Los indicadores que hoy le otorgan a Chile un puesto en el grupo de países más desarrollados (OCED), desestiman la creciente disparidad socioeconómica -particularmente en los sectores más vulnerables/vulnerados-. Amartya Sen, economista laureado de los premios Nobel, señala que los derechos humanos abarcan el acceso y la protección a ciertas libertades que expanden el potencial de los individuos.[2] Tomando esta acepción de la importancia de los derechos humanos, la desigualdad es un obstáculo al potencial de desarrollo humano, y por lo tanto, una falta a la dignidad del individuo. Como fenómeno endémico de la región latinoamericana, la desigualdad económica ha generado una marginalización sistematizada en donde las políticas gubernamentales son elaboradas desde una mirada discriminatoria basada en estigmas sociales. Aún con los altos indicadores de desarrollo económico, Chile no se encuentra exento de los malestares que afligen a la región. Frente a la agobiante desigualdad, el gobierno chileno ha continuado ignorando la oportunidad de contribuir y respaldar el empoderamiento social, político y económico de los residentes de comunidades marginadas como por ejemplo, la población La Legua. 

Debido a la presencia de redes de narcotráfico, la administración gubernamental califica a La Legua como “comunidad en crisis”; por consiguiente, los operativos de intervención han sido -en su gran parte- destinados a la seguridad desde el punto de vista más tradicional. La actual estrategia de seguridad ciudadana viene acentuando la fuerza policial por encima de alternativas de desarrollo socioeconómico. Las libertades de esos sectores de la población se encuentran mermadas no sólo por la falta de oportunidades de desarrollo y voz política, sino también por una estigmatización social que alimenta episodios de abuso de autoridad. En aras de proteger y promover los derechos humanos, el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua fue formado por pobladoras y pobladores con el fin de hacer frente al patrón de violencia policial que se habría ido desarrollando en la población desde el comienzo del plan de intervención (2001) a la fecha.

Un reporte de Naciones Unidas identifica la existencia de cuatro brechas en la implementación apropiada de los derechos humanos en sectores intervenidos: información, capacidad, compromiso, y finalmente, una de seguridad.[3]

La brecha de información supone el adecuado entendimiento de los problemas del sector afectado y que se lleve a cabo la investigación necesaria para ponderar las distintas opciones disponibles, así como para realizar un análisis informado sobre cuál es la mejor combinación de ley, regulación y política pública para abordar el problema.[4] De acuerdo a la brecha de capacidad, el reporte de Naciones Unidas señala que aun teniendo claros los pasos a seguir para abordar un problema de derechos humanos, este no podrá ser resuelto si no se cuentan con los recursos suficientes, sean estos económicos, humanos o de otra naturaleza. El reporte indica que la implementación de buenas políticas de seguridad se ven afectadas por la escasez de estos recursos, o instituciones incompetentes. La brecha de compromiso, por su parte, implica que si bien puede existir tanto un adecuado análisis de la política a seguir como los recursos necesarios, estos no serán suficientes en la medida que no exista un compromiso gubernamental para revertir un patrón de abuso o patrón de vulneración de derechos humanos. En otras palabras, ninguna política que busque solucionar un problema de derechos humanos puede llevarse a cabo sin una conducta gubernamental que entienda a los derechos humanos como una obligación del pacto social. A estas brechas se suma la brecha de seguridad, típicamente causada por la implementación de políticas que ponen en riesgo la seguridad individual de los ciudadanos como la represión y la intimidación. Una mayoría de problemas de implementación son afectados por tres o más de las brechas debido a que estas están vinculadas la una a la otra.

