constitución. Esta situación ha dejado abierto un flanco importante dentro de la coalición, representado en declaraciones cruzadas, lo que sigue horadando su feble unidad política. Entonces, si el oficialismo tantas dudas tiene sobre cómo cambiar a la Constitución ¿por qué no parte preguntando a los y las ciudadanas cómo hacerlo? ¿Por qué no convocar entonces a un plebiscito para resolver el mecanismo? Y esta pregunta también se extiende al Congreso, para que se manifieste si existe o no voluntad para cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Bajo este contexto, no sólo creemos que se debe contestar y avanzar sin titubear en estas preguntas, sino que es imperativo cimentar el camino que nos permita construir la participación vinculante para recuperar la soberanía ciudadana extirpada en dictadura y secuestrada en la transición. La participación vinculante de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general, debe estar presente en todas las etapas de los proyectos que se envíen al Congreso. De esta forma se reconoce también el rol protagónico de las organizaciones y ciudadano/as que visibilizaron la injusticia y desigualdad administrada por la elite política chilena, empresarial y grupos de poder. Y el norte debe estar puesto en esta premisa más que en un programa, que es apenas la carta de navegación de un gobierno. La participación, en cambio, es lo que da sustento a una democracia que aspira a ir más allá de lo representativo.