Una intensa jornada se vivió en Valparaíso este martes, ya que en el Congreso varias discusiones concentraban la atención mediática, entre ellas, el Acuerdo de Vida en Pareja. Pero una de esas discusiones pasó completamente inadvertida. Se trata de la comisión mixta que revisó el proyecto de ley que regula el lobby.

El polémico proyecto ha enfrentado una larga tramitación que incluyó el veto de la entonces presidenta Bachelet en mayo de 2008. En la jornada de este martes, tampoco hubo definiciones ya que la sesión se suspendió antes de someter a votación la indicación presentada por el Ejecutivo, la que recoge las peticiones realizadas por organizaciones como Ciudadano Inteligente, específicamente que sea el Consejo para la Transparencia el que administre el registro de lobbystas que se crearía a partir de la aprobación de la ley.

Sin embargo, uno de los aspectos que ya parece haber quedado en el olvido tiene que ver con la discusión que subyace a un tema de tanta relevancia. El conflicto que surge a partir de los intereses de privados, representados por los grupos económicos, y el interés superior del Estado, no es algo que pueda quedar zanjado en una legislación. E incluso, este tema podría darle institucionalidad a un fenómeno de captura del sistema político.

No obstante, el foco hoy está centrado en aspectos técnicos que buscan definir la fórmula con la que se conformará la lista de las personas que trabajan en las empresas dedicadas el tema del lobby. Esteban Valenzuela, académico de la Universidad Alberto Hurtado y ex diputado, minimizó bastante el proyecto cómo está planteado hoy. “Sin gran relevancia, se han demorado una barbaridad para una ley que ontológicamente es bastante 'pichiruchi'. Chile optó por una lógica más liberal, mientras en algunos países hay otra lógica que prohibió el financiamiento de las campañas políticas”, dijo Valenzuela.

El político planteó su molestia ante la normalidad con la que hoy se observa el fenómeno de las empresas de influencia. “Esto es una mala práctica y se han generado cuestiones simplemente groseras, en cuestiones delicadas, como por ejemplo cuando René Cortázar, cuando era ministro de Transportes y Telecomunicaciones, tramitaba la ley de televisión digital, pero luego estaba trabajando en un canal de televisión. Son cosas que no son buenas y que son estructuralmente dañinas para la autonomía que debe tener la política”, señaló.

“Es cierto que es necesario escuchar sobre todo a los sindicatos o a empresas que adviertan sobre decisiones que puedan afectar determinado ámbito, eso es legítimo. Pero eso no significa que se permita todo. Y además con prohibición total de cualquier tipo de financiamiento, no solamente para las campañas de los parlamentarios de una comisión, sino eliminar el financiamiento de las grandes empresas a los partidos políticos”, finalizó Valenzuela.

Por su parte, Felipe Heusser, presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, analizó también las fortalezas y delicadezas de este importante proceso. “Muchas veces tratamos de tener proyectos de ley que sean perfectos. Éste es un proyecto que es perfectible, sin duda, y particularmente respecto al lobby activo. Pero no nos parece que nos podemos dar el lujo de no avanzar al menos en aquello respecto a lo que existe hoy día un acuerdo y que de alguna manera puede poner alguna cortapisa y ciertos frenos al lobby, que es un tema muy difícil de regular”, analizó Heusser.

Para el abogado de la UC, la creación de una regulación en la materia es preferible a que no exista una. “El proyecto es sin duda perfectible en lo que se refiere al lobby activo, pero que al menos garantiza unos pisos básicos. Lo importante es que los plazos se mejoren, que la administración de los registros no quede en manos de la Segpres, sino que en manos del Consejo para la Transparencia, y por cierto, que haya una fecha cierta respecto de la entrada en vigencia del proyecto, que es algo que tampoco está claro”, planteo Heusser.

Consultado sobre la discusión de fondo, en la que la legislación de esta práctica pretende hacer más trasparente las decisiones políticas, Heusser aclaró su visión al respecto. “Nunca va a ser una sola ley, hay varios cuerpos normativos que nos ayudan a poner más transparencia y a que se complementen una ley del lobby con una ley de financiamiento de la actividad política, con una ley de acceso a la información pública, etc. No es que cifremos toda la trasparencia en una gran ley que venga  a solucionar todo. Lo que sí podemos hacer es tratar de regularlo lo mejor posible, dentro del pragmatismo político de lo que se puede aprobar”, señaló.

Para el senador José Antonio Gómez, la discusión de este dilatado proyecto también debe ir acompañado de otros aspectos que están quedando afuera por el momento, como un mayor control sobre los dineros de campaña que reciben de manera anónima los candidatos.

El senador del PRSD defendió el avance que podría producir la legislación y, aclaró, que el lobby no sólo lo hacen las empresas dedicadas al rubro hace más de 20 años. “El lobby, en su concepto normal, no debiéramos por qué  demonizarlo  porque no solo lo hacen las empresas, ligadas a quién sea. Hay por ejemplo lobby que hacen los sindicatos, que hacen los trabajadores públicos, o el que hacen los propios parlamentarios para el desarrollo de proyectos que le importan a sus propias regiones. Hay diversas fórmulas, el tema es si ese lobby va vinculado o no a alguna prebenda posterior, eso es lo que hay que ver y regular”, analizó Gómez.