[caption id="attachment_9111" align="alignleft" width="259"] Población Legua Emergencia, septiembre de 2013. (Archivo Comité DD.HH Legua)[/caption]

Como en otros países de América Latina, el estado de la seguridad ciudadana en Chile exhibe una combinación de estas brechas. En particular, la situación de La Legua esclarece como estas brechas vienen impidiendo la implementación de estrategias más conscientes de la calidad de vida de sus ciudadanos. En primera instancia, la brecha de información es una de las más hondas en las estrategias de seguridad chilenas.[5] La continua falta de transparencia e información señala la presencia de la brecha de compromiso. Dada esta situación, queda claro que la implementación de las estrategias de seguridad no cuentan con un adecuado nivel de compromiso institucional. Si el gobierno está enterado de las violaciones de derechos humanos, debería esmerarse en romper el patrón de abuso policial esbozando planes cimentados en una cultura de respeto y defensa a los derechos humanos.

Ensanchando aún más la brecha de compromiso, se suma la débil voluntad y liderazgo político detrás del plan de intervención. Hasta el momento, no hay una imagen clara de los ideólogos detrás de la intervención, ni tampoco de aquellos que respalden bajo su autoridad política la ejecución de esta misión de seguridad. Éstas son brechas palpables en la escasa coordinación entre actores e instituciones tanto a nivel nacional como al local. Dados los recursos económicos del gobierno y la competencia institucional, no debería existir una brecha en la capacidad para proveer políticas de seguridad aptas al debido respeto de los derechos humanos. Las instituciones gubernamentales involucradas en la intervención no operan bajo un plan que haya sido minuciosamente evaluado o cotejado con otras experiencias dentro o fuera del país.  Si bien se han instalado organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, éstas no juegan un papel decisivo en la creación y ejecución de las políticas públicas del gobierno.

Por último, cabe mencionar que las brechas de información, capacidad y compromiso son exacerbadas por la brecha de seguridad presente en la interpretación tradicionalista de seguridad ciudadana por parte de las fuerzas policiales. La implementación de las políticas que aleatoriamente componen el “Plan de Intervención” no ha resultado en la eliminación del tráfico ilícito de estupefacientes, ni la del crimen organizado; por el contrario, la intervención ha producido un malestar en el tejido social de la comunidad. Los maltratos hacia ciudadanos inocentes continúan agrandando las brechas entre la implementación de políticas públicas y el empoderamiento de sectores vulnerados. Sin el empoderamiento político adecuado, no sólo disminuyen las oportunidades para alcanzar un desarrollo económico sostenible, sino también se obstruyen los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que en el núcleo de la brecha de seguridad en Chile y el resto de la región se encuentra la estigmatización social. Tomando en cuenta la pronunciada desigualdad en la región, la constante marginalización socioeconómica debilita los mecanismos de defensa en las comunidades intervenidas.

Al no entender la seguridad ciudadana como un concepto holístico, las intervenciones estatales han dejado de lado otros componentes necesarios para reducir el crimen y la violencia. Dentro del campo del desarrollo social y humano, se debe tomar como objetivo primordial la capacidad de garantizar la protección de los derechos humanos de los sectores más vulnerables/vulnerados de la sociedad. La evolución de la arquitectura internacional de los derechos humanos indica que la aceptación y difusión del  discurso de derechos humanos es mejor implementado en sectores empoderados para reclamar y ejercer sus derechos. Mientras que las intervenciones del estado apuntan a disminuir la violencia física, pocas de estas cuentan con componentes destinados a eliminar la violencia estructural. Consecuentemente, el gobierno y sus instituciones siguen proyectando una mirada exterior, distanciada y limitada por categorías que no permiten a los actores políticos ahondar más en el tejido social que compone la identidad histórica de poblaciones como La Legua.

Las políticas de seguridad ciudadana en América Latina todavía no incorporan el bienestar ciudadano como base de una seguridad integral. Sólo generando políticas multidimensionales que incorporen la participación, liderazgo, instituciones y saberes locales, se podrán generar instrumentos orientados a reemplazar los círculos viciosos de pobreza por círculos virtuosos de desarrollo sostenible para disminuir la desigualdad, transformar los estigmas sociales, y promulgar una cultura de respeto a la dignidad y la vida humana.

Tomado de http://ddhhlalegua.wordpress.com