Luego que el pasado 7 de enero el gobierno volviera a retirar el carácter de urgencia a la denominada “ley Monsanto”, en medio de acusaciones de conflicto de interés contra el ministro de Agricultura Luis Mayol, todo parece indicar que será en el gobierno de Bachelet donde se decidirá la suerte del controvertido proyecto de ley, enviado precisamente en los últimos tiempos de su mandato anterior.

Independiente de la resolución que tome el Senado respecto a la Ley de Obtentores Vegetales, resulta incomprensible la ausencia en el programa de gobierno de Bachelet de un proyecto de ley que garantice el derecho ciudadano a decidir de modo informado si se desea o no consumir este tipo de alimentos genéticamente modificados. Más aún cuando fue la propia Bachelet, en su condición de ministra de Salud durante el gobierno del ex Presidente Lagos, quien firmó el decreto 293 del 26 de abril de 2000 sobre etiquetado de transgénicos. El cual finalmente, tras un fuerte lobby empresarial, no fue promulgado.

El caso de Estados Unidos

En Estados Unidos la disputa sobre el etiquetado de alimentos transgénicos está generando cada vez más controversia, enfrentando a quienes demandan que se explicite este tipo de alimentos con las transnacionales que los producen y se oponen a ello.

El año recién pasado se introdujeron en 26 estados propuestas de ley para solicitar que se muestre en el etiquetado cuando un alimento es transgénico. Sin embargo, por el momento sólo Maine y Connecticut aprobaron esta legislación y aún tienen que ponerla en marcha. En el resto del país las medidas no fueron aprobadas, pese a que, de acuerdo a una encuesta realizada por el diario The New York Times, el 93% de los estadounidenses quieren que las etiquetas muestren claramente cuando se trata de alimentos transgénicos.

El caso más emblemático corresponde al estado de California, donde la iniciativa electoral sobre etiquetado de productos modificados genéticamente fue rechazada en una estrecha votación debido, según diversas agrupaciones ciudadanas, a la costosa campaña en contra financiada por grandes grupos agroquímicos como DuPont, Monsanto, Syngenta, y BASF, quienes junto a gigantes de la industria alimentaria como Coca-Cola, PepsiCo y Kraft Foods se aliaron para sumar un total de US$ 46 millones invertidos en publicidad y otros medios con el fin de convencer a los votantes de rechazar la propuesta.

Lo que viene en Chile

Chile carece de una ley de etiquetado que permita distinguir estos alimentos al comprarlos. Lo anterior no es un tema menor, se trata de nuestro derecho a saber qué hay en los alimentos que comemos y con los que alimentamos a nuestras familias. Se trata del derecho de cada ciudadano a decidir si quiere consumir alimentos de los cuales se desconocen, a ciencia cierta, los efectos que provocan en la salud humana. En septiembre de 2012, la Universidad de Caen, Francia, evidenció tumores cancerígenos desarrollados por ratas alimentadas con una dieta del maíz transgénico de la empresa Monsanto. Por esta razón, nueve países de la Unión Europea ya han prohibido este maíz, que además actúa como insecticida, y estaría causando muerte masiva de abejas.

Ante las ambigüedades del programa de Bachelet en la materia, el cual en vez de proponer claramente una ley de etiquetado de transgénicos, llama a “mejorar la calidad y lograr diferenciar nuestros productos apoyando a productores o redes de productores, en sus proyectos de mejoramiento de la calidad y diferenciación, poniendo énfasis en el acceso a certificaciones especializadas.” Todo parece indicar que será, una vez más, deber de la ciudadanía y los movimientos sociales exigir nuestros derechos como consumidores y enfrentar el lobby, aun no regulado en nuestro país, de los gigantes agroquímicos.