Es uno de los principales problemas ambientales de nuestro país y la mayoría de la población desconoce su origen y desarrollo. El conflicto del agua en Chile data de 1981, año en que la dictadura a cargo de Pinochet selló el Código de Aguas que nos rige por estos días, uno que privatizó la fuente y gestión del recurso hídrico.

Desde entonces, la situación del agua en el país ha ido de mal en peor, afectando a diversas comunidades desde el norte hasta el sur de Chile. Pero, ¿cuáles son las claves para entender el conflicto? Con la ayuda de Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) y Lucía Sepúlveda, periodista y activista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), ilustramos las coordenadas del problema que amenaza con secar Chile.

 

Código de Aguas y el marco privatizador

La base regulatoria del agua en Chile considera al recurso como un bien de uso económico. El Código de Aguas de la dictadura, principal enemigo de las comunidades defensoras, separó la propiedad del agua del dominio de la tierra. Así, tal como explica Mundaca: “hoy día se da la dicotomía que existen propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua”.

“Para ser más riguroso, la dictadura privatiza el agua y la Concertación en 1997 toma la decisión de privatizar también las empresas sanitarias. Ese mismo año Frei y Menem firman el famoso Tratado Binacional Minero que le entregan cientos de nuestras cuencas a toda la megaminería”, argumentó el especialista. 

El marco regulatorio permite que el Estado entregue derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente y de forma perpetua a quien los solicite. Un ejemplo emblemático del funcionamiento del código es lo ocurrido con algunas comunidades mapuches favorecidas por los procesos de recuperación de tierra de la Conadi: gran parte de ellas fueron devueltas sin derecho de propiedad de agua.

Lucía Sepúlveda lo explicó así: “Estamos por la derogación del Código de Aguas. Ese es el problema principal que ha permitido el empobrecimiento de las comunidades campesinas, y en general, de la gente sencilla de este país”.

 

El rol de la megaminería, hidroeléctricas, forestales y más

En diversos puntos de Chile, la escasez y contaminación del agua se relaciona con la irrupción de grandes inversiones empresariales. Tal y como concibe hoy al recurso hídrico la legislación vigente, el agua parece estar más asegurada para los proyectos mineros, hidroeléctricos y forestales, entre otros, que para los propios ciudadanos y sus necesidades de acceso básico.

El robo del agua en nuestro país se ha vinculado a importantes figuras políticas y empresariales. Entre ellas, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, a quien se le acusa de usurpar el agua de los campesinos de la Provincia de Petorca, en Valparaíso. En tanto, la DGA indicó al ex intendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de Lagos, Marcelo Trivelli, el diputado DC Eduardo Cerda y el empresario Osvaldo Jünemann –cuñao de Pérez Yoma- de las mismas prácticas.

En Wallmapu, la acción de las forestales ha complicado la vida de las comunidades mapuche que deben recorrer grandes distancias en búsqueda de agua para sus cosechas. En el norte del país, la escasez hídrica fue confirmada el 2011 por el entonces ministro del MOP, Hernán de Solminihac.

En Petorca, en tanto, el agua es distribuida a través de camiones. “Hombres y mujeres han tenido que vivir en la indigna condición de tener que defecar en bolsas de plástico y bañarse por presas”, describe Mundaca.

¿Cómo han sido castigados aquellas personas encontradas culpables de usurpación de aguas? El marco regulatorio penaliza hoy con sólo 20 UTM a los responsables. Una cifra que sigue tornando atractiva la práctica para los empresarios.

Según el ingeniero, “la institucionalidad tipifica la usurpación de aguas como una falta administrativa y no como un delito que debería penalizarse con cárcel”.

 

El declive de la agricultura campesina

El complejo escenario de usurpación de aguas afecta a todos los habitantes del territorio, pero con mayor razón a quienes se dedican a la agricultura para vivir y alimentarse.

“Al no haber agua, porque las plantaciones exóticas secan los pozos, secan el agua o bien la contaminan, no se pueden seguir alimentando como lo hacían antes y eso tiene consecuencias en la salud. Ellos están acostumbrados a comer sus propias verduras. Nosotros creemos en el principio adoptado por los campesinos en todo el mundo que es la idea de tratar de construir soberanía alimentaria, es decir, que todos podamos decidir qué tipo de alimentos cultivamos, cuáles comemos de acuerdo a lo que ha sido nuestra cultura, nuestra tradición”, explicó Sepúlveda.

La escasez del recurso hídrico podría explicar la ausencia cada vez más notoria de campesinos en el campo. En opinión de los expertos, esto causaría la pérdida de un importante legado cultural que hoy depende de la recuperación del carácter público del agua y su consagración como un derecho humano.

Actualmente, una larga lista de grandes proyectos podrían complicar aún más el escenario chileno, con cerca de 108 municipios en “emergencia agrícola” y tres de ellos (Cabildo, Petorca y La Ligua) declarados como “zona de catástrofe” por la Comisión Nacional de Riego.

El proyecto Andina 244, por ejemplo, se apropiará de cerca de 25 glaciales que forman parte de la reserva de agua dulce más importante del país. En tanto, de concretarse, Alto Maipo, iniciativa de los Luksic y Aes Gener, pondría en riesgo la disponibilidad del agua para todos los habitantes de la Región Metropolitana.

 

Lucha por el agua: por la defensa de la vida

La violación sistemática del derecho humano de acceso al agua ha sido registrada por los informes anuales en la materia de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En tanto, algunos dirigentes sociales como Rodrigo Mundaca enfrentan problemas con la justicia por su denuncia sistemática de la usurpación. Éste ya ha sido llamado en 12 ocasiones a los tribunales por los abogados de Pérez Yoma, quienes solicitan su perdón por las acusaciones realizadas o cárcel. 

Sin embargo, éste no vacila. “La lucha por el agua es la defensa de la vida”, argumentó Mundaca y agregó que este es un conflicto estructural que Bachelet deberá enfrentar a la brevedad. Durante su período de campaña, la mandataria señaló que iba a designar un delegado presidencial para hacer un diagnóstico de la situación hídrica del país, dentro de los primeros 100 días.

“No hay que hacer ningún diagnóstico, el diagnóstico es que el país se seca desde Arica a Magallanes y se seca porque la codicia empresarial está desregulada y la institucionalidad es capacidad de fiscalizar, castigar”, argumentó el ingeniero.

Entre las tareas pendientes, Bachelet deberá hacerse cargo de terminar con el lucro del agua y sus herramientas privatizadoras. Además, será necesario recuperar el agua para los diversos territorios que hoy sufren déficit hídrico, construyendo una institucionalidad a la altura de los marcos internacionales de Derechos Humanos.