Golpes, ataques de perro y otros sofisticados métodos de tortura forman parte de un historial oculto de violencia ejercida por las autoridades al interior de los penales chilenos. Una realidad visibilizada al país sólo a causa de las grandes tragedias que han capturado la atención de los medios, pero que no ha logrado ser expuesta a la sociedad sin los filtros del espectáculo televisivo.

La última vez que los abusos hacia los internos fueron tema de discusión generalizada en Chile, fue a causa de la muerte de 81 presos al interior de la Cárcel San Miguel. El incendio, calificado como la peor tragedia carcelaria en la historia del país, convocó por un tiempo la atención y las declaraciones de las autoridades, pero éstas se fueron diluyendo al calor del agotamiento mediático de las escalofriantes imágenes.

Sin embargo, el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 también ocasionó la creación de la agrupación de familiares de los reos fallecidos, llamada “81 razones por luchar”. La organización, dirigida por César Pizarro, hermano de un joven de 18 años fallecido en el lugar, se ha dedicado a seguir de cerca los casos de tortura y violaciones a los derechos humanos en los penales.

 

Ataques de perros y lumazos en Valdivia

César Pizarro difundió a los medios su última denuncia, realizada por el interno Jorge Chacana Carabante, agredido gravemente en la Cárcel de Valdivia. Según Pizarro, el recinto penitenciario ubicado al sur del país ha sido indicado como uno de los más cruentos en los testimonios.

El pasado 20 de diciembre, al mediodía, el interno Chacana fue agredido por segunda vez en menos de un año. Anteriormente, el reo denunció a Gendarmería por haberlo golpeado hasta dejarle un severo trauma en el riñón. En aquella oportunidad, según contó a la agrupación, los uniformados soltaron a unos perros para que lo atacaran.

“Jorge Chacana ya había realizado una denuncia hace casi un año atrás. Él fue agredido con golpes, puños, palos y les soltaron los perros. Los perros lo mordieron, le rompieron un riñón y las costillas”, detalló el dirigente de 81 razones por luchar.

El hecho se encuentra en plena investigación, liderada por la fiscal Tatiana Esquivel López. Sin embargo, hasta la fecha, no ha  habido ninguna resolución al respecto y Chacana tuvo que pagar caro el costo de haber contado lo ocurrido. Tras su denuncia, recibió una nueva golpiza que lo motivó a solicitar el traslado a otro recinto penal y hoy se encuentra en Colina 1.

Jorge Navarro, ex interno del penal de Valdivia que hoy se encuentra en Santiago Sur, también denunció haber sufrido los ataques de un perro de raza rottweiler y haber recibido golpes de lumas en las manos por parte de los gendarmes.

Al respecto, Pizarro reconoció que la mayor parte de las demandas se dan desde la Cárcel de Valdivia, pero que “hay denuncias de todas las cárceles del país por tortura”.

 

El botecito y otras técnicas

Manuel Henríquez, vocero de la Confraternidad de Familiares y Presos Comunes (Confapreco) confirmó los datos entregados por Pizarro y señaló que la tortura ha comenzado a sofisticarse en las cárceles, especialmente en aquellas concesionadas, donde se han registrado las peores denuncias.

“Ni el Estado ni Gendarmería se preocupan de estos temas con la responsabilidad que requiere, hace algún tiempo formaron una unidad de derechos humanos que simplemente es un objeto decorativo dentro de la institución, en lo efectivo no hay nada. Siguen los apaleos todos los días, tenemos casos en tribunales respecto a eso”, detalló.

Según lo descrito por ambos, entre las técnicas de tortura abundan los golpes de todo tipo, el encierro de varios días en celdas de aislamiento y prácticas tan insólitas como tapar con una bolsa la cabeza del interno o el viejo ‘botecito’.

“Consiste en tirar a una persona boca abajo, tomarle las muñecas y los tobillos y amarrárselos y dejarlos pasar horas en esa posición. Es muy usada sobre todo en las celdas de aislamiento o de castigo”, señaló Henríquez.

Según el vocero de 81 razones por luchar, las prácticas recuerdan los viejos métodos de tortura utilizados en la dictadura, “cosas terribles que no pensábamos que ocurrían”. Su opinión, sin embargo, cambió radicalmente durante la estadía de su hermano en la cárcel.

 

INDH confirmó torturas en recintos carcelarios

El Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos en Chile 2013, publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, reconoce las prácticas degradantes que viven miles de reos en el país e incluso evidencia denuncias similares a las realizadas por los reos desde un recinto penitenciario de Valdivia.

“Un caso ocurrido en enero de 2013 se refiere a un allanamiento practicado en el módulo 31 del recinto penitenciario Llancahue de Valdivia, como consecuencia de cual resultaron lesionados 21 internos. Los denunciantes refieren haber sido objetos de golpiza por parte de funcionarios de Gendarmería, incluida la utilización y mordedura de perros”, constata el informe.

En el documento, se apela directamente a la responsabilidad de las autoridades chilenas de cara a una realidad que no puede seguir siendo invisibilizada: “Si ante la evidencia de haberse cometido actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos predomina en los órganos del Estado una cultura de defensa corporativa, de secretismo o de impunidad, las investigaciones o medidas que se impulsen desde cualquier otro sector del Estado o desde la ciudadanía para combatir las prácticas reprochables, tenderán a ser ineficaces”.

En este sentido, una de las principales críticas apunta a la formación de los miembros de Gendamería, quienes, en opinión de Pizarro, deben ser rehabilitados para que puedan continuar con su labor ante los internos.

“Tenemos que ayudar a rehabilitar a Gendarmería para que ellos puedan rehabilitar a nuestros jóvenes, quizás a nuestros hijos o a nuestros vecinos que se pueden ir presos. Cualquiera está expuesto a caer en un recinto penal”, argumentó.

 

“Saqué a mi hijo casi en un cajón”

Para quienes trabajan por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, uno de los problemas a enfrentar es la indiferencia de la sociedad ante estas problemáticas. En palabras del representante de Confapreco, esto sucede “porque para ellos son personas que han cometido algún daño y se lo merecen”.

Sin embargo, pocos podrían ser indiferentes ante el testimonio de Mónica Pinto, quien solicitó recientemente ayuda a Confapreco para trasladar a su hijo de 25 años desde la Cárcel de Valdivia. El joven, que ya completó 6 años de una condena de 10, fue desplazado sin previo aviso desde Santiago, donde reside su familia.

Según lo explicado por Pinto, su hijo fue apuñalado a dos centímetros del pulmón. “Gendarmería nunca me avisó lo que pasaba con mi hijo, yo supe por los mismos internos y cuando llamé al penal un funcionario me contestó de esta forma: ‘quédese tranquila, su hijo no iba tan grave en la ambulancia porque iba con los ojos abiertos’.

“Cuando fue dado de alta pude visitarlo y ver sus lesiones y esto fue muy triste para mí. Al mes siguiente le quemaron su cara con agua hirviendo”, continuó. Meses después, el joven fue amenazado de muerte.

Al ser contactada por ElDesconcierto.cl, Mónica Pinto señaló que pudo conseguir el traslado de su hijo a Santiago, “después de que hablé hasta con el Papa prácticamente. Estaba desesperada por traer a mi hijo, la tortura en la cárcel para los chiquillos es terrible. Aparte de que ellos no tienen su libertad, los tratan peor que a un animal. Mi hijo cometió un error, lo está pagando, pero no significa que tenga que vivir de esa forma: Casi lo tuve que sacar en un  cajón y así y todo no me lo querían traer a Santiago”.