A sólo un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Chile por el conocido caso de la jueza Karen Atala, el Estado es llevado otra vez al paredón de la justicia internacional por una mujer lesbiana.

Alejandra Gallo y Alexandra Benado son madres de dos niños gracias a un proceso de fertilización asistida y decidieron acudir al Registro Civil para regularizar la maternidad de Benado, quien no dio a luz. En dicha instancia, sin embargo, se les negó la posibilidad por poseer ambas sexo femenino.

Para empeorar la situación, cuando las mujeres decidieron acudir a la justicia para denunciar la vulneración de sus derechos, la Corte de Apelaciones y la Corte suprema rechazaron los recursos de protección y se negaron a revisar sus demandas.

“Hemos acudido hasta la CIDH porque en Chile hubo una denegación de justicia para resolver este caso. Ellas constituyen una familia, una familia que se sustenta en el amor, en el respeto mutuo, en la protección y en el cuidado de sus hijos. Pero el Estado de Chile no los reconoce como tal ni protege jurídicamente los derechos de sus miembros”, detalló Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

Maturana agregó que: “Ningún tribunal acudió siquiera a conocer la vulneración de derechos que nosotros estábamos alegando”.

La situación evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres en Chile al reconocerse como lesbianas y exigir su derecho a formar una familia. En este sentido, y luego del vergonzoso fallo de la CIDH que obligó al Estado a realizar un acto de reparación a la jueza Karen Atala, quien perdió la tuición de sus hijos por su condición sexual, las lecciones no parecen haber sido aprendidas.

 

Un largo historial de incumplimientos

Tal como argumentan las demandantes, Chile ha suscrito a una serie de tratados y convenios internacionales respectivos a derechos humanos de amplia índole. Entre ellos, los artículos 3, 5, 8, 11, 17, 19, 24 y 25 del Pacto San José, que se refiere a la igualdad de derechos, las garantías de intimidad y vida familiar, acceso a la justicia, prohibición de discriminación y derechos de los niños.

Sin embargo, al mismo tiempo, diversos organismos y poderes del Estado han sido acusados de faltar a los acuerdos y a las normas establecidas por la propia carta constitucional chilena.

“Existe una situación de incumplimiento de los tratados internacionales en materia de respeto a los derechos de las personas, desde distintos órganos del Estado de Chile. Lamentablemente éste ha sido puesto en cuestión de forma permanente por las dificultades que ha tenido en garantizar la vigencia plena de las derechos humanos para todas las personas sin discriminación: a los indígenas, a las mujeres, a las personas migrantes, como a lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Esa es una realidad de incumplimiento”, detalló Maturana.

En tanto, a mediados de este año, finalizó el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciado por comuneros mapuche en contra del Estado chileno. En dicha instancia, se le acusó de haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos por no respetar el principio de igualdad y no discriminación, legalidad y garantía del debido proceso.

Por su parte, el Estado negó una política de discriminación deliberada contra el pueblo mapuche. La resolución del caso podría ser conocida en los próximos meses y marcar un nuevo antecedente en el oscuro historial chileno ante la justicia internacional.

Además, en enero del próximo año, Chile será examinado nuevamente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

Distintas formas de hacer familia

Hoy, muchos coinciden en que, pese a los avances registrados tras la promulgación de la Ley Antidiscriminación, Chile no da cuenta del respeto a la diversidad sexual en sus marcos normativos.

“El Estado castiga por no vivir en esta pseudo normalidad que es la heterosexualidad”, opinó Francia Jammet, historiadora feminista y educadora popular. En tanto, respecto a la validez de los tratados internacionales a los que ha adherido, aseguró que su atropello es predecible: “es como si firmar un tratado tuviera un efecto inmediato sobre los cambios culturales que necesita tener Chile”.

Según Jamett, son las bases culturales del país las que generan una sociedad excluyente y violenta, especialmente, con las mujeres: “si no hay un trabajo constante de poder generar cambios a niveles educativos respecto a las mentalidades que tienen, por ejemplo, los operadores de justicia o la policía, no sirve”, comentó.

En tanto, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, destacó el coraje de las demandantes y aseguró que Chile debe avanzar de manera decisiva hacia el reconocimiento de las diversas expresiones de familia.

“Esto da cuenta de que la legislación chilena respecto de las distintas formas de hacer familia y construir pareja no da el ancho. Es urgente el concepto del matrimonio igualitario, es urgente que el acuerdo de vida en pareja que estamos tramitando incorpore el reconocimiento de los hijos de las parejas, porque hoy tal como está el proyecto, si yo soy el padre biológico, mi compañero no tiene ningún derecho sobre mis hijos”, señaló.

Las demandantes han señalado que la estructura familiar está dada por los vínculos entre sus miembros y no por su opción sexual, lección que Chile debió haber aprendido tras el fallo a favor de la jueza Karen Atala. Además, sobre estos temas, es necesario que las normas sobre fertilización asistida sean reformadas.

“Esta es una forma legal de conformar familia. Existe en Chile una protección legal a la reproducción y a las parejas que se sometan a estas técnicas. Acá, por el solo hecho de que esta pareja está conformada por dos mujeres, se ha perdido el reconocimiento de su vínculo con los hijos”, señaló Maturana.

 

Discriminación estructural

Actualmente en Chile, la realidad de miles de familias homosexuales se encuentra en estado de desamparo ante la ley, lo que también implica un agravio directo a los niños que no son reconocidos como hijos de parejas homosexuales.

“Por una discriminación estructural en contra de la población LGTB -Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales- en Chile, están en una realidad bastante invisibilizada. Ahora, lo cierto es que hay miles de familias que se conforman con parejas del mismo sexo y con hijos, que se encuentran en una situación de completo desamparo jurídico respecto de los derechos y obligaciones”, observó la abogada de Corporación Humanas.

En el país se observa, además, una especial discriminación hacia las mujeres lesbianas, cuya realidad es poco discutida en los medios de comunicación y se vincula directamente con las expresiones vigentes de machismo.

Así lo observa Jamett: “La discriminación y maltrato hacia las mujeres lesbianas es mucho mayor, aunque también las chicas jóvenes están visibilizando mucho más esta opción lésbica, en los colegios son más osadas, pese a que son más susceptibles de ser violentadas”.

En este sentido, recuerda la historiadora, un caso importante es el de Eloísa González, ex vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien admitió públicamente ser lesbiana. “Son rescatables casos de dirigentas como la Eloísa, que valientemente declaró su opción”, señaló.

Sin embargo, al mismo tiempo, los hombres homosexuales también viven en sus relaciones familiares las expresiones de discriminación del Estado, especialmente cuando la tuición sobre los hijos es otorgada sin más trámite a las mujeres.

“El tema de la paternidad y el reconocimiento legal de una pareja de un hombre homosexual sobre su hijo biológico está en tierra de nadie. En Chile hay prioridad respecto de que la tuición la tiene la madre en el 99% de los casos, muchas veces ese trato es usado caprichosamente por las ex parejas e impide que los padres biológicos puedan participar en la crianza de ese hijo. La resolución de estos problemas pasa porque parejas del mismo sexo puedan acceder a la inscripción del matrimonio”, opinó el presidente del Movilh.

En tanto, Alexandra Benado y Alejandra Gallo ya están preparadas para enfrentar un nuevo round contra el Estado chileno, esperando avanzar no sólo en la resolución de su caso, sino en la búsqueda de reformas legales para la protección de todas las familias homosexuales.